Por María Luisa Arredondo – The Independent en español
Joe Biden ha cumplido su primer año en la Casa Blanca con varias promesas incumplidas, entre ellas la aprobación de la reforma migratoria, que cada día se ve más lejana.
Cuando asumió la presidencia, Biden presentó la propuesta más ambiciosa de los últimos 20 años para sacar de las sombras a los 11 millones de indocumentados que se estima hay en el país con el ofrecimiento de un camino a la ciudadanía.
El mandatario incluyó su propuesta migratoria dentro de su plan de gasto social, conocido también como BBB (Build Back Better). Aunque el plan se aprobó en la Cámara de Representantes, en el Senado su suerte ha sido muy distinta. La parlamentaria de esta institución, Elizabeth MacDonough, ha rechazado las tres versiones que la administración Biden le ha presentado para incluir la reforma migratoria dentro de BBB, bajo el argumento de que no se trata de un tema presupuestario.
Cada versión, hay que anotar, ha sido menos ambiciosa que la primera. La tercera prácticamente lo único que busca es impedir la deportación de ciertos grupos de indocumentados, entre ellos los Dreamers, los trabajadores esenciales y los beneficiarios del programa TPS que protege a los migrantes provenientes de países que han sufrido calamidades por guerras o desastres naturales.
A este obstáculo, se agrega otro que parece infranqueable: el hecho de que no solo los republicanos se oponen al plan de gasto social de Biden sino incluso los demócratas. Hasta ahora, el presidente ha sido incapaz de convencer al senador Joe Manchin, de Virginia, de respaldar el plan. Y todo indica que no lo logrará.
Dicho esto, hay que señalar que, desde que Biden llegó a la Casa Blanca, en el país ha aminorado el clima de abierta persecución contra los indocumentados que imperó durante la presidencia de Donald Trump.
Desmantelamiento de acciones de Trump
Durante las primeras semanas de su presidencia, Biden desmanteló muchas de las acciones ejecutivas de Trump contra los migrantes, entre ellas, dejar de separar a los niños de sus padres cuando éstos solicitan asilo en la frontera; tratar de reunificar con sus familias a los menores detenidos por el gobierno anterior, suspender las redadas masivas de indocumentados en sitios de trabajo, proteger de deportación a los Dreamers, cancelar la construcción del muro fronterizo, revertir ciertas medidas para anular el derecho de asilo político y elevar a 125 mil el número de refugiados que el país puede aceptar.
En total, el MPI (Migration Policy Institute) reconoce que, hasta la fecha, Biden ha promovido 296 acciones ejecutivas sobre migración. De ellas, 89 han tenido el propósito de revertir las más perniciosas políticas de Trump.
Pero estas políticas que, en definitiva son más humanitarias, han resultado insuficientes para cambiar la percepción de que los migrantes están ahora en una mejor situación que durante los tiempos de Trump.
Caos en la frontera
Además de la fallida promesa de la reforma migratoria, las acciones de Biden en materia de migración han estado dominadas por el caos que impera en la frontera.
Las imágenes que muestran los medios de comunicación con miles de personas que llegan en caravanas, no sólo de México y Centroamérica, sino también del Caribe y muchas otras partes del mundo han abonado a favor de la retórica de los republicanos de que este gobierno ha perdido el control de las fronteras.
La administración Biden, en efecto, se ha visto rebasada para manejar con celeridad y eficacia los miles de casos con los que tienen que lidiar a diario las autoridades migratorias en la frontera porque carece de los recursos para ello.
Cada día que pasa el problema parece agravarse porque, por desgracia, ante la situación de miseria extrema y de violencia que sufren en sus países de origen, decenas de miles ven como única salvación huir al norte.
En el intento, muchos son secuestrados, extorsionados o incluso pierden la vida. Los casos de niños que se han ahogado al tratar de cruzar el Río Grande son especialmente desgarradores y contribuyen a aumentar la sensación de que existe una verdadera crisis humanitaria en la frontera.
Los activistas a favor de los inmigrantes también le echan en cara a este gobierno que mantenga en vigor políticas nefastas implementadas por Trump, aunque se haya visto obligado a hacerlo por orden de la Suprema Corte de Justicia o por recomendación de las autoridades sanitarias. Una de ellas es el Título 42 que permite expulsar de forma expedita a los migrantes que llegan a pedir asilo para contener la pandemia del covid. Otra es el programa Permanece en México, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar la resolución de su caso en el país vecino.
El problema es que México carece de los recursos necesarios para albergar a los migrantes. Miles de ellos permanecen en las ciudades fronterizas en condiciones deplorables en albergues improvisados o incluso en plena calle, donde quedan a merced del crimen organizado o de autoridades abusivas y corruptas.
En respuesta a este titánico desafío, Biden le ha encargado a la vicepresidenta Kamala Harris que trabaje con los gobiernos de México y Centroamérica para incentivar la inversión y la creación de empleos en la región. La iniciativa, sin embargo, tomará tiempo en rendir frutos.
Mientras tanto, el problema de la migración irregular se agudizará en la frontera, lo que complicará aún más la ya de por sí difícil tarea de lograr un consenso para que se apruebe una reforma migratoria.
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