Desconocimiento de la ley

La candidata a vicepresidenta por LLA, Victoria Villarruel, desconoce cómo se aplica la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el país hace casi tres años, desde su sanción por parte del Congreso, como ignora que la Ex ESMA fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

La libertaria defensora de genocidas afirma que con la nueva ley las mujeres se realizan “abortos a término”. Es un disparate. En primer lugar no existe el concepto de “aborto a término”. Miente y pretende generar confusión a días de la elección más crucial de las últimas décadas. Pero es clara en su propuesta: quiere quitar el derecho a decidir de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar.

¿Qué dice la Ley 27.610?

Los abortos son legales dentro de las primeras 14 semanas de gestación y más allá de ese plazo –como ya estaba previsto en el Código Penal desde ¡1921!– cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en caso de que la gestación sea producto de un abuso sexual o una violación. 

¿Qué muestran las estadísticas oficiales?

Aproximadamente el 95% de los abortos voluntarios ocurren antes de la semana 12 de embarazo. Es decir, son abortos al inicio del embarazo. Los que se realizan a partir de la semana 15 son por las ILE –Interrupciones Legales de Embarazo– y las causales son riesgo de vida, de salud o porque se trata de embarazos producto de abuso sexual o violación, según datos del Ministerio de Salud de la Nación. 

En general, los embarazos avanzados corresponden a casos de niñas abusadas en entornos familiares, cuyas gestaciones se detectan tardíamente. Son casos aislados, los más trágicos y desventurados. Nunca se trata de embarazos a término. Un parto se considera a «término completo» entre las 37 y las 42 semanas.

La Ley de IVE se discutió largamente en el país: en 2018 se realizaron 15 audiencias en la Cámara de Diputados con 738 expositorxs invitadxs. Si bien la proporción de posturas fue pareja (53% a 47%), se marcó una leve mayoría de expositores en contra (392 a 346). En 2020 se llevaron adelante 3 audiencias con 60 expositorxs invitadxs. Se respetó una proporción igualitaria de posiciones a favor y en contra (30 y 30). En 2018, por 38 a 31, con dos abstenciones y una ausencia, el Senado rechazó el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que tenía media sanción de Diputados. 

Dos años más tarde, con un proyecto enviado directamente por el Poder Ejecutivo Nacional, al que se le introdujeron modificaciones, finalmente se consiguieron los votos necesarios para la sanción de la ley. Es seguramente, una de las leyes más discutidas y fundamentadas del país.