“Dice el Presidente que paremos acá”. Durante unos segundos, la frase que acababa de salir de la boca del asesor premium Santiago Caputo descolocó a sus dos interlocutores. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; y Oscar Zago, jefe del bloque libertario, no entendían del todo el significado. “Imposible avanzar así, frenemos”, insistió el joven Caputo, que había recibido la orden de Javier Milei desde la medianoche israelí. A esa altura, una mayoría legislativa llevaba rechazado en ocho votaciones el texto del proyecto de ley ómnibus, cuando se terminaba recién de tratar el artículo 6 de más de 300 que quedaban por delante.
El intento de escape estuvo lejos de ser perfecto. A Zago y Menem se les ocurrió que lo mejor era plantear una moción de orden para que la iniciativa volviera al plenario de comisiones. Eligieron hacerlo sin consultar a nadie del cuerpo, que les hubiera advertido que eso volvía a foja cero todo, incluida la aprobación general que había costado sangre, sudor y lágrimas. De ese error hicieron partícipe necesario al ministro del Interior, Guillermo Francos, quien también expresó que la idea era volver a discutir en comisión cada artículo. Tuvieron que desasnarlos en público del error periodistas con piedad parcial.
Ante el terremoto político que significó la caída del proyecto de ley más ambicioso del oficialismo, que lleva apenas dos meses de mandato, sobrevino una hecatombe peor: la feroz ofensiva presidencial y de su equipo contra legisladores y gobernadores dialoguistas. Traidores, extorsionadores, rapiñas y delincuentes fueron de los calificativos más suaves que se dispararon.
Romper los puentes del consenso es una suerte de todo o nada. Va por todo, puede quedarse con nada
Resulta algo llamativo que la andanada estuviera dirigida hacia quienes han proclamado su deseo de ayudar al Gobierno, aunque no a cualquier precio. Acaso podrían haber apuntado al kirchnerismo, que blindó un bloque que como primera minoría en la Cámara construyó los pilotes del rechazo a la iniciativa oficial. Y festejó. Tanto, que luego se corrió la versión de que Máximo Kirchner había acordado con un enviado del gobernador cordobés, Martín Llaryora, el apoyo a coparticipar el impuesto PAIS, uno de los puntos de discordia con el Gobierno. En Córdoba lo niegan.
A las torpezas mayúsculas del oficialismo durante todo el tratamiento de la ley Bases, el fracaso de la sesión expuso la endeblez de ciertos entendimientos con el sector dialoguista. Milei puso al frente de Anses, Transportes y el Banco Nación a tres hombres del peronismo cordobesista. Llaryora evitó hacerse cargo de ello y le endilgó el fardo a su antecesor y excandidato presidencial, Juan Schiaretti. La indignación libertaria se exacerbó con Osvaldo Giordano, de Anses, cuya esposa, diputada nacional por Córdoba, votó en contra del proyecto del Gobierno en el que aceptó participar su marido. El viernes por la tarde Giordano fue despedido.
La misma suerte corrió la salteña Flavia Royón, que fue secretaria de Energía de Sergio Massa y quedó al frente de Minería. La permanencia de Royón formaba parte de un acuerdo con el gobernador Gustavo Sáenz, referenciado en el massismo. Sus diputados también votaron por la negativa. A Royón no le pudo otorgar sobrevida ni siquiera el persistente lobby empresarial minero que hubo a su favor.
Habrá que ver si los desplazamientos terminan acá, ya que el vocero presidencial, Manuel Adorni, había asegurado el jueves que no se estudiaba ninguna modificación. No hubo fin ahí. Se aguardan reemplazos rápidos, a ver si se repite lo de Guillermo Ferraro, el despedido ministro de Infraestructura que –ante la falta de notificación de su salida (vía Boletín Oficial) y de quién lo sucederá como parte del Ministerio de Economía– sigue en funciones y yendo a su despacho.
Hay un segundo nivel de pases de facturas en el Gobierno, menos expuesto. Francos, Menem y Zago fueron puestos en la mira por el fiasco legislativo. En el caso de Francos, además los más puristas de La Libertad Avanza y los aliados del PRO le endilgan su cercanía con el peronismo. La incorporación de Daniel Scioli está incluida en el ticket.
En otro nivel de inquina, mucho más reservado, comenzaron a ser observados dos nombres pesados. Uno es el del asesor Caputo, el mini Marcos Peña de Milei, a quien un hombre de los medios muy cercano al actual presidente y a Mauricio Macri lo empezó a llamar Rasputín y pidió su cabeza. En un estadio similar parece hallarse Nicolás Posse, el jefe de Gabinete sin voz. Siendo Caputo y Posse dos integrantes de la mesa chica de Milei junto a su hermana Karina, tal vez las intrigas en torno a ellos procedan más desde afuera de LLA que de adentro. Y estarían motivadas más allá de intereses políticos.
Vencedor vencido. Amén de sus diatribas inflamadas contra gobernadores y legisladores (que abarcaron hasta a su excandidata bonaerense Carolina Píparo), Milei encaró un doble operativo para enmascarar el fracaso de la ley ómnibus.
Por un lado, la autorreivindicación, a la que es tan afecto, casi como cualquier ser humano. Así, mostró que lejos se hallaba de estar sorprendido por la actitud de “la casta”. Más aún, el proyecto los había expuesto como nunca. Un par de posteos de influencers cercanos de redes sociales en ese tono fueron avalados por el Presidente. Lo mismo hacía Donald Trump. Cero originalidad.
La mayor curiosidad al respecto fue la recomendación presidencial como “imperdible” de un hilo en X (ex Twitter), según el cual la caída de la ley fue un triunfo para el Gobierno. Emanada desde una desconocida consultora política Vuelta de Obligado (www.consultoravo.com), los textos adhieren a que los representantes ejecutivos y legislativos de las provincias solo entienden el idioma del chantaje. El director de la consultora, Gonzalo A. Juan, les pone la firma a dos argumentos para explicar el lustre de Milei como estratega, con un lenguaje llanamente libertario:
“Con este resultado (el Gobierno) empieza a preparar el terreno para las elecciones legislativas del año que viene (…) Pedirá el apoyo de la población para barrer a la casta, configurar un nuevo Congreso y poder avanzar con el cambio”.
“El Gobierno puede demostrar de esta manera que no pacta con la casta, sino que la doblega. Y la herramienta para hacerlo es el financiamiento que los gobernadores necesitan (…) ¿Cuánto pueden tardar en volver a pedir fondos de rodillas ofreciendo a cambio la aprobación de leyes? (…) Entre esta lucha entre la nueva y vieja política se avecinan muchos y nuevos capítulos”.
Independientemente de que la “nueva política” se parece demasiado a la vieja política (¿no era el kirchnerismo el que disfrutaba de poner de rodillas a las gobernaciones?), el análisis ponderado por el Presidente sobre la apuesta por la elección 2025 choca con lo escrito el viernes por el propio Milei en un largo posteo: “No nos importa pagar el costo político de hacer lo que hay que hacer, porque nuestro objetivo es solucionar los problemas de los argentinos y no perpetuarnos en el poder”.
Allí otra vez se mostraba como el visionario que expone a la casta política, a la que acusó de corrupta, y ahondó sobre las represalias a las gobernaciones. Horas antes, el Gobierno había cancelado el envío a las provincias de los subsidios al transporte. Milei ponía en marcha la fase dos del operativo post Congreso: la venganza.
O las provincias ponen de sus presupuestos los montos que aportaba el Estado nacional (que ahorrará con esto 0,04% del PBI,
una nimiedad), o el valor del boleto de los colectivos fuera del AMBA llegaría a triplicarse: en Córdoba capital, por caso, el mínimo pasaría de $ 340 a $ 1.100. La medida no pone en problemas
exclusivamente a los gobernadores.
“Ese viva el consenso es un viva la corrupción”, agregó ayer sábado Milei desde Roma en un reportaje radial. Una suerte de todo o nada. Va por todo, puede quedarse con nada.
Fuente Perfil.
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