España no es país para refugiados

En contra del imaginario popular, España no es un país humanitario con quienes buscan su protección, su refugio, su asilo. Las cifras así lo demuestran. Es una realidad incontestable que, sin embargo, aún podría ir a peor, pese a las banderas progresistas que enarbola el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos (UP). Los cambios en la ley que regula el derecho de asilo, en los que trabaja este gobierno, podrían contribuir a dar aún más la espalda a quienes emigran mirando a España como su esperanza para sobrevivir.

La Unión Europea (UE) lleva años presionando a España para que endurezca la ley. ¿Qué se puede esperar de ella si en 2015, cuando miles de refugiados sirios llamaban a las puertas de Europa, ésta optó por subastarse unos pocos por países y el resto subcontratar a Turquía para quitarse lo que consideraba un estorbo?

Ahora el gobierno PSOE-UP se ha propuesto agilizar la devolución de personas migrantes. El ministerio liderado por Fernando Grande-Marlaska trabaja en una modificación de la Ley de Asilo con el objetivo de agilizar las solicitudes de asilo presentadas en Ceuta y Melilla,  de manera que en el plazo de 10 días se devuelva a quienes buscan la protección de nuestro país.

El movimiento es la respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de abril, que una vez más y tras los recursos interpuestos por CEAR, determinó que las personas que solicitan asilo tienen derecho a la libre circulación por todo el territorio nacional. Durante más de tres décadas, España ha estado vulnerando la legalidad y los Derechos Humanos (DDHH) reteniendo ilegalmente a estas personas o, lo que es frecuente en la frontera con Marruecos, negando incluso el derecho a solicitar asilo realizando devoluciones en caliente.

De las solicitudes de protección que realizan personas marroquíes, la práctica totalidad se rechazan, al considerar Marruecos país seguro, pese a las constantes vulneraciones de DDHH por parte del régimen de Mohamed VI. Así lo prueban las casi 1.800 solicitudes denegadas en 2021, frente a 178 concesiones del estatuto de refugiado y ninguna de protección subsidiaria. Este mismo mes, un juzgado de Ceuta ha dictado dos sentencias declarando ilegal la devolución por parte de España de 14 menores a Marruecos que entraron en nuestro país en 2021, cuando el reino alauita utilizó a su ciudadanía como instrumento de chantaje en beneficio de sus intereses geopolíticos.

Con estos datos, las organizaciones humanitarias se temen lo peor. Lo que tendría que ser una buena noticia, como es agilizar los trámites con personas que huyen perseguidas o amenazadas, se puede convertir en una vía para quitárselas de en medio antes. En la actualidad, las solicitudes se demoran durante meses y, según la legislación vigente, cualquier persona solicitante puede buscar trabajo pese a no tener confirmada la residencia si han transcurrido seis meses. Sin embargo, el propio Defensor del Pueblo denuncia las extraordinarias dificultades para que esto se cumpla, lo que de facto se convierte en una rechazo, dificulta la integración y da alas a grupos xenófobos que ya cuentan con representación parlamentaria. Incluso la banca pone de su parte para dificultar la vida migrantes y solicitantes de asilo.

A pesar de las presiones desde Bruselas, lo cierto es que a España no le hace falta que nadie venga a decirle que dé la espalda a quienes piden asilo. Si miramos a las últimas cifras oficiales de un año completo, nuestro país no llegó a aceptar ni el 5% del total de solicitudes de asilo. De las casi 115.000 peticiones de protección internacional que se estudiaron, sólo se otorgaron 5.700. España se encuentra a años luz de otros países europeos, como Alemania (44%), Bélgica (35%), Italia (23%) o Francia (22%). Tampoco es la que más solicitudes recibe, pues Alemania registró casi 122.000 y Francia unas 93.500, frente a las cerca de 88.700 de España (muchas menos que en 2019, cuando se superaron las 118.000).

De esas alrededor de 5.700 solicitudes de protección aceptadas, subieron las concesiones del estatuto de refugiado con 4.360 frente a las 1.653 de 2019, con Nicaragua, Honduras y Colombia como las nacionalidades mayoritarias, tal y como se aprecia en los gráficos elaborados por CEAR. En cuanto a la protección subsidiaria en España, ésta se desplomó desde las más de 1.500 de 2019 a las 1.398 de 2020, con Siria, Mali y Ucrania -hoy de actualidad aunque hace años que se deniegan muchas de sus solicitudes– como a la cabeza de los países de procedencia.

Según los avances trimestrales del propio Ministerio del Interior, en 2021 se registró casi un 26%  menos de solicitudes de protección, con algo más de 65.400. Las resoluciones desfavorables se cifraron en más de 49.500, siendo favorables únicamente algo menos de 7.400, con 5.365 otorgando el estatuto de refugiado y 2.026 la protección subsidiaria.

Todo cuanto gira alrededor del asilo está envuelto de mentira y manipulación, desviando siempre la mirada hacia el Sahel, cuando en realidad la mayor parte de solicitudes de protección llegan de Latinoamérica. Cuando, especialmente la derecha, entra en su deriva de demonización y acepta este hecho, únicamente se centra en Venezuela –para cargar contra su gobierno- olvidando que el otro país del que llegan más peticiones de protección es Colombia, gobernada precisamente por el conservador Duque.

Para combatir este discurso que marca a España como no apto para refugiados, hay quien apunta que a pesar que la denegación de esta condición, por ejemplo, a muchas personas venezolanas, sí se les otorga permiso de residencia y trabajo por razones humanitarias. Sin embargo, de nuevo la manipulación, porque ni se tiene la misma consideración con los colombianos y mucho menos con otras nacionalidades como la siria: según la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), España sólo protege al 35% de los sirios que lo solicitan, frente a la media del 60% del resto de Europa.

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(*) Columnista-Colaborador de Público.es (ex corresponsal oficioso en Londres). Defiende que “Otro mundo es mejor, pero para eso, entendamos antes éste”.