EL PLEBISCITO CONSTITUCIONAL EN CHILE

Por Embajada Abierta

Casi 15 millones de chilenos están convocados a votar este 25 de octubre en un histórico plebiscito sobre una reforma de la Constitución vigente desde 1980.

El plebiscito, convocado en 2019 para abril pero postergado por el fuerte impacto del COVID-19, fue la salida que descomprimió una ola de protestas inéditas en casi medio siglo en Chile. Un aumento de tarifas del metro de Santiago fue la chispa que encendió el descontento social con un modelo macroeconómico de gran estabilidad, hoy gestionado por el presidente conservador Sebastián Piñera.

El “Estallido” chileno fue parte de varias crisis simultáneas en la región, que incluyeron a Bolivia y Ecuador, sin contar Venezuela. Un año después, y COVID-19 mediante, América Latina está ante la peor crisis en 100 años, según estimaciones de la CEPAL, con una caída de -9,1 % en el PBI y millones de nuevos desempleados. En ese contexto se votará en el plebiscito.

Además de la respuesta por SI/NO sobre la reforma de la Constitución aprobada durante el régimen del general Augusto Pinochet, los chilenos decidirán si los cambios los redactarán ciudadanos electos a ese efecto o si compartirán esa responsabilidad en partes iguales con legisladores, en una Convención Mixta Constitucional.

Las últimas encuestas mostraban una clara mayoría del electorado en favor de una reforma constitucional (aunque los sondeos varían en la proporción), con una participación superior a las últimas presidenciales (46%) También una mayoría definida votaría por una Convención con ciudadanos, en lugar de una mixta.

La Constitución que se plantean reformar los chilenos fue aprobada en 1980, pero comenzó a estudiarse apenas días después del golpe de Estado de Pinochet, quien ya el 24 de septiembre de 1973 formó una comisión especial ad hoc, evidencia de que su régimen se proponía imponer un cambio a muy largo plazo en el país.

Pinochet convocó a un plebiscito para aprobar su Constitución el 10 de septiembre de 1980, pero el texto apenas se conocía y de hecho fue retocado hasta dos semanas antes de la consulta bajo supervisión de la Junta Militar.

«Con el fin de evitar toda crítica malintencionada, en el sentido de que se trataría de un plebiscito carente de alternativa, declaro enfáticamente que el hipotético rechazo del proyecto significaría el retorno a la situación jurídica y política existente en el país al 10 de septiembre de 1973«, dijo Pinochet al convocar el plebiscito. Los partidos eran ilegales y el país votó bajo estado de emergencia.

En el plebiscito de 1980, cuando los chilenos volvieron a las urnas por primera vez en siete años, se impuso la opción «Sí» a la nueva Constitución, la décima del país y que reemplazó a la de 1925 bajo la que terminó gobernando el derrocado Salvador Allende en 1973. El régimen anunció que el Sí se había impuesto con un 67%, pero nunca hubo registros ni controles adecuados que permitieran confirmarlo.

La Constitución de 1980 es también la que más reformas ha tenido en la historia de Chile, unas 25 en total. Las primeras fueron en 1989, justamente después del Plebiscito de 1988 en que ganó la opción «No» (56%) e impidió que Pinochet continuara otros ocho años en el poder.

La otra reforma, mayor, se hizo en 2005, cuando tras largas negociaciones entre los grandes bloques de centroizquierda y centroderecha se estableció el fin de los senadores designados y vitalicios (como el propio Pinochet); se cambió atribuciones y composición del Consejo de Seguridad Nacional; se restituyó la facultad del presidente de llamar a retiro a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y al general director de Carabineros; y se amplió el rol del Congreso en la composición del clave Tribunal Constitucional.

El afán de la clase política chilena por mantener la estabilidad jurídica, especialmente elogiada por inversores externos, impidió plantearse una reforma total como hoy. El Congreso Nacional aprobó cambios y hasta los convirtió en ley, pero fueron desestimados por el Tribunal Constitucional… por inconstitucionales.

Desde el primer presidente post dictadura, el demócrata cristiano Patricio Aylwin, el país fue gobernado bajo la Constitución de 1980 alternativamente por coaliciones de centroizquierda (la Concertación, 1991-2010 y 2014-18) y más tardíamente de derecha (con la presidencia de Piñera, 2010-14 y actualmente desde 2018).

30 pesos, 30 años

En octubre de 2019, el aumento de 30 pesos (3,5%) en los boletos de Metro de Santiago, que transporta a 2,5 millones de personas (la mitad de la población capitalina), desató multitudinarias protestas de estudiantes, después generalizadas. El metro fue cerrado preventivamente y entonces colapsó el transporte. En esas noches, fueron vandalizadas o destruidas la mitad de sus 136 estaciones.

Días antes, Piñera había definido a Chile como “un verdadero oasis” en América Latina, aunque efectivamente registraba intensos conflictos internos contenidos. .“Mientras más veo las crisis, más tenemos que apreciar nuestro país”, dijo.

Si bien el crecimiento económico chileno y la reducción de la pobreza extrema fue constante durante 30 años de políticas macroeconómicas heredadas del régimen pinochetista -solidez fiscal, apertura, Estado mínimo y desregulación- todavía en 2017 el 5% más rico de los hogares chilenos poseía más del 50% de la riqueza y más de la mitad de los asalariados apenas podían mantener su hogar (PNUD).

Chile, el país con mayor PIB per cápita de Sudamérica, también es uno de los países más desiguales del mundo: un 1% de la población acumula un 26,5% de la riqueza del país, según la CEPAL. Los chilenos más pobres gastan casi una cuarta parte de sus salarios en financiar sus deudas.

Cuando se desató, la crisis social se extendió tan rápido, fue tan intensa y por momentos tan violenta (la represión dejó 34 muertos) que decidió al gobierno y al resto de la dirigencia a recoger -entre otras demandas- una nueva reforma del régimen constitucional establecido por Pinochet.

Una reforma constitucional había sido impulsada por la Concertación (luego Nueva Mayoría) de centroizquierda desde el 2000 y retomada con más fuerza hace un lustro bajo la segunda presidencia de Michelle Bachelet (2014-2018). Pero también en 2012, el derechista RN y la democracia cristiana propusieron un nuevo régimen político de carácter semi-presidencial.

“No son 30 pesos, son 30 años”, proclamaban los manifestantes sobre las implicancias históricas de sus demandas, y de hecho siguieron movilizados pese al anuncio del plebiscito, hasta la irrupción de la pandemia, a finales de marzo pasado.

En medio del Estallido, el Gobierno también anunció medidas de alivio social, como aumentos de salario mínimo y jubilaciones, congelamiento de tarifa eléctrica, mayor acceso a medicamentos y hasta la posibilidad de un impuesto a las rentas más altas. El Congreso debatió reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.

Cinco meses después, en 2020, la pandemia no hizo más que prolongar y agravar seriamente las dificultades económicas nacidas de la crisis política que paralizó al país largas semanas de 2019. El plebiscito originalmente convocado para abril se postergó para octubre, aunque la emergencia sanitaria sosegó los ánimos.

Chile registró su primera muerte por COVID-19 el 23 de marzo. De ahí en más, la situación se complicó (en octubre de 2020, el país acumulaba 475 mil contagios y 13 mil muertes). Y la pandemia sólo evidenció más las causas del malestar: “Hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía conciencia”, reconoció el propio ministro de Salud, Jaime Mañalich, antes de renunciar en medio de la crisis.

En julio, bajo emergencia sanitaria y económica, y para paliar la necesidad urgente de dinero de los trabajadores, el Congreso aprobó otra medida histórica, el retiro del 10% de los fondos de pensiones ahorrados bajo el sistema de jubilación privada (AFP), controvertida pieza central del esquema macroeconómico nacido en los 80.

El proceso

Apenas comenzó el Estallido, el presidente Piñera respondió con dureza: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”, dijo, y recurrió al Ejército para imponerse en las calles de Santiago, bajo estado de emergencia y suspensión de los derechos de libre circulación.

El 19 de octubre, una multitud estimada en 1,2 millones de ciudadanos, inundó el centro de Santiago. Esa manifestación pacífica, la más grande de la historia reciente del país, reorientó rápidamente las prioridades políticas del gobierno (Piñera gobernó en 2010-14 y concluye su segundo mandato en marzo de 2022).

Menos de un mes más tarde, la dirigencia nacional chilena alcanzó el «Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución«, dos páginas con 12 puntos para detallar el camino hacia el plebiscito del próximo 25 de octubre, cuyo voto no será obligatorio, a diferencia del que tenga que aprobar una nueva carta magna en 2021.

El acuerdo fue firmado por los partidos de derecha que sostienen a Piñera (la Unión Democrática Independiente y Renovación Nacional), pero también por el Partido Socialista, la Democracia Cristiana; el Partido Radical; el Partido por la Democracia; el Partido Liberal, la Revolución Democrática y Comunes. Se excluyó del acuerdo el Partido Comunista, en rechazo a la cláusula de dos tercios necesarios de la Convención para definir las reformas aunque hará campaña a favor de la reforma

El plebiscito tendrá una Primera Pregunta (¿Quiere usted una nueva Constitución? Opciones: Apruebo o Rechazo) y una Segunda Pregunta que se activa si se aprueba la anterior: ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución? Opciones: Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional.

En la Convención Mixta Constitucional, una mitad quedará integrada por parlamentarios en ejercicio, y la otra por personas elegidas para esta instancia (172 en total). Una Convención Constitucional clásica estará integrada completamente por 155 ciudadanos elegidos exclusivamente para redactar la Constitución.

A partir del plebiscito del 25 de octubre, los candidatos al órgano constitucional tendrán seis meses para competir. Por la postergación que forzó la pandemia, los convencionales serán elegidos recién el 11 de abril de 2021, junto con alcaldes, concejales y gobernadores regionales.

Después, la Convención tendrá otros nueve meses, prorrogables por un máximo de tres meses más, para definir el texto de la nueva carta magna. La siguiente etapa son dos meses de campaña más hacia un segundo plebiscito (de salida), en el que el voto será ya obligatorio y terminará de cerrar el proceso constituyente.

A favor, en contra

Pese a la magnitud de la crisis, y a que avalaron los términos de la consulta popular, los herederos políticos del régimen de Pinochet se mantienen firmes en su rechazo a redactar una nueva Constitución.

En esa postura están la UDI y RN, al que pertenece Piñera. “No necesitamos una nueva Constitución para mejorar la vida de los chilenos, hemos demostrado que se puede hacer con buenas leyes en el Congreso”,argumenta el secretario general de la UDI, Felipe Salaberry.

A favor de una reforma están los socios de la antigua coalición de centroizquierda que protagonizó la transición desde 1991, junto con otras fuerzas menores, de derecha e izquierda, que coinciden en el valor histórico de que Chile cuente con su primera Constitución redactada con participación popular y en democracia.

Las manifestaciones de 2019, centradas básicamente en reparar la desigualdad económica, social y política de la democracia chilena hoy, dejaron una amplia agenda de cambios, cuya posibilidad de prosperar se verá en una campaña para elegir convencionales.

Sin embargo, la propiedad del agua, el reconocimiento constitucional de pueblos originarios o los derechos sexuales y reproductivos tendrán seguramente un lugar destacado en ese debate, junto a las reformas más profundas del sistema político y también judicial heredado del pinochetismo.

Piñera dejó sentada su posición con un documento. “La Constitución no resuelve todos los problemas de la sociedad, pero sí debe ser el marco institucional dentro del cual se desenvuelven la política, las leyes y la vida en sociedad (…) no debe incluir un extenso listado de buenas intenciones ni tampoco de reglamentaciones en detalle para cada institución”, argumentó.

En ese texto, el presidente incluyó diez puntos que considera esenciales en una reforma: el rol de un Estado solidario, la familia como núcleo fundamental de la sociedad, la promoción de derechos civiles y políticos, la demarcación de derechos, económicos, sociales y culturales, la participación ciudadana en una sociedad inclusiva y diversa, garantizar el orden público y las seguridad nacional, resguardar el medio ambiente, mantener la separación de poderes, exigir transparencia al Estado y sus funcionarios, y descentralizar el gobierno.

Según algunos expertos, Chile tiene frente a sí la oportunidad de dar un histórico paso adelante en el constitucionalismo latinoamericano, que garantice una “sociedad de iguales”, pero ello no depende solamente de rediseñar los sistemas de control del poder ni de agregar nuevos derechos.

El riesgo, según el constitucionalista Roberto Gargarella, es que “Chile opte por cometer ahora el «error» que el constitucionalismo regional cometió durante el siglo pasado y abrace una innovadora modificación en su declaración de derechos para mantener intocada su vieja, elitista y conservadora organización del poder”.