Cuarenta y siete

Son, en efecto, cuarenta y siete los años que pasaron desde aquel funesto 24 de marzo de
1976 cuando un grupo de asesinos se apoderaba del gobierno y transformaba al Estado todo en terrorista. Era un final largamente anunciado, el del gobierno de María Estela Martínez de Perón. Ya desde comienzos de 1975, el gobierno mostraba su debilidad y cedía a las presiones del poder fáctico. Celestino Rodrigo, apoyado por José López Rega, asumió el Ministerio de Economía el 2 de junio de 1975 e implementó un plan de ajuste con devaluación y alza brutal de los precios.

La respuesta popular no se hizo esperar: la CGT y las 62 Organizaciones declararon la huelga y las movilizaciones exigieron la salida del gobierno de Rodrigo y López Rega, que se produjo el 15 de julio, cuando el Brujo se fue a España y Rodrigo renunció. Quienes habían aplaudido la política de shock del Rodrigazo, como el Consejo Empresario Argentino que presidía José Alfredo Martínez de Hoz, entendieron que para lograr sus fines necesitarían disciplinar a la sociedad mediante el terror.

Con el gobierno como un barco sin timón, falto de respuestas ante la violencia desatada
contra las disidencias que había cobrado cerca de mil quinientas víctimas, entregado el
manejo de la lucha contra las organizaciones guerrilleras a las Fuerzas Armadas -que ya
habían instalado centros clandestinos de detención y exterminio y producidas innumerables muertes y desapariciones-, fracasado en su política económica, el paro decretado por las organizaciones del sector agrario y la prédica destituyente de los grandes medios crearon el marco para el derrocamiento de la viuda de Perón.
La convicción de que para llevar adelante el desmantelamiento del Estado, la reducción
feroz de los salarios, el endeudamiento externo del país, la reducción de los sectores de la industria nacional y el complejo de medidas proyectadas para reorganizar el país se necesitaba un modelo represivo que lo hiciera viable, hizo que las Fuerzas Armadas
establecieran una directiva ultrasecreta -N° 404/75- que fue distribuida el 17 de octubre de 1975 y que diagramaba el futuro accionar genocida.

El 24 de marzo de 1976 esa política se ponía en práctica con el golpe de Estado y ese mismo
día la ferocidad represiva comenzó a cobrarse víctimas, como el Teniente Coronel®
Bernardo Alberte, ex edecán y ex delegado político de Perón, arrojado desde la ventana del sexto piso del edificio en donde vivía.
Una serie de bandos militares, reproducidos por las radios y las emisoras de televisión,
anunciaban la modificación de la legislación penal, que incluía la pena de muerte como
sanción, y la censura explícita a la que los medios debían someterse. El enunciado de los Objetivos Básicos del Proceso de Reorganización Nacional, a los cuales se subordinaba la propia Constitución, daba cuenta de la finalidad de la toma del poder: regresar a la Argentina a la situación previa al peronismo, para lo cual era preciso configurar el Estado Terrorista, institucionalizando las formas más aberrantes de las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, instrumentadas a través de un plan sistemático de represión ilegal que dejó como consecuencia una secuela inconmensurable de homicidios, detenciones-desapariciones, crueles torturas, brutales vejámenes a la integridad psíquica y física, que afectaron a todos los estamentos de nuestra sociedad.
No se trató, por cierto, de que algunos cometieran excesos en el fragor de la lucha contra quienes denominaban subversivos. El poder dictatorial generó el terror y su transmisión con el claro objetivo de someter a la sociedad y paralizar cualquier conato de resistencia, a través de un Estado clandestino que operaba paralelamente a la legalidad construida por la dictadura cívico-militar, con sus más de seiscientos centros clandestinos de detención y exterminio. Como lo definiera magistralmente Eduardo Luis Duhalde, “una acción llevada adelante, por el sistema de ‘ocultar-mostrando’ para hacer efectiva la implementación del miedo y el terror”.

Se construyó así un nuevo modelo de dominación, que implicó no solamente la supresión de los mecanismos de representación y expresión de la sociedad civil, sino también la imposición de comportamientos sociales para que la población se comprometiera con la
política de reconversión del modelo económico de la Nación, que en la práctica era contraria a sus intereses y necesidades más elementales.

El disciplinamiento de la sociedad mediante el terror era necesario para llevar adelante los
intereses del bloque civil de la dictadura, que a la salvaje instrumentación del proyecto
neoliberal le sumó el despojo y la apropiación de bienes de las víctimas, en el marco de un
verdadero genocidio que se implementó a través de la comisión de crímenes de lesa
humanidad, cuyos autores fueron tanto militares como civiles que representaban a los sectores económicos dominantes y monopólicos.

El ya citado Eduardo Luis Duhalde precisaba las características del Estado terrorista:
• “la abrogación de todos los derechos constitucionales: la libertad de expresión, de
reunión, de asociarse con fines útiles, la de prensa, el derecho al debido proceso”,
entre otros atropellos;
• “La disolución y suspensión de los partidos, instituciones y organizaciones políticas;
• La supresión de la Confederación General del Trabajo, intervención de los sindicatos
y el control absoluto de las Universidades”.
• “El control y manipulación de los medios de comunicación, orales, visuales y escritos”. Para esto, señala Duhalde, “no fue menos importante la manipulación de la opinión pública desde la ‘gran prensa’ comprendiendo a los diarios, revistas de mayor circulación y a las radios y canales de TV de mayor audiencia- tendientes a lograr la intoxicación colectiva y determinados niveles de consenso. Las campañas psicológicas contra la ‘subversión’ inculpándola de todos los males de la República, fueron el primer objetivo. El segundo, ampliar el concepto de ‘subversivo’ a todo pensamiento crítico, a todo disenso, o a toda práctica social solidaria”.
• “El ataque a estamentos profesionales de relevancia social: abogados, periodistas,
psicólogos, la iglesia popular, educadores, escritores, actores, etc., mediante una
constante política de secuestros convertidos “en detenciones-desapariciones” y de
supuestos “enfrentamientos” para justificar los asesinatos de prisioneros acribillados
a balazos. El plano de la normatividad no alcanzaba para desarticular el rol social de

estos estamentos -cuyos elementos más activos tenían posiciones democráticas,
liberales o progresistas- mediante el simple dictado de normas represivas. La muerte
se enseñoreó del país: 30.000 muertos y desaparecidos fueron su resultado directo”.
¿Qué decía la Tribuna de Doctrina frente a todo esto? Su tapa del 24/03/1976 informaba:
“Las Fuerzas Armadas asumen el poder; detúvose a la Presidente» y agregaba que «En La Plata la acción terrorista fue dominada». Al día siguiente contaba que “Asumieron el
gobierno los tres comandantes generales” y que “Disolvióse el Parlamento; remoción de la
Corte Suprema; prohíbese la acción política y gremial; oportunamente se nombrará
Presidente”; detallaba los “Objetivos básicos para la reorganización nacional” y avisaba que habría “pena de muerte por delitos de orden público”.

El mismo 25/03/1976, una editorial del diario de los Mitre decía: “Ni hay sorpresa en la
Nación por la caída de un gobierno que estaba muerto mucho antes de su eliminación por vía de un cambio como el que se ha operado. En lugar de aquella sorpresa hay una enorme expectación. Todos sabemos que se necesitan planes sólidos para facilitar la rehabilitación material y moral de una comunidad herida por demasiados fracasos y dominada por un escepticismo contaminante. Precisamente por la magnitud de la tarea a emprender, la primera condición es que se afiance en las Fuerzas Armadas la cohesión con la cual ha actuado hasta aquí. Hay un país que tiene valiosas reservas de confianza, pero también hay un terrorismo en acecho“.
El clarinete mentiroso titulaba “Nuevo gobierno” y daba cuenta de los “Comunicados de la Junta Militar”. La Razón, por ese entonces el diario de los Peralta Ramos, decía que «Las Fuerzas Armadas han asumido hoy el ejercicio del Poder» y que «Caducaron los mandatos políticos, se disuelve el Congreso y se remueve a los miembros de la Corte Suprema». El editorial de La Prensa del 27/03/1976, firmado por Alberto Gainza Paz, se alegraba porque “En 2 horas, sin el asomo de una sola falla, al cabo de una operación impecable, precisa, sin estridencias vanas y sin disparar un solo tiro, las Fuerzas Armadas de la Constitución pusieron término al desempeño ilegítimo del gobierno instaurado el 25 de Mayo de 1973”.

Durante la dictadura, los medios sirvieron a los propósitos de los golpistas. Una editorial de LA NACIÓN del 11/02/1977 titulada “Los derechos humanos en el mundo de hoy” justificaba el accionar de las Fuerzas Armadas como “un deber no deseado pero asumido en defensa de la soberanía y del modo de vida tradicional”. Por su parte, el 24/04/1978 Clarín daba cuenta de ese servicio: “Los órganos periodísticos se manejan con prudencia, El gobierno no
ejerce presión indebida (…) La prensa se alinea sin dificultades en el rumbo del proceso y si tropieza, lo hace en temas que, o bien son de interpretación dificultosa o bien carecen de un completo esclarecimiento por parte de los poderes públicos”.

Volvamos a Eduardo Luis Duhalde: “Ninguna información sobre las denuncias de asesinatos, torturas, desapariciones, centros clandestinos de detención, alcanzaba las tapas de ‘Clarín’, ‘La Nación’ y ‘La Razón’. Ninguna queja de los empresarios que eran despojados de sus industrias para favorecer la concentración monopólica impulsada por Martínez de Hoz, ni de los miles de argentinos obligados a marchar al exilio, ni de ninguna forma de oposición. A lo sumo, si se hablaba de críticas a la dictadura se las enmarcaba en supuestas campañas antiargentinas atribuidas a la subversión”.

Mientras tanto, la represión se cebaba también en los periodistas, trabajadores de prensa y obreros gráficos, alcanzando una cifra de cerca de doscientos treinta víctimas. Alguna, ampliamente conocidas en el mundo de la prensa y de la cultura, como Haroldo Conti, Francisco Urondo, Rodolfo Walsh, Alicia Eguren, Mario Hernández, Raymundo Gleyzer,
Diana Guerrero, Roberto Carri, Miguel Ángel Bustos, Dardo Cabo y Héctor Germán
Oesterheld. Nada dirían de ellos los medios hegemónicos. La adhesión de Clarín, La Nación y La Razón al régimen dictatorial tendría su premio: la entrega a los tres diarios de Papel Prensa, la empresa monopólica en la fabricación de papel para periódicos.
En 2010, y cumpliendo las instrucciones dadas por la Presidenta Cristina Fernández de
Kirchner a través del Decreto 1210 del 30/08/2010, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó una querella criminal, por la apropiación ilícita de la empresa Papel Prensa S.A., llevada adelante mediante la comisión de los delitos de extorsión, privación ilegitima de la libertad, tortura, vejaciones y asociación ilícita, de los que resultaron víctimas Juan Graiver, Eva Gitnacht de Graiver, Enrique Brodsky, Isidoro Miguel Graiver, Lidia Haydeé Brodsky de Graiver, Lidia Elba Papaleo de Graiver, Rafael Ianover, Lidia C. Gesualdi y Silvia
Fanjul, y de las torturas seguidas de muerte de Jorge Rubinstein; hechos que a la vez
constituyen crímenes de lesa humanidad y por ello son imprescriptibles.

El escrito solicitaba el llamado a indagatoria y el oportuno procesamiento de Videla,
Massera, Martínez de Hoz, Ernestina Herrera de Noble, Magnetto, Bartolomé Mitre, los
hermanos Peralta Ramos y de toda otra persona cuya participación surgiera de la
investigación. Los fiscales federales de La Plata y el Juez Federal Daniel Rafecas, que
tuvieron parte en distintas etapas del proceso, ratificaron la calificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad. La causa quedó finalmente radicada en el juzgado a cargo de Julián Ercolini.
Seis años después, el 16/12/2016, sin haber convocado a declarar a ninguno de los
imputados, sin tomar en cuenta las múltiples pruebas aportadas no solo por la Secretaría
de Derechos Humanos sino también por las querellas particulares de Rafael Ianover y Lidia Papaleo, y con argumentos que no coincidían con los elementos existentes en el
expediente, sobreseyó a los involucrados que todavía vivían (muchos habían fallecido sin
declarar). Ercolini es el mismo juez que instruyó varias causas contra Cristina Fernández de Kirchner, entre ellas la conocida como Vialidad.

LA NACIÓN celebró el fallo que favorecía a su entonces director, en una editorial del 27 de
diciembre de 2016, calificando a la causa como una “maniobra extorsiva” y como “uno de los más perversos operativos montados por el kirchnerismo”. Como suele ocurrir, la
editorial estaba plagada de falsedades. Solo mencionaba como víctimas a Lidia Papaleo y a los herederos de David Graiver, obviando la existencia de Rafael Ianover y de otras
personas, vinculadas al grupo Graiver, que fueron secuestradas, torturadas, e incluso
asesinadas como fue el caso de Jorge Rubinstein. Al igual que Ercolini, atribuyó las amenazas y coacciones sufridas por los Graiver a Montoneros, y dijo que la operación de compra de Papel Prensa fue celebrada antes de la violenta represión desatada contra el grupo. Pero para ese entonces esa operación no estaba terminada ni mucho menos, y las amenazas y coacciones denunciadas por Lidia Papaleo y Rafael Ianover se produjeron antes de la
supuesta venta.

¿Por qué recordar todos estos sucesos hoy? Porque cuarenta y siete años después, LA
NACIÓN y sus socios de Clarín en Papel Prensa siguen con la misma tónica: manipulando a la opinión pública, buscando lograr la intoxicación colectiva y determinados niveles de consenso a favor de las políticas de la derecha, llevando adelante campañas psicológicas hoy contra el ‘populismo’ al que culpan de todos los males de la República, y usando el concepto de ‘corrupto’ para denigrar a todo pensamiento crítico, a todo disenso, o a toda práctica social solidaria. Cultores de un discurso de odio contra todo lo que signifique una
política favorable a los intereses de las grandes mayorías, defensores de los genocidas para los que reiteran, cada tanto, el pedido de liberación y la finalización de los juicios en los que son investigados, recurren a la desinformación y a las noticias falsas como mecanismos usuales.
Cuarenta y siete años. Entonces, el terror como forma de disciplinamiento social,
desplegado desde todas las estructuras del Estado ocupadas por la dictadura. Las Fuerzas Armadas y de seguridad utilizando la tortura, el secuestro, la muerte, la desaparición, para que sus mandantes -representantes de los grupos económicos concentrados- “reorganizaran” la Nación. Hoy se busca disciplinar a los líderes políticos y sociales usando al Poder Judicial. Que nadie se atreva a impulsar políticas de inclusión, a defender la salud y la educación públicas, a tratar de lograr la distribución equitativa de las riquezas, a empoderar a los sectores marginados, a soñar con una patria justa, libre y soberana.

Este 24 de marzo, cuarenta y siete años después, nos encuentra en la misma lucha. No estará, al menos físicamente, Hebe de Bonafini con su claridad conceptual, su ética
insobornable, su ejemplo imbatible. Tampoco quien supo construir, entre 2003 y 2012, las
políticas públicas en derechos humanos que buscaron el fin de la impunidad: Eduardo Luis
Duhalde. Pero habrá miles y miles dispuestos a seguir sus ejemplos. A seguir creyendo que
las utopías son posibles. A comprometerse en la militancia cotidiana con alegría y empeño. A seguir peleando contra Mitre y lo que este nombre -y los de sus sucesores- significan para los males del país. En eso estamos.