El Gobierno Nacional en “desobediencia” por la restitución de pensiones por discapacidad en Santiago del Estero

La inacción del Gobierno Nacional frente a un fallo de la Justicia Federal de Santiago del Estero que ordena la restitución inmediata de las pensiones por discapacidad suspendidas ha generado una fuerte reacción legal. El Defensor del Pueblo de la Provincia, Daniel Escobar Correa, reveló a Radio Exclusiva que, a pesar de la firmeza de la resolución, «hasta el día de hoy Santiago del Estero no ha cumplido, no ha emitido el acto administrativo que ordena la manda judicial, por lo tanto está en desobediencia judicial«.

​Según detalló el Defensor, se ha solicitado formalmente que se intime el cumplimiento de la sentencia y se fijen las astreintes (multas conminatorias) por la falta de respuesta. Además, se está evaluando la posibilidad de iniciar acciones en el fuero penal por la «omisión de los deberes funcionales públicos», una figura que se encuadra perfectamente ante el incumplimiento de una orden judicial.

​Escobar Correa aclaró que la responsabilidad del incumplimiento no recae sobre el titular de la ANSES local, sino directamente sobre el Gobierno Nacional, específicamente el ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) y el Poder Ejecutivo Nacional a través del ministerio correspondiente. «El ministerio que debe dictar el acto y el instrumento nacional que debe hacerse es un decreto que retrotrae todo lo que significa la orden que se ha dado en cuanto a las auditorías», explicó.

​El Defensor expuso una situación de «contrasentido» por parte de la Nación, citando el caso de Formosa, donde, si bien también apelaron la medida, ya se emitió el acto administrativo que restituye las pensiones.

​La Justicia de Formosa confirmó la sentencia de Cámara que ratificó la medida cautelar, una situación similar a la de Santiago del Estero. El funcionario local lamentó que el Gobierno Nacional siga teniendo «actos administrativos en contra de los sectores más vulnerables» y que se genere una «incertidumbre judicial» al litigar en un lado y cumplir en otro.

​La acción legal actual busca forzar el cumplimiento del fallo, ya que, en palabras del Defensor, se está intimando al Gobierno bajo el apercibimiento de la comisión de delito por parte del funcionario público que ha omitido el cumplimiento de la manda judicial.