Daniel Ortega, el deterioro de los presos políticos y un diálogo bajo chantaje

Por Fabián Medina Sánchez – Infobae

La posibilidad de un diálogo político con el régimen de Daniel Ortega vuelve a remover las aguas en Nicaragua, después que familiares de 27 de presos políticos el 25 de enero pasado pidieran al gobierno, opositores e iglesia católica “que encabecen y apoyen un proceso de unificación ciudadana, dispuestos a construir puentes; dispuestos a escucharnos los unos a los otros para así comenzar a desarmar la desconfianza mutua que por siglos nos ha dividido”.

La iniciativa ya ha sido firmada por familiares de cien de los 170 presos políticos que el régimen de Daniel Ortega mantiene en sus cárceles.

Dos días después del pronunciamiento de estas familias, la cámara empresarial de Nicaragua (COSEP) también planteó la necesidad de iniciar un diálogo con el gobierno “para que los nicaragüenses encontremos el camino hacia la reunificación de la familia”.

La demanda de diálogo se produce en momentos en que familiares de presos políticos y organismos de derechos humanos han denunciado las graves condiciones en que se encuentran los opositores detenidos, principalmente en la cárcel conocida como “El Nuevo Chipote”, donde buena parte de los reos son personas de la tercera edad, permanecen aislados y evidencian un pronunciado deterioro de su salud.

A partir del 28 de mayo del año pasado, el régimen de Daniel Ortega emprendió una ofensiva contra la oposición que llevó a la cárcel a más de 40 de sus líderes, entre ellos siete personas que manifestaron su intención de competir como candidatos presidenciales en las elecciones generales que se celebrarían en noviembre pasado.

La intención de Ortega, además de descabezar a la oposición, era, según expresaron diversos analistas, reservarse un bolsón de presos políticos de “gran proyección mediática” para utilizarlos como “monedas de cambio” en una negociación para conseguir algo de legitimidad en su reelección después de unos comicios considerados “una farsa” y que no fueron reconocidos dentro ni fuera de Nicaragua.

El siete de noviembre el 81.5 por ciento de los nicaragüenses, según el organismo independiente Urnas Abiertas, se abstuvo de participar en las votaciones en que Ortega “compitió” sin rivales después de encarcelar a los candidatos opositores y anular a los tres partidos de oposición que existían. Mas de 40 países desconocieron los resultados de esas elecciones donde Ortega se reeligió, oficialmente, con el 75 por ciento de los votos.

Desde enero de 2021, Ortega anunció un posible diálogo “para después de las elecciones” y varios de sus voceros han reiterado esa posibilidad. “Ya lo dijo el presidente Ortega también, después de que el pueblo reafirme este próximo siete de noviembre que va a continuar gobernando en este país, después de que nosotros como pueblo organizado ganemos las elecciones este siete de noviembre, se abre un gran diálogo nacional donde van a caber todos”, expresó en octubre pasado el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez.

El régimen de Ortega ha evitado pronunciarse oficialmente a la demanda de los familiares de presos políticos que solicitan, además, la nulidad de los procesos judiciales contra ellos. Por el contrario, esta semana inició los juicios y condenas de los reos de conciencia que mantiene en sus cárceles.

La estrategia de Ortega es llevar a los presos políticos “hasta el punto de quiebre” para que sean sus propios familiares quienes pidan dialogar.

“El régimen trata de mantener a los presos políticos en su máxima vulnerabilidad para dar lo menos posible en caso de un diálogo y que su liberación tenga un alto costo para quienes participen”, asegura Luciano García, presidente del organismo no gubernamental Hagamos Democracia. “Es una manera de chantajear también. Indudablemente los presos son monedas de cambio. En el momento en que los necesite los va a usar. Puede ser que haya presos que sean liberados y otros condenados con el objetivo de seguir dividiendo y de decirle a la gente ´doy al que me da´”.

Dice que el único beneficiado con un diálogo en estos momentos sería el régimen. “Tiene fichas a su favor y le puede decir a los poderes fácticos (empresarios) que, por la parte económica, intercedan ante la comunidad internacional para que no existan mayores castigos y así alivianar la carga de ilegitimidad en la que se encuentra el régimen hoy”.

Sin embargo, reconoce, que lo que salga en un diálogo así “no va a tener mucha durabilidad en el tiempo”. Para García, sería “un diálogo con una pistola en la cabeza” y cree que la comunidad internacional lo desconocería igual que ocurrió con las elecciones de noviembre.

Haydée Castillo, defensora de derechos humanos: «Un diálogo en estos momentos sería como confites en el infierno».

Haydée Castillo, activista de la organización en el exilio Nicaragüenses en el Mundo, dice que el más urgido de un diálogo es el régimen de Ortega pero aparenta desinterés para llevar la negociación al borde del abismo. Daniel Ortega necesita que se reconozca como legítima la reelección que lo mantiene en el poder y que le quiten las sanciones a su familia, allegados y funcionarios que les han impuesto varios países del mundo por la violación a los derechos humanos y alteración al orden democrático, entre otras razones.

“La demanda de los familiares de los presos políticos es legítima. No hay voz más autorizada que la de sus familiares porque estamos ante un riesgo evidente de daños irreparables en algunos de los presos y las presas políticas”, expresa Castillo.

Pero no cree que haya posibilidad de un diálogo genuino en estos momentos. “Un diálogo depende de fuerzas colaboracionistas que encuentren en ese diálogo una posibilidad de volver a posicionar sus intereses, fundamentalmente políticos y económicos, y no la búsqueda de una salida realmente sostenible a la crisis que tenemos en la actualidad”, dice.

“Para que un dialogo sea fructífero, primero debería haber voluntad de ambas partes, y segundo estar en igualdad de condiciones. ¿Cómo podemos hablar de que ese diálogo puede llevar a una reunificación de la familia si lo que tenemos son dos fuerzas totalmente asimétricas? Tenés a alguien sentado, con la fuerza de las armas, del poderío militar y del terrorismo del Estado. Es como sentarse con alguien que te está apuntando a la cabeza con una pistola”, añade.

Igual que García, Castillo cree que Ortega “aun con todo se estará guardando cartas de negociación, monedas de cambio, para seguir chantajeando constantemente a la nación, a las fuerzas que propugnan por un cambio y también para la comunidad internacional. Ese diálogo, entre comillas, a como se está planteando es como pensar en confites en el infierno”.

Alguien que no cree que se dé un diálogo en estos momentos es el analista político Eliseo Núñez. “La estrategia del régimen es hacer creer que todo está normal y un diálogo solo se da cuando hay crisis y Ortega asume que no hay tal crisis. Lo que él está ofreciendo es un diálogo económico en cada ministerio correspondiente. Es como decir, aquí no ha pasado nada”, afirma.

Aunque considera que la demanda de los familiares de presos políticos es legítima, dice que los opositores apresados por el régimen “se han devaluado como monedas de cambios porque Ortega no tiene al frente a alguien que pueda darle lo que él quiera a cambio de sacar los presos políticos”.

“Los presos políticos pueden llegar a ser monedas de cambio, pero lo primero que quiere hacer Ortega es causar terror en la ciudadanía y es una cosa que está logrando. Lo segundo que quiere es moralizar a su tropa, enseñarle que él tiene el control, que no hay manera de que no pague quien le hace algo, y lo tercero es que en algún momento va a usar los presos como moneda de cambio. En el orden de prioridades las dos primeras están antes para él”, agrega.

Sobre la propuesta de los empresarios, dice Núñez que “el Cosep, en manos de quienes está, va a ser sospechosos siempre”. Durante diez años los empresarios mantuvieron una alianza con el régimen de Daniel Ortega. Esa alianza denominada oficialmente “Diálogo y consenso” estalló en abril de 2018 cuando el gobierno emprendió por su cuenta unas reformas a la seguridad social que detonaron una masiva rebelión ciudadana. Los empresarios se desmarcaron del régimen e hicieron filas con la oposición.

En la ofensiva represiva del año pasado, Ortega apresó al expresidente del Cosep José Adán Aguerri, y a los entonces presidente y vicepresidente, Michael Healy y Álvaro Vargas. Al quedar descabezada la cámara empresarial, asumió la presidencia el empresario de la energía eléctrica César Zamora, uno de los más fervientes defensores de la alianza con Ortega. “El sector de energía depende demasiado del Estado y César (Zamora) es una persona que alabó durante demasiado tiempo al régimen”, afirma Núñez.

Haydée Castillo dice que lo que se está planteando “no es un diálogo” sino de una mesa donde “se entregaría la dignidad y la libertad”.

“Al sentarse en un diálogo se estaría reconociendo que al régimen que el 7 de noviembre fue catalogado como ilegitimo por el pueblo de Nicaragua y por más de 50 países. Todo el camino andado del pueblo nicaragüense, de las víctimas, estaría negociándose en un espacio donde el único ganancioso va a ser el régimen que se quiere seguir imponiendo a sangre y fuego”, dice

“Ortega siempre quiere llevar la negociación al borde la abismo: o negocian conmigo y se sientan conmigo o la muerte”, añade Castillo. “Aun cuando se vaya a un diálogo, aun cuando libere a un grupo de presos políticos como lo hizo en el segundo diálogo, no hay garantía de que el régimen va a dejar de reprimir, de asesinar, de encarcelar. Él ya apostó a el poder o la muerte y dice: ´Yo no me voy de aquí bajo ninguna circunstancia. Nicaragua es mi feudo, yo soy su patrón´”.

La venganza más cruel de Daniel Ortega: expulsó de las universidades a los estudiantes que participaron de protestas y les borró sus notas

Hay 144 estudiantes expulsados oficialmente y cientos más a los que no se les permite el ingreso a los recintos sin mayores argumentos ni se le certifican sus estudios ya cursados quedando en un “limbo académico”

“No puedo ir al extranjero, llegar a una universidad y decir aquí vengo, el Estado violentó mis derechos y no tengo notas. Ninguna universidad acepta eso”, dice “María”, 20 años, una estudiante de Ciencias Políticas, expulsada de su universidad por su activismo en las protestas de 2018. Pide anonimato. “Por seguridad”, explica.

Las universidades públicas de Nicaragua expulsaron oficialmente a 144 estudiantes, como parte de la ola represiva que desató el régimen de Daniel Ortega contra quienes participaron en las protestas que pedían su renuncia a partir de abril de 2018. Todos ellos quedaron en un “limbo académico”. Después de más de tres años no pueden reingresar a sus universidades ni pueden aplicar a otras universidades de Nicaragua o el extranjero porque, junto con la expulsión, a la mayoría le borraron sus expedientes y se le niega el certificado de notas necesario para refundar sus carreras.

Las razones para sus expulsiones fueron diversas, pero una de las principales fue “terrorismo y destrucción de bienes públicos”.

“El plenario decidió expulsión de manera definitiva de la UNAN Managua a dichos bachilleres por haber sido participantes activos en tranques, uso de artefactos para la agresión física, permitir el ingreso a personas ajenas a la institución, comportamiento vandálico y destrucción de las diferentes facultades, laboratorio, quema del Centro de Desarrollo Infantil (CDI Arlen Siu), robo de equipos de oficina, destrucción y robo de vehículos de la UNAN Managua, así como el llamado a la desobediencia académica e incitar al odio y la violencia”, describió el secretario general de la UNAN Managua, Luis Alfredo Lobato, en una carta del 20 de agosto de 2018 en la cual confirma la expulsión de 82 estudiantes la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, sede Managua (UNAN Managua).

“Nunca pensé que interesarme en una manifestación me cambiaría la vida por completo; porque fue la inspiración de esas y esos estudiantes soñando un mundo mejor, lo que me llevó el 19 de abril a salir a protestar y arriesgar todo lo que tenía, incluso la vida, por la esperanza de construir un mejor futuro”, expone Yaritzha Juddyth Rostrán, estudiante del quinto año de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNAN Managua, apresada y expulsada de su carrera, en un testimonio recogido en el documento titulado “Banda contestaria”.

En la cárcel, donde fue torturada, es que se enteró de su expulsión. “Fue ahí donde recibí la noticia más dolorosa en toda esta lucha, me habían quitado toda posibilidad de recuperar mi vida, me expulsaron sin derecho a apelación ni manera de retirar mis calificaciones o trasladarme de universidad. El sueño que mantuve durante años de ser una profesional, ayudar a mi mamá y mis hermanas, me fue arrebatado en el momento más vulnerable de mi vida”.

Sin embargo, la cantidad de estudiantes universitarios en el limbo por razones políticas podría ser mucho mayor a los 144 expulsados oficialmente, que registra la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ). “Después de las expulsiones oficiales hubo bastante auge mediático sobre el tema porque violenta el derecho a la educación según el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales y representa no solo una violación a los derechos individuales sino también a los derechos colectivos. Las expulsiones oficiales no continuaron y se modificó la forma de operar”, explica “Rosario”, dirigente de CUDJ.

Las otras formas “de operar” fueron el acoso y amenaza de autoridades académicas, policías y paramilitares contra los estudiantes de la lista negra, e impedirles el ingreso a los recintos universitarios. Muchos abandonaron las universidades para protegerse y otros, aunque quisieron seguir en esas condiciones, se vieron imposibilitados. “Aunque a vos no te expulsan de manera oficial, ¿cómo le haces si no te dejan entrar a la universidad?”, se pregunta Rosario.

“En mi caso personal había asedio constante en el lugar, afuera de la universidad empezaron a haber policías y en algún momento hubo antimotines dentro de la universidad. Yo pude aguantar dos meses, porque se volvió insostenible. No era seguro. Había docentes que me hacían comentarios que podían ser amenazantes. Me asediaban en mi casa con los datos que yo había dado la universidad: números de teléfonos, familiares, dirección y fotos que solo tenía la universidad”, relata “María”.

No se sabe cuántos son los jóvenes a quienes “extraoficialmente” se les impide estudiar, pero se calcula que son varios centenares más. “No se puede cuantificar, pero tenemos muchos testimonios”, señala la dirigente estudiantil.

Sin embargo, oficialmente o extraoficialmente, todos los expulsados han quedado en el limbo académico.

“Para los estudiantes que están expulsados de facto todavía es más difícil porque no tienen una carta que demuestre que los expulsaron, ni tienen una resolución, pero tampoco te dejan estudiar. Es más difícil acceder a becas, a retomar estudios. Conozco el caso de un compañero estudiante de medicina que ni siquiera en las universidades privadas lo han querido admitir por ser un estudiante expulsado con un historial manchado, por así decirlo”, explica.

La expulsión masiva en Nicaragua de los universitarios se produjo después de la represión militar y paramilitar contra los estudiantes que se habían tomado algunas universidades en el contexto de las protestas de 2018.

“El caso más grave ocurrió en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), de donde el 13 de julio de 2018 los estudiantes fueron desalojados a punta de balas, tras varias horas consecutivas de ataque con armas de largo alcance, como parte de lo que se llamó ´Operación Limpieza´ emprendida por el régimen y que también la implementó en diferentes ciudades del país donde los protestantes autoconvocados levantaron tranques para defenderse de la represión policial y parapolicial. El ataque a los estudiantes de la UNAN-Managua continuó hasta el amanecer del 14 de julio de 2018 al ser atacado el templo que les había servido de refugio, Iglesia Jesús de la Divina Misericordia y cercano al sitio donde habían levantado una barricada para protegerse”, describe un libro blanco titulado “Las evidencias de un Estado totalitario: Violaciones de los derechos humanos en universidades públicas de Nicaragua”, que sobre el tema elaboraron organizaciones estudiantiles.

Luego, en una segunda etapa, dice el documento, “las autoridades universitarias ejecutaron de forma arbitraria expulsiones de estudiantes y despidos de personal docente y administrativo, quienes fueron criminalizados sin darles la oportunidad siquiera de defenderse, previo habían sido sometidos a investigaciones secretas e incluidos en ´listas negras´ mediante procedimientos irregulares que podría conllevar actos de persecución y de chantaje”.

Junto a la expulsión masiva de estudiantes, también fueron despedidos 108 maestros y trabajadores universitarios “por asistir a manifestaciones y brindar atención médica inmediata a los heridos”, añade el documento.

“María” relata que a los estudiantes expulsados además les borraron los registros o les alteraron sus calificaciones académicas y les prohibieron ingresar a los recintos. “A algunos, a pesar de expulsarlos, les restablecieron las notas en el sitio web pero no les entregan sus certificaciones académicas y ni siquiera les permiten acercarse a los recintos”.

“Estudiar fuera del país es casi imposible sin el certificado, porque cómo explicar lo que pasó, que pasó con las notas. Es algo que no se entiende en otras realidades. Te piden notas apostilladas cuando lo único que algunos lograron fue tomar una captura de pantalla a sus calificaciones en el sitio web de la UNAN antes que se las borraran”, añade.

Elthon Rivera, tenía 24 años y estudiaba quinto año de Medicina en la UNAN Managua cuando lo expulsaron en 2018. Desde entonces ha tratado infructuosamente de terminar su carrera. Terminó el quinto año en una universidad privada que luego le dijo que no tenía cupo, lo que, dice, le parece sospechoso. Otra universidad lo acepta, pero en el tercer año de la carrera. “Eso es muy duro porque son tres años para atrás, cuando lo que me falta es solo un año para terminar la carrera”, lamenta.

“Volver a las universidades de las cuales fuimos expulsados está solo en las manos del gobierno”, dice Rivera. “La comunidad internacional parece comprender lo que nos pasa con el tema de la educación, pero no propicia las oportunidades de continuidad de estudios. Sé que hay jóvenes que han conseguido entradas en universidades fuera del país, pero son la minoría”.

Después de más de tres años “en el aire”, dice “María”, muchos jóvenes han buscado empleos en oficios ajenos a sus carreras, se subemplean o trabajan en lo suyo por salarios más bajos porque no tienen certificaciones universitarias. Otros han decidido comenzar desde cero una nueva carrera.

“Es desgastante, no solo física y emocionalmente, sino también económicamente, porque implica volver a pagar estudios, dedicar tiempo para recuperar esos estudios, y todo eso implica gastos. Y de esto no se habla mucho”, se queja “María”.

Hasta ahora ninguno de los estudiantes expulsados ha sido reintegrado, a pesar de las gestiones y que en algunos casos se estableció que la sanción era por un año.

Gentileza de Other News