Contra Mitre

Por Luis Hipólito Alen

ACORDAR es una de esas palabras que tienen múltiples significados. Según el Diccionario de la Real Academia Española, si es con relación a un conjunto de personas, significa “Determinar o resolver algo de común acuerdo, o por mayoría de votos”.  Si se refiere a una sola persona, se trata de “Determinar o resolver algo deliberadamente”, “Determinar o resolver algo antes de mandarlo” o “Conciliar, componer”. También quiere decir “Traer algo a la memoria de otra persona”. En cuestiones musicales, es “Disponer o templar un instrumento musical o armonizar varias voces para que no disuenen entre sí. En pintura se refiere a “Disponer armónicamente los tonos de un dibujo o de una pintura”.

Antes se usaba la palabra como sinónimo de “Hacer a alguien volver a su juicio”. En algunos países de América, acordar es “caer en la cuenta”, y aunque cayó en el desuso, la expresión, referida a una cosa, se tomaba como “Concordar, conformar, convenir con otra”, y si era referida a una persona, como “Volver en su acuerdo o juicio” o “despertar, dejar de dormir”. Finalmente, acordar es asimismo “Recordar o tener en la memoria algo o a alguien”.

Con tantos significados dando vuelta, se me ocurre que es difícil acordarnos de qué se trataba lo del acuerdo, y no estamos seguros de que todos vayamos a acordar lo que se acordó, sobre todo porque a veces nos parece que no son cosas (nuestros intereses y los de otros) sobre las que vayamos a concordar, y que este acuerdo no nos despierta sino más bien todo lo contrario. Parece que no vamos a armonizar todas las voces, y que los tonos con que se dibuja este presunto acuerdo no acuerdan demasiado entre sí. Más cerca estoy de creer que es algo determinado deliberadamente y sin que haya un común acuerdo.

Esto viene a cuenta porque en su informe del año 2019 -ayer nomás, todavía me acuerdo-, el Experto Independiente convocado por las Naciones Unidas para estas cuestiones decía que “Con arreglo a las normas de derecho internacional, puede considerarse a las instituciones financieras internacionales cómplices en la imposición de reformas económicas que violan los derechos humanos. El vínculo causal entre la asistencia prestada (en forma de préstamos, vigilancia y asistencia técnica, y sus condicionalidades asociadas) en la comisión de un hecho internacionalmente ilícito (complicidad) y el daño causado (violaciones de los derechos humanos) es evidente y está bien documentado. Se podría presuponer el conocimiento del carácter ilícito del acto si, incluso al impulsar la aplicación de reformas económicas que normalmente dan lugar a violaciones de los derechos humanos, no se lleva a cabo una evaluación ex ante del impacto. La responsabilidad jurídica por complicidad acarrea obligaciones en términos de cese, no repetición y reparación”.

A su vez, el propio Fondo Monetario Internacional dijo que el préstamo acordado al gobierno del dormilón fana de Netflix en 2018 se había acordado por sobre los límites normales de endeudamiento y no había cumplido sus objetivos. Y a través del Decreto 239/2021 publicado en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández instruyó al Procurador del Tesoro para que se constituyera en parte querellante, en representación del Estado, en la causa N° 3561/2019, “Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal. Con esos antecedentes, y dado que la Constitución Nacional en el inciso 4 del artículo 75 dispone que corresponde al Congreso Nacional “Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación”, y el inciso 7 del mismo artículo dice que es también facultad del Congreso “Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”, cosas de las que el gobierno amarillo se olvidó, caigo en la cuenta  de que no entiendo qué se acordó. Porque además me acuerdo que otro gobierno -el de Néstor Kirchner- se había despegado de la tutela del FMI que ahora parece que nos va a vigilar al menos cada tres meses. El Poder Judicial, que tiene a su cargo la investigación de la causa iniciada por el gobierno, no tiene nada que decir? Porque supongamos que los jueces deciden cumplir con su tarea, investigan a fondo y concluyen en que el domador de reposeras y su banda de secuaces son responsables de haber cometido una serie de delitos en la toma del crédito del 2018 y la posterior fuga de esos dinerillos. ¿Entonces el gobierno acordó cumplir con algo que es un delito? ¿Cuál sería la calificación que cabría a la conducta de Alberto Fernández? Pero claro, seguro que hay muchos que no acuerdan conmigo. Y que si se acuerdan de Néstor es para insultarlo. Entre ellos, los columnistas de la Tribuna de Doctrina, ocupados como siempre en propalar falsas informaciones y en mentir descaradamente cuando las conveniencias políticas así se los indican. Repasemos simplemente los títulos de sus principales opinólogos: Joaquín Morales Solá, el 30/01/2022, contaba que “Hubo acuerdo, a pesar de Cristina”, y el 01/02/2022 hablaba de “Dos actos golpistas en 24 horas”, refiriéndose primero a la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos y luego al masivo acto que pidió la renuncia de los cuatro cortesanos supremos. Por carriles parecidos transitó Martín Rodríguez Yebra, que el 30/01/2022 y con la figura tan poco simpática de “La soga al cuello”, hablaba de “Un gobierno tironeado entre Cristina Kirchner y el FMI”, para luego, el 01/02/2022, definir al acto contra los cortesanos como “Un apriete en medio de la tormenta interna del oficialismo”. Claudio Jacquelin el 31/01/2022 descubría que “A Fernández le llegó la hora de hacer”, y el 01/02/2022 casi que se regocijaba por “Una ruptura que pone al oficialismo en terapia intensiva”. Luciana Vázquez, por su parte, se preguntaba el 01/01/2022 “¿Quién le teme a Cristina Kirchner?”. El 03/02/2022 varios abrieron sus plumas para decir lo mismo de siempre pero con notas de actualidad. Francisco Olivera tituló “La Argentina, frente a una pared invisible”, mientras que Daniel Santa Cruz veía a “Un Presidente aturdido y debilitado por el silencio de Cristina”, y el servicial Carlos Pagni informaba, con su habitual tono apocalíptico, que el gobierno era “víctima de una estrategia suicida”. De la marcha contra los cortesanos se ocuparon, el 01/02/2022, Pablo Giordano, al que en su artículo titulado “1F: una marcha que mancha” se le acabó el texto constitucional en el artículo 1, que entre paréntesis nada dice que prohíba pedir la renuncia de miembros del algún poder el estado, y nunca llegó al artículo 14 que nos faculta a peticionar a las autoridades, y de Alejandro Fargosi, para el que fue “el gobierno de Cristina Fernández” el que convocó a la marcha, lo que le hace preguntarse si estamos frente a un “¿Golpismo siglo XXI?”, pregunta que por cierto no se hizo cuando opositores de todo tipo y pelaje reclamaban a los gritos que se echara a la misma Cristina de la presidencia que ejerció entre 2007 y 2015, por mandato popular, ni tampoco cuando los antivacunas querían desplazar a Alberto Fernández.

A fines del 2021, decidí que estas columnas iban a volver ahora, en febrero. Con la esperanza de que algunas cosas hubieran cambiado. Pero si hubo cambios, parece que fue para peor. El gobierno acordó algo sin acordarse de que había denunciado como delito aquello por lo que acordaba. La oposición, culpable del descalabro económico que padece el país, se permite erigirse en fiscal de ese acuerdo. El alcalde porteño cree que la renuncia de Máximo “genera incertidumbre en un momento tan crítico para la Argentina”, como si existiera alguna cláusula secreta que obligue al dirigente de la detestada Cámpora a seguir en un cargo cuando siente que no debe hacerlo. Y para mayor disparate, la presidenta del Pro, conocida por sus habilidades como saltimbanqui de la política y promotora de la violencia institucional y el gatillo fácil, intimó al oficialismo: “O ellos votan todos juntos, o hay que derogar la ley que ellos armaron para que el acuerdo que firmen pase por el Congreso”. ¿Quién diablos es la sujeta en cuestión para intimar a nadie? ¿Y qué grado inusual de dureza tiene su cara para reclamar que no se cumpla con una ley que lo único que hace es reclamar que se cumpla con la Constitución?

LA NACIÓN sigue proclamando el fin del kirchnerismo, culpando de todo a la maléfica Cristina y a su hijo, golpeando a Kiciloff porque su enviada, Elisabetta Piqué, lo ve entusiasmado en Moscú “al descubrir los cuadros de Lenin, Stalin y Cristina” -evidente prueba de que son todos bolcheviques-, y reivindicando a su fundador, como lo hace Miguel Ángel de Marco el 01/02/2022 cuando se emociona ante “Mitre y una obra ferroportuaria que transformó al país”, sin acordarse de que el trazado de los ferrocarriles, diseñado por las compañías británicas que los instalaron, hacía confluir en los puertos toda la producción del interior, para que fuera más fácil su traslado hacia la potencia que ensayaba su vocación imperialista. No es que no haya pasado nada, pero todo parece igual o peor. Suerte que me acuerdo de otros tiempos más felices, cuando no acordábamos.