El Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero oficializó este martes, mediante el Decreto 2025-3295-E, un programa de medidas de control y racionalización del gasto público que impactará en toda la administración centralizada y descentralizada. La norma, firmada por el Gobernador y su gabinete, responde a una «caída significativa y persistente» de los ingresos por coparticipación federal durante el año 2025.
Restricciones estrictas en Recursos Humanos
Uno de los puntos más destacados del decreto es la prohibición total de celebrar nuevos contratos de recursos humanos, sin importar la modalidad o el origen de los fondos (ya sean provinciales, nacionales o internacionales). Esta restricción incluye:
- La cobertura de cargos vacantes o autoridades superiores.
- La prohibición de contratar a personas que ya gocen de beneficios jubilatorios.
- El congelamiento de nuevas horas extras, bonificaciones e incentivos.
Recortes operativos y ahorro tecnológico
El plan busca reducir al mínimo los gastos de funcionamiento. Se ha prohibido el alquiler de vehículos y maquinaria, y se han impuesto controles estrictos sobre el uso de combustible y mantenimiento de la flota oficial. Además, el Gobierno priorizará la tecnología para ahorrar en insumos y fomentar las reuniones virtuales sobre los viajes que impliquen el pago de viáticos.
Otras medidas operativas incluyen:
- Renovación de Fondos Permanentes: Solo se autorizará una vez al mes.
- Publicidad Oficial: Se establecen fuertes restricciones en el uso de partidas para promoción y difusión.
- Eventos: Se unificarán y centralizarán los gastos protocolares, exigiendo una justificación rigurosa para cualquier tipo de agasajo o recepción.
Obra Pública y Municipios
Respecto a la infraestructura, el Poder Ejecutivo evaluará caso por caso la contratación de nueva obra pública y la continuidad de aquellas que aún no han sido adjudicadas. No obstante, se garantizan las obras y el personal necesario para servicios esenciales como salud, educación, agua y seguridad.
Asimismo, el decreto establece que las transferencias discrecionales hacia municipalidades y comisiones municipales también estarán sujetas a nuevas restricciones.
Responsabilidades y vigencia
El decreto entró en vigencia con retroactividad al 10 de diciembre de 2025 y tendrá una duración inicial de 12 meses, con posibilidad de prórroga.
La normativa advierte que los funcionarios que no cumplan con estas pautas de austeridad podrán ser sancionados por falta grave, lo que incluye la instrucción de sumarios administrativos y la suspensión automática del cargo.
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