La ciencia no es cara, cara es la ignorancia

Tres investigadoras egresadas de universidades públicas, con doctorados en Historia, Sociología y Filosofía, que viven y desarrollan sus actividades en las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Mendoza, explicaron a Y ahora qué? por qué la resolución 10/2025, dispuesta casi a escondidas por el Gobierno nacional, constituye un profundo retroceso para el desarrollo del país y demuestra un enorme desconocimiento del sistema científico argentino.

La investigación científica constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de un país, para diseñar leyes y políticas públicas en todas las áreas del conocimiento. Las ciencias sociales son decisivas para transformar la vida de la sociedad, para ampliar derechos y mejorar la calidad de vida. El gobierno de ultraderecha de Javier Milei decidió acompañar, mediante la emisión de la resolución 10/2025 (publicada el 9 de enero en el Boletín Oficial), solo aquellas investigaciones vinculadas con el sistema económico, la productividad y los negocios. Y hay que ver hasta cuándo.

“Creo que hay una intención explícita de que no haya una ciencia soberana porque hay una cuestión que tiene Argentina, a diferencia de otros países, y es que tiene una carrera de investigador como la de CONICET que está financiada por el Estado y que eso de algún modo garantiza una ciencia soberana. Es una ciencia que no está al servicio de las empresas y que no implica que no pueda haber, como las hay, efectivamente, alianzas con un montón de empresas y de consorcios productivos”, precisa Federica Scherbosky, ex secretaria de Investigación y Posgrado de la UNCuyo.

Diversos organismos que nuclean a investigadores, docentes universitarios y decanos de universidades públicas -como el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales (CODESOC), la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT), la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación (ANFHE), la Red Latinoamericana de Historia Pública (REDLAHP), la Red de Carreras de Comunicación (REDCOM) y la Federación Argentina de Docentes Universitarios (FADUN)- salieron al cruce de esa disposición.

La medida afecta principalmente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), uno de los organismos más prestigiosos de América Latina, y también a las universidades nacionales, golpeadas desde el inicio de la gestión libertaria por un brutal recorte del 30% de su presupuesto. Esta medida viola, además, la autonomía universitaria en lo referido a las investigaciones que se deciden llevar adelante.

La resolución fue firmada por el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, el mismo que fue director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante el gobierno de Alberto Fernández. Esta vez, con la camiseta de la ultraderecha, facultó a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología a “eliminar los gastos innecesarios, inconvenientes o no urgentes” de programas y proyectos; la habilitó para “resolver o no la continuidad” de los mismos en virtud de su llamado “Plan Estratégico” que prioriza “la generación de conocimiento y el desarrollo de tecnologías vinculadas a temáticas de agroindustria, energía, minería, economía del conocimiento e innovación y salud”.

“Corresponderá dar por finalizados aquellos programas cuyos objetos no encuentren asidero en el citado Plan Estratégico”, afirma la resolución.

Ahora, dicha Secretaría a cargo de Darío Genua, egresado de la Universidad Católica Argentina (privada) y casualmente fundador de OpenAgro -una compañía de fideicomisos en nuestro país- decidirá qué programas continuarán, a cuáles dará de baja y exigirá “la inmediata devolución” de los fondos que fueron entregados para programas y/o proyectos que serán frenados de forma unilateral.

Según la resolución, la “República Argentina se encuentra inmersa en una situación de crisis económica y financiera de inédita gravedad que podría llevar al pueblo argentino a la ruina”.

Para qué investigar

“Investigamos y aportamos para que no se naturalice el sentido común de los poderosos. Para dar cuenta de que hay múltiples perspectivas, diversidad de actores sociales y políticas que benefician a las mayorías, y otras que solo buscan el enriquecimiento de determinadas élites”, sostiene Alejandra Rodríguez, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).

“Detrás de este tipo de medidas y de ataques al sistema científico también se busca instalar un discurso bastante peligroso, o riesgoso, que pone el eje en la utilidad de determinadas áreas de conocimiento, determinadas áreas de investigación, de determinadas disciplinas científicas”, afirma Julia Burton, licenciada en Sociología de la Universidad Nacional del Comahue (UNComa) y doctora en Sociología por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Investigadora del CONICET desde 2013 cuando comenzó como becaria, subrayó la importancia de las disciplinas que no van por el lado económico y productivo.

“Investigamos otras cosas que son igualmente valiosas y necesarias y que nos ayudan a pensar y a construir qué tipo de sociedad queremos, cómo ampliar derechos, cómo construir más democracia, cómo pensar las desigualdades sociales y cuáles son los determinantes que las producen, cuáles son las transformaciones que impulsan los movimientos sociales y qué posibilidades abren esas transformaciones para la vida de quienes habitamos en este país”, sostuvo.

Doctora en Filosofía egresada de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Federica Scherbosky, que trabaja como investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales, Humanas y Ambientales en el Centro Científico y Tecnológico (INCIHUSA) de Mendoza, afirmó por su parte que las investigaciones en ciencias sociales “tienen que ver con comprender nuestra realidad y eso es parte de lo que justamente ex profeso intentan destruir”.

¿Qué investigan las ciencias sociales?

Las investigaciones en ciencias sociales abarcan temáticas vastas y variadas: desde la memoria histórica y los derechos humanos, hasta el medio ambiente y el calentamiento global, pasando por la filosofía intercultural, procesos de la colonialidad, cambios y mejoras en sistemas constructivos que sean amables con el ambiente, o la comprensión de nuestra realidad y de las tramas históricas, la mejora de los sistemas electorales o estudios sobre los movimientos feministas que permitan transformar la vida de las y los habitantes de este país.

Investigaciones vinculadas a la salud que desembocaron en políticas impulsadas por el Estado porque para el sector privado nunca serían negocio, también están en riesgo. Hablamos de estudios sobre enfermedades como chagas, tuberculosis, hepatitis y enfermedades sexuales o enfermedades vinculadas con la vulnerabilidad socio-económica como la pediculosis, la sarna y la dermatitis.

Nuevo ataque al CONICET

La leyenda elegida para título de esta nota “La ciencia no es cara, cara es la ignorancia” pudo leerse en numerosas protestas callejeras que universitarios e investigadores del CONICET realizaron en 2024 frente la embestida del gobierno negacionista de Javier Milei y Victoria Villarruel.

El año pasado, ese prestigioso organismo a nivel internacional fue blanco de una primera etapa de vaciamiento con la pérdida de 598 investigadoras e investigadores de carrera, 457 becarios y becarias y personal administrativo por primera vez en 20 años. Estos datos surgen de un informe del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación elaborado por el Grupo EPC-CIICTI, publicado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Investigación (CIICTI).

En los primeros nueve meses de gestión de Milei, el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación perdió 2.696 empleos, según esta misma fuente.

El latiguillo de ‘no hay plata’ vale para investigaciones en ciencias sociales, universidades o jubilados, pero no para bajarle los impuestos a los autos importados, al campo, aunque sólo beneficie a 6 o 7 grandes cerealeras o al centenar de trolls libertarios que cobran sueldazos del Estado al que detestan, por mencionar algunos ejemplos.

Alarma y preocupación

“No se trata de eficiencia, no se trata de readecuación, se trata simplemente de destruir el sistema científico y tecnológico argentino que tantas décadas llevó consolidar y cuyos resultados sociales nos llenan de orgullo” pues para el actual Gobierno “la apuesta es un país, empobrecido económica y culturalmente, sin desarrollo autónomo, dependiente de los caprichos del capital más concentrado y sin pensamiento crítico”, afirma Alejandra Rodríguez, que a sus 57 años dirige la Licenciatura en Historia de la UNQ.

“Hay una decisión política de paralizar el desarrollo científico del país. Una decisión insólita y alarmante para el futuro de la sociedad argentina, no solo de los científicos. Una afrenta a la democracia porque pretende imponer desde el poder político centralizado ciertas prioridades de investigación”, explica Rodríguez, autora entre otros libros de Historia pública en América Latina, teoría y prácticas desde el sur junto con Susana de Luque.

“Es un grave error reducir las prioridades de desarrollo científico y tecnológico a un puñado de temas. Esto traerá serias consecuencias al desarrollo de nuestro país”, advierte Rodríguez, coordinadora de la Red Latinoamericana de Historia Pública, que ya vivió “el impacto de las políticas liberales en el pasado de nuestro país y las consecuencias sociales y económicas de las mismas, más allá de la especificidad de cada ciencia social”.

“Así no se construye política científica seria en ningún lugar del mundo”, sentencia esta especialista en el campo del cine y de la historia, coautora junto con Marcela López del libro Un país de película: la historia argentina que el cine nos contó (Editorial del Nuevo Oriente, 2009).

Desconocen el trabajo científico

Julia Burton reivindica el hecho de poder hacer investigación “desde un posicionamiento político” y observó que la “dicotomía que se intenta instalar entre el conocimiento científico útil, entre comillas, y el que no lo es (…) es desconocer profundamente que todo conocimiento científico, sea de la disciplina que sea (…) no implica menos rigor científico, sino todo lo contrario”.

Estas medidas de desmantelamiento del sistema científico encierran un “profundo resentimiento” que no repara en las consecuencias que traerán, opina. Especializada en las teorías feministas, advierte que las investigaciones en este ámbito se proponen “mostrar constantemente cómo el género no es un agregado o una característica de las poblaciones, de las personas, sino que es estructurante de las relaciones sociales. Las constituye”. Esas perspectivas feministas “implican cuestionar posiciones sociales como algo dado (…) cuestionar la naturalización de esos privilegios que se constituyen en base del patriarcado, los privilegios de la masculinidad y de la blanquitud”, por ejemplo.

Sus palabras describen casi a la perfección el perfil del gobierno actual y hasta diríase de las cabezas de los tres poderes del Estado.

“Tampoco es casual que seamos los feminismos el blanco de los discursos del Presidente, porque las cosas que ponemos en tensión son cuestiones muy profundas de cómo se estructura el orden social”, afirma antes de poner como ejemplos “la institución de la maternidad, de la heterosexualidad obligatoria o el mismo sistema de género asentado en una cuestión biologicista”.

Imposible no preguntarle sobre el reciente discurso de Milei en el Foro Económico de Davos (Suiza) al que la investigadora califica sin rodeos de “fascista”. “Todo lo que dijo me genera una profunda, pero muy profunda, indignación por lo que dice, por la violencia en la que se expresa, por cómo demoniza determinados colectivos, a las personas homosexuales, gays, lesbianas, travestis, trans, a las mujeres, y me genera mucha vergüenza ajena porque es el Presidente”, asegura durante la charla días antes de que se lanzara la convocatoria a la Marcha del Orgullo Federal Antifascista, Antirracista LGTBQI+ para el pasado 1 de febrero.

Recuerda que fueron aportes de investigadores en ciencias sociales los que en 2018 durante el primer debate legislativo en la cámara de Diputados para impulsar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) los que permitieron “construir argumentos sólidos” para alcanzar esa “ampliación de derechos”. La Ley fue finalmente aprobada en el gobierno siguiente, el 30 de diciembre de 2020.

Esas contribuciones de investigadoras/es desembocaron en una compilación publicada por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNS) titulada “Legalización del aborto en la Argentina: científicas y científicos aportan al debate” que puede leerse en el siguiente enlace: https://www.ungs.edu.ar/wpcontent/uploads/pdfs_ediciones/Legalizaci%C3%B3n_del_aborto_en_la_Argentina-resumen.pdf

En 2018, Julia Burton obtuvo su doctorado en Sociología con la tesis “A la neuquina : un estudio sobre la militancia feminista no metropolitana por el derecho al aborto”.

“Es la ceguera”

“En honor a la verdad (…) en la resolución no hay ninguna explicitación genuina acerca del no a la investigación en ciencias sociales o en humanidades. Sí lo que hay es una explicitación acerca de cuáles son las intenciones de financiación que tiene el gobierno, que tienen que ver con la agroindustria, la minería, la tecnología”, considera por su parte Federica Scheborsky, docente universitaria cuya tesis doctoral se tituló “Filosofía intercultural y arte: el problema del reconocimiento” (2014).

“Pero es cierto que de algún modo esto viene a cuento de muchas instancias de descrédito del gobierno hacia la ciencia, particularmente las ciencias sociales y las humanidades. La resolución prioriza el gasto con el argumento de que “lo vamos a destinar a lo que efectivamente ‘se necesita para sacar el país adelante’, lo cual es una falacia rotunda porque pensar que apostar a algún otro tipo de gasto y no efectivamente a la ciencia es lo que puede generar cambios a niveles estructurales de. Es de una ceguera considerable”.

“Es la ceguera”, insiste. “Creo que el Gobierno lo hace rotundamente ex profeso porque hubo no sólo una disminución del presupuesto sino una subejecución, maltrato a toda la ciencia y a la educación”, agrega la investigadora que trabaja en un grupo de filosofía práctica e historia de las ideas fundado por Arturo Roig, filósofo mendocino expulsado por la pasada dictadura cívico-militar (1976-83) que al regresar al país “se dedicó a reconstruir no sólo la filosofía en Mendoza sino en buena parte de América Latina en la línea de Enrique Dussel”, resalta.

En su opinión, “tampoco hay un interés genuino por financiar la ciencia que ellos consideran ‘productiva’. Pues, de hecho, acá en Mendoza están privatizando a IMPSA (empresa de referencia en el diseño y fabricación de turbinas hidráulicas y componentes para centrales nucleares y de energía renovable). El INTA, CONEA, CNEA, todos esos institutos tampoco reciben financiamiento”, asevera.

Federica Scherbosky afirma que el desfinanciamiento decidido desde el gobierno central “perjudica muchísimo, y sobre todo, al interior del país porque en Buenos Aires tienen otros recursos”.

Otra vez la fuga de jóvenes brillantes

Julia Burton (37 años) y Federica Scherbosky (39) son de la misma generación. Ambas están preocupadas por sus salarios “planchados, muy planchados” y ven cómo muchas compañeras y compañeros deciden irse del país en busca de mejores salarios y reconocimiento a sus años de estudios.

“Nuestro salario cayó 30% en términos reales en un año”, explica Julia Burton, antes de afirmar que la precarización de las condiciones de trabajo y de los salarios desemboca en la “desintegración de los equipos de investigación”.

“Muchas personas están viendo posibilidades de irse a otros países”, pero a futuro no se trata solamente de dinero sino de la formación de recursos en los que el Estado invirtió muchos años.

“El tiempo que supone reconstruir después equipos y proyectos de investigación, no se salva sólo con inversión económica, porque la gente que se fue, se fue”, dice con amargura pero sin derrota.

Federica Scherbosky precisa que “como investigadora cobro menos de lo que cobraba cuando era becaria si lo pasamos a dólares, y los salarios universitarios están en la misma tónica. Entonces tenemos un montón de colegas que están trabajando en Chile y ganan tres veces más, por lo menos”. “Creo genuinamente que no van a generar el cierre del CONICET sino que van a dejarlo morir”, sentencia.

Una lucecita de esperanza

Quizá aferrándose a la idea de que en algún momento esto pueda revertirse cuenta que en su espacio de trabajo “hay un becario que está estudiando acerca de las trayectorias y las músicas cuyanas y cómo se da una identidad sonora en Cuyo”, celebra. Y a lo mejor, dentro de unos años se cumpla el Plan Argentina 2030 que por ley establece elevar la inversión en ciencia y técnica al 1% del PBI.

Fuente yahoraque.com