El gobierno nacional ha oficializado la estatización del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una medida que ha generado gran inquietud y rechazo en las instituciones y asociaciones agropecuarias del país. La decisión, que modifica radicalmente la gobernanza del organismo se concretó a través de un decreto ley publicado ayer, el último día en que el Ejecutivo contaba con poderes delegados.
En diálogo con Amanecer Exclusivo, Juan Pablo Karnatz afirmó que esto es una estatización del INTA y se lamentó haber tenido razón en su momento sobre el tema .
Nueva Gobernanza:
Con la nueva normativa, el INTA pasa a ser una dependencia directa de la Secretaría de Agricultura, bajo la órbita del Ministerio de Economía. Esto implica que el secretario de Agricultura de turno será el «verdadero jefe» del organismo, y los productores, si bien formarán parte de un consejo técnico, verán su participación reducida a la mera proposición de proyectos y líneas de trabajo, sin «ningún tipo de lapicera».
«La gobernanza pasa a ser 100% del Estado», enfatizó Karnatz, quien expresó su preocupación por el futuro del INTA, un organismo que, a su juicio, siempre funcionó bajo un modelo público-privado. «Están mirando para ellos nada más y que creen que van a ser eternos. Y vos sabés que todo lo que sube baja», sentenció.
La Mesa de Enlace en alerta y posibles acciones judiciales
La Mesa de Enlace emitió un comunicado expresando su preocupación, y se supo que anoche hubo una reunión de la mesa ejecutiva de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), donde la estatización del INTA fue el tema central.
Ante la pregunta sobre posibles acciones judiciales, Karnatz informó que los gremios del INTA ya han anunciado que recurrirán a la justicia. En cuanto a las entidades agropecuarias, se realizará una reunión del consejo directivo de CRA este viernes, donde se definirá la postura final y las acciones a seguir. «Nosotros lo que tenemos una reunión el viernes y después ahí se decide», explicó.
El referente del sector lamentó profundamente la decisión del gobierno, calificándola como «lo peor que podían hacer», especialmente al tratarse de un organismo que, pese a sus desafíos, siempre fue reconocido por su trabajo y aporte al desarrollo agropecuario. «Yo creo que cuando se legisla, hay que pensar en el futuro y en las buenas gobernanzas, sobre todo en algo que era público privado, algo que funciona», concluyó.
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