La baja de las retenciones agrava la situación

El peligro es que, ante una fluctuación del tipo de cambio, los precios de los alimentos, cuya situación es delicada por sí misma, se vuelvan incontrolables. Se trata de otro paso en la dirección contraria a recomponer el nivel de vida de la población, que no cae más por la contención del tipo de cambio.

La baja temporal de las retenciones a los productos agropecuarios exportados, que en principio se mantendría hasta junio con la finalidad de desalentar el aletargamiento de las exportaciones, no es un indicio alentador sobre la evolución de la política económica.

Un factor importante en la variación del nivel de precios durante los años posteriores a 2018 fue el incremento de los precios de alimentos. La incidencia de la devaluación permanente a la que estuvo sometido el tipo de cambio peso-dólar entre mediados de 2018 y fines de 2023 sobre los precios, inherente por su repercusión sobre los costos de insumos importados para la producción, fue exacerbada por el nivel de retenciones que dejó la administración Cambiemos.

A fines de 2015, las retenciones al maíz se encontraban en el 20 por ciento, las del trigo en el 23 por ciento, las del girasol en el 32 por ciento, las de la soja en el 35 por ciento y las de las carnes —de todo tipo— en el 15 por ciento. Las modificaciones acaecidas entre 2016 y 2019 —que solamente dejaron retenciones para la soja y productos asociados— se revirtieron parcialmente, pero sin llegar a los niveles anteriores. La alícuota del maíz y del trigo quedó en 12 por ciento y la de la carne, que antes fue totalmente eliminada, en un 9 por ciento. Aunque regían retenciones para productos asociados al girasol, la exportación del cereal no estuvo sujeta a ninguna alícuota desde 2020.

En consecuencia, cuando se devaluaba, al ser poca la presión para mantener los precios de los alimentos desacoplados del mercado internacional, estos aumentaban a una velocidad mayor al resto. Mientras que el índice de precios al consumidor tuvo una variación del 2.117,5 por ciento entre finales de 2018 y noviembre de 2023, la de los alimentos fue del 2.519,2. Y la de la canasta básica alimentaria en ese período, del 2.625,5.

Por su importancia para el costo de vida, se trata de un hecho determinante en la degradación del nivel de bienestar de la población a partir de esos años, en buena parte determinante del fracaso político del Frente de Todos, cuya indiferencia en este sentido resultó muy dañina.

Las disminuciones que dispuso el gobierno actual son del 33 al 26 por ciento para la soja poroto, del 31 al 24,5 para la soja aceite y harina, del 12 al 9,5 para el trigo, la cebada, el sorgo y el maíz, y del 7 al 5,5 para el girasol. Para colmo, al abrirse la importación y por la presión general sobre la población para mantenerla empobrecida, se incentiva la exportación en detrimento del mercado interno.

El peligro es que, ante una fluctuación del tipo de cambio, los precios de los alimentos, cuya situación es delicada por sí misma, se vuelvan incontrolables. Se trata de otro paso en la dirección contraria a recomponer el nivel de vida de la población, que no cae más por la contención del tipo de cambio.

Hasta ahora, es justamente la estabilidad cambiaria la que impide que la situación con el poder de compra de los ingresos empeore aún más, a pesar de que el resto de la política económica se oriente en ese sentido.

Sin embargo, el Gobierno tampoco atinó a redefinir la administración del tipo de cambio, descuidando su importancia estratégica. El esquema de emergencia del “cepo” se puede explicar durante una situación de salida de capitales (2018-2019) o de déficit comercial provocado por la sequía y la merma de las exportaciones (2023), pero es incomprensible en condiciones normales y con la economía alcanzando los 18.899 millones de dólares de superávit comercial, como ocurrió en 2024.

La coexistencia de un mercado cambiario oficial y otro paralelo incentiva la subfacturación de exportaciones, la sobrefacturación de importaciones y la extorsión por parte de los exportadores al Gobierno. Es decir que, estructuralmente, es necesario eliminarlo y reemplazarlo por un tipo de cambio unificado, con regulaciones e incentivos que garanticen la liquidación de divisas en tiempo y forma, o castiguen e impidan el retraso de exportaciones.

Desde el punto de vista de los incentivos, una herramienta importante es una tasa de interés de referencia atractiva para los ahorros en pesos. Pero se insiste en mantenerla por debajo de la variación de los precios. El jueves 30 de enero el Banco Central de la República Argentina volvió a comunicar una baja de la tasa de política monetaria, del 32 por ciento nominal anual al 29 por ciento.

Es una incongruencia remarcable, porque si se pretendiese sostener el “peso fuerte” en el largo plazo, se debería obrar en sentido contrario. Mientras tanto, producto de su decisión de intervenir en el mercado del dólar financiero, el BCRA pierde reservas internacionales, que durante enero descendieron de 31.706 millones de dólares a 29.802.

La ambigüedad en torno a la normalización de la situación cambiaria indica que la estabilización de la economía no es nada clara. El gobierno predispone las condiciones para una nueva devaluación, sin mostrar claridad, o siquiera interés, para compensar sus efectos.

La baja de las retenciones agrava el cuadro. Si es transitoria, será perjudicial mientras esté activa, porque las retenciones tendrían que ser más altas, especialmente tratándose de los productos que son consumidos directamente en la alimentación de la población argentina. Si se prorroga o se vuelve permanente, peor aún.

La vaguedad en la orientación de la política económica, que de repente parece concentrarse en la estabilidad cambiaria, hace pervivir un problema de largo plazo de la política argentina, que es la tendencia declinante en la capacidad de compra de los ingresos.

Independientemente de que se concrete un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional destinado a la conservación de estas condiciones para evitar “salir del cepo” antes de las elecciones de medio término, la estabilización de la relación entre precios e ingresos en un estado socialmente aceptable permanece como una tarea pendiente de la política argentina.

Por eso es que la oposición debería registrarlo y trabajar sobre ella, como se suele repetir en Y Ahora Qué. Así como fue uno de los motivos del naufragio de la experiencia del FdT, es una de las precondiciones para revitalizar su gravitación con perspectivas de largo plazo.