El predecible desastre pandémico y sus posibles consecuencias políticas

Por Vicenç Navarro* – Publico.es

La aparición de una nueva variante del virus COVID 19, más contagiosa que Delta (y parecía, por un momento, más maligna y resistente a las vacunas que las anteriores) frenó el entusiasmo que se estaba creando a partir de la percepción de que estábamos ya en la recta final de controlar e incluso eliminar la pandemia. Esta percepción última había originado una euforia bastante generalizada que determinó una relajación en la aplicación de las medidas preventivas que se habían estado aplicando hasta entonces.

No hay duda de que la aparición de esta nueva variante ha originado una enorme decepción y desánimo en la población que tendrá consecuencias políticas muy importantes, sobre todo en aquellos países de rentas medias elevadas en ambos lados del Atlántico Norte conocidos como democracias liberales. Estas democracias han estado en crisis constantes y crecientes, primero durante la Gran Recesión, caracterizada por la aplicación de medidas de gran austeridad, seguidas por la pandemia que ha mostrado con toda claridad las enormes deficiencias creadas por tales medidas.

Ha sido también durante la pandemia que los gobiernos de tales países han tomado medidas que limitaban las libertades de la población, y muy en particular de las clases populares que representan en cualquier país la mayoría de la población. Estas medidas se justificaron presentándose como necesarias, exigidas en lo que se definió cómo «la guerra frente al virus», utilizando una terminología militar que intentaba remarcar el sacrificio popular necesario para alcanzar el bien común: la victoria sobre el virus. Y en gran parte y en su gran mayoría, la población respondió a tal llamada. Es interesante remarcar que esta loable actitud y argumentación no se ha utilizado ni aplicado en bastantes casos en que tal bien común (salir de la pandemia con el menor número de muertos posibles) exigía hacerlo.

LA TARDÍA OBLIGARIEDAD DE LAS VACUNAS

La vacunación, por ejemplo, no fue obligatoria y solo ahora, tras muchas olas y fracasos, comienza a tomarse en serio esta medida. Y la pregunta que podría hacerse es por qué se ha perdido tanto tiempo para hacer obligatoria tal vacunación. Está muy bien documentado que es esencial que para controlar una pandemia se tiene que controlar el número de personas que pueden contaminar a otras. Y no estar vacunado implica que esta persona es mucho más contaminante que la vacunada. Es defendible la tesis de que una persona pueda tener el derecho de terminar su propia vida, pero no es sostenible que una persona tenga el derecho de amenazar la vida de otra, contagiándola. ¿Porque se está tardando tanto en hacer obligatoria la vacunación o la utilización de otras medidas como el uso de mascarillas para disminuir el numero de muertos en un país? Encuentro incoherente que la Comisión de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, presidida por la que fue presidenta de Chile, la señora Michelle Bachelet, se oponga a la obligatoriedad de la vacunación precisamente en el momento que muchos países han comenzado a exigir tal vacunación como medida para frenar la nueva expansión de la pandemia, expansión precisamente facilitada por la elevada porción de personas no vacunadas en tales países. ¿Se opone la Comisión también a la vacunación obligatoria de los niños y niñas de las escuelas frente a la viruela? Se olvida la Comisión de que el respeto a la vida incluye la prevención de la muerte. Y tenemos evidencia más que suficiente que muestra que la vacuna disminuye la contagiosidad y por lo tanto la posibilidad de muerte de otros.

POR QUÉ LOS GOBIERNOS NO SE ATREVEN CON LAS INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS ANTI-COVID QUE ESTÁN ANTEPONIENDO SUS INTERESES PARTICULARES SOBRE EL BIEN COMÚN

Científicamente sabemos cómo disminuir el numero de muertes por COVID 19. Si no se hace es porque los estados no se atreven a enfrentarse con grupos que anteponen sus intereses particulares al bien común. Un ejemplo claro de estos últimos son las empresas farmacéuticas productoras de las vacunas anti COVID y muy en particular Pfizer y Moderna. Como he escrito en varias ocasiones, no se podrá resolver la pandemia a nivel local a no ser que se pueda resolver a nivel mundial. Mientras los países de renta baja y media (que son la gran mayoría de la población mundial) no adquieran la inmunidad, continuarán apareciendo en ellos variantes del virus que podrían ser cada vez más dañinas, contagiosas y resistentes a las vacunas actuales.

Pues bien, tales industrias se han opuesto a que durante la duración de la pandemia tengan anuladas sus patentes para facilitar y permitir que se amplíe la producción de tales vacunas a nivel mundial. He mostrado en previos artículos que los argumentos utilizados por tales industrias para oponerse a ello no tienen credibilidad. En contra de lo que dicen sus portavoces (que tienen grandes cajas de resonancia en la mayoría de los medios de información y persuasión), la evidencia demuestra que tal medida de eliminación de las patentes y producción mundial de las vacunas es factible y aconsejable. La mayoría de las asociaciones científicas en salud pública así lo indican.

POR QUÉ LOS ESTADOS NO SE ATREVEN A ENFRENTARSE A TALES INDUSTRIAS

Incluso el presidente Biden en EEUU, que apoya tal medida, no se ha movilizado para neutralizar las resistencias del Congreso y sobre todo del Senado (donde tales poderes fácticos gozan de un enorme poder que alcanza unos niveles escandalosos como el que, por ley, el Estado federal ni siquiera puede negociar el precio de los productos farmacéuticos que el estado compra). No es sorpresa que tales industrias sean de las más exitosas siendo sus beneficios los más elevados en todos los sectores productivos. Tales beneficios han alcanzado unos niveles estratosféricos en el caso de la Pfizer y Moderna, empresas que, por cierto,  han recibido enormes cantidades de dinero publico para desarrollar tales vacunas.

Aconsejo al lector que lea el interesante informe del Financial Times sobre en comportamiento de Pfizer en la producción y distribución de sus vacunas anti-COVID, comportamiento que puede resumirse en las declaraciones de un dirigente del gobierno sudafricano que subraya que «es profundamente inmoral que personas se beneficien comercialmente a costa del enorme sufrimiento que imponen a la comunidad en su totalidad». (The Inside Story of the Pfizer Vaccine, Financial Times, 12.01. 2021). No me imagino ningún diario español publicando semejante articulo.

Pero este comportamiento es bastante generalizado. En realidad, las desigualdades económicas y sociales han crecido dramáticamente siendo ello resultado de las enormes acumulaciones de riquezas  a costa del empeoramiento del bienestar y calidad de vida de la mayoría de la población,  tan bien mostrado por la pandemia. En realidad, este virus podría haberse definido como el virus de la desigualdad, habiendo hecho palpable las injusticias tan acusadas que existen en el mundo. Decía correctamente el informe del Oxfam de enero pasado,  que «el virus contribuyó a acentuar todavía más una realidad en que la mayoría de la población estaba sufriendo las consecuencias de un sistema económico y político fallido, a la vez que los súper ricos continuaron acumulando sus beneficios». Las 10 personas más ricas del mundo amasaron desde el principio de la pandemia 540 billones de dólares de riqueza, cantidad que sería más que suficiente para vacunar a todo el mundo y evitar que la pandemia profundizara aún más su pobreza. Y los datos así lo confirman. Y ello es la base de la enorme polarización del panorama político en estos países. El desánimo y frustración de la población, y muy en particular de las clases populares, exigen respuestas mas contundentes de los estados y autoridades publicas hacia los intereses particulares que anteponen sus deseos de acumulación de riquezas a costa de la vida y bienestar de las clases populares.

Gentileza de Other News

*Académico español. Profesor de Health and Public Policy en The School of Public Health, The Johns Hopkins University; Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Sociales, Universitat Pompeu Fabra.