Investigan presunta defraudación a la D.G.R

La investigación esta centrada en la emisión de certificados de libre deuda del Impuesto Inmobilario que habrían sido confeccionados sin que la deuda que registraban los inmuebles en cuestión, hubieren estado pagadas.

La presunta maniobra fue puesta a la luz cuando el propietario de un campo adquirido hace aproximadamente una año se apersonó a solicitar le emitan una boleta de deuda para abonar el canon que le correspondía abonar ya en su carácter de propietario y fue allí cuando se encontró con la desagradable sorpresa que las autoridades le informaron que la deuda de ese campo era de mas de 5 años cuando en realidad al momento de adquirir la propiedad, la misma debía haberse encontrado con todos períodos cancelados para poder obtener el certificado catastral y la posterior escrituración del inmueble con su inscripción el Registro de la Propiedad Inmueble.

Ante las sorpresas de las autoridades del organismo recaudador, su responsable informó dicha situación a la Justicia quien se encontraría efectuando algunas diligencias preliminares por parte del fiscal de turno.

Según pudo saber exclusiva.com.ar algunos empleados de la sección informática habrían sido suspendidos en sus tareas mientras se realizan las tareas de auditoria tanto en la propia Dirección de Rentas como en la Dirección General de Catastro hacía donde también podría ampliarse la investigación.

Si bien a esta altura de la actuaciones es prematuro hablar de cual sería el perjuicio perpetrado contra las arcas del estado provincial, una primera evaluación haría suponer que los montos dejados de percibir por concepto de éste impuesto serían varias veces ,millonarios.

En la maniobra estarían involucrados algunos empleados de la sección informática así como de mesa de entradas del organismo y varios gestores, empleados de estudios jurídicos y notariales, importantes empresarios y contribuyentes particulares.

Algunos asesores de la repartición concluyen que en realidad ahora que fue detectada la maniobra, la D.G.R. no sería severamente dañada dado que obviamente esos certificados liberatorios serían anulados y cada contribuyente deberá abonar los importes que no hubiera abonado mas allá de la estafa que hubieren sufrido o de la asociación ilícita de la hubieron participado.