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La democracia aparente

Contra Mitre - columna del Dr. Luis Alen
¡Compartilo!

Con el arribo del 2023, vivimos escuchando como una especie de mantra que se repite
sin cesar que la Argentina cumple cuarenta años de democracia. La frase se lee en diarios
y revistas, la suelta cada personaje que tiene un espacio en la radio o la televisión. No
importa si es alguien del oficialismo -sea del sector que sea- o de la oposición en
cualqquiera de sus formas. Todos proclaman, en cada ocasión que se les presenta, que
es el período democrático más largo de nuestra historia.

Lástima grande, entonces, verse como la mancha negra en el rebaño de blancas ovejitas,
como la voz disonante que elige otro tono y otras palabras, distintas de las que entona
el desafinado coro de apologistas de la democracia, muchos de los cuales participaron
de cuanto golpe arrasó con las instituciones y la Constitución y otros tantos que alaban
cada vez que pueden a los culpables del genocidio desatado hasta el 10 de diciembre de
1983, fecha señalada como la del nuevo parto democrático.

Pero ocurre que uno aprendió, en algún tiempo pasado, que la democracia es algo más
que un sistema que te permite votar a partir de cierta edad. El diccionario, al que
siempre es bueno acudir en estos casos, trae varias definiciones: es tanto el sistema
político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por
medio de representantes, cuanto la forma de sociedad que reconoce y respeta como
valores esenciales la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y también
la participación de todos los miembros de un grupo o de una asociación en la toma de
decisiones.

Hay más definiciones en el diccionario, pero solo voy a sumar una más, atribuida a
Abraham Lincoln, a quien resulta casi imposible acusar de populista o algo por el estilo:
la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Caramba. Con tanta definición, al momento de contrastarlas con la realidad argentina,
por lo menos yo no logro creer que llevemos cuarenta años de democracia. Pregunto,
¿alguien cree que es el pueblo el que ejerce la soberanía en nuestro país? ¿Podemos
afirmar sin que se nos caiga la cara de vergüenza que todos los ciudadanos son iguales
ante la ley? ¿Todos los miembros de nuestra sociedad participan en la toma de
decisiones?

Veamos. En estos momentos, gran parte de los habitantes de la Capital y del conurbano
padecen continuos cortes en la provisión de energía eléctrica, que demuestran
palmariamente el fracaso de la privatización dispuesta en los años ’90, que de una
manera incomprensible otorgó a EDESUR -la principal responsable de los cortes- una
concesión por noventa y cinco años (sí, leyeron bien. Por noventa y cinco años). Bueno,
en estos momentos la Tribuna de Doctrina sale a oponerse a cualquier posibilidad de
estatización del servicio (editorial del 13/03/2023: “La peligrosa reestatización de
concesiones hidroeléctricas”). Sus argumentos siempre son a favor del capital privado y contra
el ejercicio soberano del poder de un estado sobre sus recursos energéticos: “Sería más
conveniente que, en la etapa que se inicie tras las elecciones nacionales, se creen
condiciones para convocar al capital privado en estas actividades. Será imprescindible
recomponer las tarifas para que cubran costos de eficiencia más la recuperación de las
inversiones». O sea, negocio para las empresas privadas y más ajuste sobre la población.
Todo muy democrático.

Hagamos un poco de historia acerca de esta cuestión de la energía. La Constitución de
1949 tenía un par de disposiciones relativas al tema. El artículo 39 decía: “El capital debe
estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social.
Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del
pueblo argentino”, mientras que el artículo 40, entre otras cosas, establecía que “Los
minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las
demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades
imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su
producto que se convendrá con las provincias. Los servicios públicos pertenecen
originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos
para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al
Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley
nacional lo determine”.

Pero esa Constitución fue borrada de la historia por un bando dictatorial. El 27 de abril
de 1956 la dictadura fusiladora de Aramburu y Rojas decidía “Declarar vigente la
Constitución nacional sancionada en 1853, con las reformas de 1860, 1866 y 1898, y
exclusión de la de 1949”. Ni la convención de 1957 ni la de 1994 retomarían las claras
definiciones de la norma excluida. Al llegar la ola neoliberal de los años ’90, se
sancionaría la Ley nº 24.065, Régimen de la energía eléctrica, que en su artículo 3º
establecía que “El transporte y la distribución de electricidad deberán prioritariamente
ser realizados por personas jurídicas privadas a las que el Poder Ejecutivo les haya
otorgado las correspondientes concesiones de conformidad con las disposiciones de las
leyes 15.336, 23.696 y de la presente ley. El Estado por sí, o a través de cualquiera de sus
entes o empresas dependientes, y a efectos de garantizar la continuidad del servicio,
deberá proveer servicios de transporte o distribución en el caso en que, cumplidos los
procedimientos de selección referidos en la presente ley, no existieron oferentes, a los
que puedan adjudicarse las prestaciones de los mismos”.

A su vez, el artículo 93 de la nueva ley declaró “sujeta a privatización total la actividad
de generación y transporte a cargo de las empresas Servicios Eléctricos del Gran Buenos
Aires Sociedad Anónima, Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado e Hidroeléctrica
Norpatagónica Sociedad Anónima, las que se regirán por la ley 23.696”. Con el nuevo
marco jurídico, se licitó la actividad de distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de la zona noroeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
los partidos-municipios que se ubican en el norte y noroeste del área metropolitana de
Buenos Aires a favor de la empresa EDENOR, celebrándose el pertinente contrato el 5
de agosto de 1992 por un término de noventa y cinco años. Mientras que el 31 de agosto
de 1992 se firmaba el contrato por el que se encomendaba a EDESUR la distribución y
comercialización de energía eléctrica dentro de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires
y 12 partidos del conurbano bonaerense, también por 95 años.

La historia reciente da cuenta de las innumerables denuncias formuladas contra ambas
empresas por los cortes en el suministro de energía eléctrica a sus clientes. Más para
EDESUR que para EDENOR, aunque ambas han sido objeto de críticas de los
consumidores y sanciones por parte del Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(ENRE). La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires solicitó, en julio de
2020, el fin de la concesión otorgada a EDESUR. Nada ocurrió.

Hablar de los continuos cortes y los problemas que traen aparejados en un lugar común
en estos días. Lo que muy pocos dicen es el por qué de esta situación recurrente. Pese
a la multiplicidad de reclamos y a lo crítico de la situación, las páginas de LA NACIÓN, en
cualquiera de sus versiones, poco y nada dicen al respecto. Solo un informe de María
José Lucesole sirve para tratar de culpar al odiado populismo, en la figura del gobernador
bonaerense Axel Kiciloff, por los problemas en las aulas. Bajo el título “La Plata: marcha
de sindicatos y alumnos por falta de infraestructura para enfrentar la ola de calor récord” la
cronista relata la protesta de un sector minoritario del sindicato de los docentes bonaerenses
pero nada dice de las quejas de miles y miles de usuarios contra EDESUR.

El pueblo, el que debe ser destinatario de los beneficios de la democracia, no los recibe. El
derecho de acceso a la energía es hoy considerado un derecho humano fundamental. El
progreso de la humanidad, al menos en algunos aspectos tecnológicos, hace nacer la
necesidad de dar respuesta a problemas que anteriormente no existían. Ya se sabe: donde
existe una necesidad hay un derecho, mal que le pese a los detractores del populismo.
Ya que estamos en ese punto, vayamos a la segunda cuestión. Todas las encuestas que
trataron el tema coincidieron: de los tres poderes del Estado, el judicial es el más
desprestigiado. Su cabeza es la Corte Suprema de Justicia, hoy en manos de cuatro personajes
que no fueron elegidos por el voto popular. Dos de ellos, incluso, aceptaron ser designados
por un decreto que claramente violaba el procedimiento constitucional (aunque después se
cumplieron esos requisitos). Esos dos mismos cortesanos se autoeligieron como autoridades
máximas del Tribunal, y a partir de allí, desempolvaron un viejo expediente y se apoderaron
del Consejo de la Magistratura. No contentos con ello, le dieron órdenes al Poder Legislativo,
y más aún, desconocieron la elección que el Senado hizo de sus representantes para el
Consejo y eligieron al que se les dio la gana. ¿Igualdad de todos ante la ley, participación de
todos en la toma de decisiones? Nada de eso. Hay cuatro déspotas que imponen su voluntad.
La democracia, bien, gracias.

No es extraño esto. Recordemos que hace poco Rosenkrantz despotricaba en Chile contra el
populismo y Rosatti alababa como fuente de nuestro derecho al liberalismo. Experto en esto
de decir una cosa y hacer lo contrario, el ex intendente de Santa Fe puede abjurar de su
pasado peronista como también renegar de algunas afirmaciones de otros tiempos, cuando
se pronunciaba en contra de cualquier injerencia del Poder Judicial en las atribuciones del
Poder Legislativo. Injerencia que se produjo claramente de la mano de su presidencia en la
Corte de los Milagros.

Si en la democracia el pueblo elige a sus representantes para que lo gobiernen, ¿es
democrático que estemos en una situación donde cualquier norma que moleste a una
oposición retrógrada y decidida a sostener los privilegios de unos pocos en desmedro de las
mayorías, termina siendo privada de eficacia por la voluntad de cuatro tipos a los que nadie
eligió con su voto?

Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo… No es que uno dude de la voluntad
democrática que profesan muchos dirigentes ni de sus intenciones de configurar una sociedad
que refleje esa voluntad. Lo que ocurre es que contra las fuerzas democráticas se levanta ese
conglomerado de medios hegemónicos que anticipan las sentencias que luego losjueces que
les responden dictan precisamente contra esos dirigentes.
La sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner, anticipada y anunciada por LA NACIÓN y
aplaudida por los escribas del pasquín de los Mitre-Saguier, es un claro ejemplo de cómo
funciona el Poder Judicial. Fundamentos que no fundamentan nada, llegando a extremos
verdaderamente absurdos (hablar de un perjuicio tan grande que no saben cuál fue, por
ejemplo); atropellos contra principios que -oh casualidad- no pertenecen a un sistema jurídico
populista sino a la más rancia tradición del derecho penal liberal, como lo son condenar por
administración fraudulenta de fondos del Estado a alguien que no los administraba, o
abandonar el principio de que una condena se basa en las pruebas por la convicción de los
magistrados que jugaban en las canchas del dormilón fanático de Netflix que logró que ningún
juez lo investigara en serio. Son tantas y tantas las necedades sostenidas por ese trío de
antijuristas que condenaron a Cristina que serían necesarias muchas más páginas que las que
abarca esta columna.

¿Es una democracia este sistema donde se aparta de la posibilidad de ser elegida a una de las
figuras más importantes de la escena política? Dirán que no hay proscripción sino
inhabilitación para ejercer cargos públicos. Un eufemismo para disfrazar la misma voluntad
que expresaron los golpistas del ’30 para perseguir al yrigoyenismo, los del ’55 para mantener
durante dieciocho años excluido al peronismo y exiliado a su líder. ¿Democracia para pocos?
En estos días ha fallecido Carlos Pedro Tadeo Blaquier. LA NACIÓN se preocupó por contarnos
que para acompañar al féretro que guardaba sus restos “La caravana había salido desde el
edificio de Arenales y Basavilbaso, donde vivía Blaquier, que presidió durante 43 años
Ingenio Ledesma y fue considerado uno de los empresarios más ricos de la Argentina (en
2020 Forbes lo ubicó en el puesto 24 de los ‘Los 50 más ricos de la Argentina’, con una
fortuna de US$ 490 millones)”. En sus avisos fúnebres, lo despidieron no solo sus
familiares y amigos sino una selección de apellidos de la oligarquía más rancia,
incluyendo ministros y funcionarios de varias dictaduras.

Nada dijo LA NACIÓN de las acusaciones en contra del difunto. Acusaciones por las que
no recibió condena judicial, porque la Corte tuvo sin tramitar su expediente durante los
años necesarios como para que falleciera sin haberse sometido al juicio oral y público.
Pero a no equivocarse. Sobre la impunidad no se construye democracia. La muerte no
lava los crímenes. La muerte no da certificado de inocencia. La muerte no equivale al
olvido de lo que fue ni al perdón de lo que hizo. Carlos Pedro Tadeo Blaquier murió como
criminal de lesa humanidad y genocida.
Una democracia real, y no aparente, hubiera celebrado su condena.