La nueva etapa económica del gobierno de Alberto Fernández

Por Alfredo Zaiat

En el terreno de la economía se pueden identificar tres etapas en el primer año del gobierno de Alberto Fernández.

1. La inicial va del 10 de diciembre de 2019 hasta el discurso del 1° de marzo inaugurando el año legislativo. En ese período, las medidas fueron un espejo inverso a las aplicadas también en los primeros días del gobierno de Mauricio Macri. En esas pocas semanas, la administración Fernández congeló las tarifas, subió las retenciones, reafirmó el control de capitales y del mercado cambiario, mejoró el ingreso con un bono en la amplia base de las jubilaciones mínimas y en el universo de titulares de AUH con el criterio «primero los últimos», propuso un Plan contra el Hambre y lanzó la tarjeta Alimentar, repuso el beneficio de medicamentos gratuitos en el PAMI y una rebaja general de medicamentos, bajó fuerte las tasas de interés, instauró la doble indemnización por 180 días por despidos sin causa, relanzó el programa Precios Cuidados y avanzó con un bono para los trabajadores formales.

2. La más breve se inició el 1° de marzo y culminó en forma abrupta a los pocos días con el shock de la pandemia. En ese discurso inaugural en el Congreso, Fernández presentó los lineamientos económicos generales que incluían arreglar la pesada herencia del endeudamiento macrista, bajar la tasa de inflación y rechazar las propuestas de ajuste económico. Anunció la presentación del proyecto para crear un Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino para discutir políticas de Estado. Propuso además otro proyecto de ley para el desarrollo del sector hidrocarburífero y minero.

3. La etapa que todavía se está transitando está dominada por los impactos fulminantes de la pandemia. Con las funciones básicas del Estado desarticuladas por la gestión macrista, el Gobierno igual pudo diseñar rápido una amplia red de emergencia para la contención sanitaria, laboral, social y productiva. Pudo haber sido mejor, más intensa y más profunda. Pero las fuertes restricciones financieras y fiscales fueron un potente limitante, además de la debilidad heredada de la organización estatal. En esos meses críticos, Fernández puede mostrar el éxito de la reestructuración de la deuda con acreedores privados pese a la campaña interna en contra de financistas y sectores del establishment. Además de evaluar la magnitud de los recursos involucrados para amortiguar los costos ineludibles de la crisis, ya que sin esos fondos las tasas de desempleo, pobreza e indigencia hubiesen sido todavía más dramáticas, hacer el ejercicio teórico de qué hubiera sucedido en el país con el macrismo al frente de la gestión de la pandemia facilita el análisis de las fortalezas y debilidades del gobierno de Fernández en estos meses fatales.

Otra etapa

Con el horizonte inmediato de la vacuna, una nueva etapa comenzará a desplegarse. Las primeras señales ya se vislumbran. Será una etapa que necesariamente tendrá que abordar las mismas tareas de reconstrucción previstas luego del desastre que dejó la alianza macrismo-radicalismo, pero que serán más desafiantes por los costos inmensos de la pandemia.

Esta cuarta etapa exige una política económica de recuperación de la actividad para generar las bases para un crecimiento sostenido. El Presupuesto 2021 estima un avance del Producto Interno Bruto de 5,5 por ciento. Esa variación positiva puede ser mayor.

Conseguir un fuerte aumento del Producto puede obtenerse como efecto rebote, si no aparecen medidas de freno de mano, luego del derrumbe acumulado 2018-2020. Pero para consolidar ese crecimiento se requiere una mejora persistente del ingreso de los trabajadores (formales e informales), jubilados y de titulares de derechos sociales, como la AUH.

El otro aspecto relevante de esa misión de reconstrucción es recomponer el entramado productivo y social.

Poder económico

La cuarta etapa económica del gobierno de Fernández exigirá la profundización de políticas redistributivas. A esta altura, con la experiencia traumática del tercer ciclo neoliberal que se extendió cuatro años, está demostrado que las recomendaciones de economistas ortodoxos sólo derivan en penurias para las mayorías. Y que las propuestas económicas del establishment sólo conducen a crisis de proporciones.

Al respecto, el Foro de Convergencia Empresarial, entidad que reúne a cámaras y corporaciones del poder económico, insiste con su prédica opositora. Ahora difundió un comunicado que más que mostrar el rechazo patológico a cualquier expresión de CFK, deja al desnudo a los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Con el objetivo de salir al cruce de los argumentos de Cristina Fernández de Kirchner sobre el comportamiento desestabilizador de la actual Corte Suprema, el Foro termina confirmando implícitamente el contenido de la carta que escribió la vicepresidenta.

Con el exagerado título «La Corte Suprema de Justicia y sus autoridades, pilar de la República», el Foro expuso a esos cuestionados jueces como fieles representantes de los intereses del poder económico.

El comunicado dice que «la vigencia de la República se garantiza cuando se asegura la división de poderes, la libertad de prensa, y un Poder Judicial independiente. En efecto, el Poder Judicial es un pilar fundamental del Régimen Republicano y cumple un rol central como garante de los derechos establecidos en nuestra Constitución Nacional».

Para agregar que «el respeto a la ley y a la dignidad de la justicia y en particular a la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sus autoridades es la base de la convivencia civilizada y un requisito indispensable para asegurar la institucionalidad que haga posible que Argentina retome el camino del desarrollo, de modo de generar empleos, ingresos y reducir la pobreza».

Esta defensa de los jueces de la Corte revela que éstos son piezas fundamentales de la preservación de los privilegios de los poderosos y un jugador político clave para perseguir y poner a la defensiva a los políticos que el poder económico rechaza.

Salario real

Además de las tensiones con los poderes fácticos, uno de los grandes desafíos del próximo año del Gobierno será la recuperación del ingreso de los sectores populares para consolidar la recuperación económica.

Ese objetivo pondrá bajó tensión la relación con el poder económico.

El más reciente informe de Cifra-CTA ofrece un ilustrativo cuadro de situación al analizar la evolución del poder adquisitivo del salario registrado. Apunta que la reducción en 2020 se suma a las caídas de los años previos, durante el gobierno de Macri.

En ese recorrido precisa que el deterioro salarial fue particularmente intenso desde el segundo cuatrimestre de 2018, para cerrar en diciembre de 2019 casi 15 por ciento por debajo del nivel de 2015.

En realidad, mientras que el poder adquisitivo del salario registrado del sector privado se mantuvo relativamente estable entre 2012 y 2015, el descenso se inicia desde el primer año del gobierno de Macri, en 2016.

En 2020 comenzó un proceso de recuperación con el decreto 14, de inicios de enero, que dispuso un «incremento solidario» uniforme para todos los trabajadores de 3000 pesos para ese mes y 4000 pesos para cada uno de los dos meses siguientes.

El reporte advierte que el escenario previsto para el año se vio rápidamente modificado con el coronavirus. Los salarios registrados reales del sector privado llegaron a su mínimo nivel en mayo, habiendo perdido 10,0 por ciento respecto a febrero, no solo por la falta de actualización del salario nominal en varios sectores en un contexto inflacionario sino también por las suspensiones con reducción salarial.

En septiembre, los salarios en promedio se ubicaron prácticamente al mismo nivel que en septiembre del año previo y 15,8 por ciento por debajo del promedio de 2015 según el Ministerio de Trabajo, y 18,4 por ciento inferior de acuerdo con el Indec.

O sea, este comportamiento del salario confirma la definición política del oficialismo: «la pandemia del macrismo ha sido más devastadora en el salario real que la pandemia del coronavirus«.

Paritarias

El informe de Cifra-CTA señala además que la trayectoria del salario del sector público viene siendo más desfavorable que la del sector privado, y esta situación se acentuó en 2020. En diciembre de 2019 el poder adquisitivo de ese salario promedio era 22,4 por ciento inferior al de 2015, y en septiembre de 2020 perdió casi 25 por ciento de su poder de compra respecto a ese mismo año.

A la vez, el reporte detalla qué sucedió con las paritarias. Indica que los ciclos habituales de negociación de cada gremio se vieron afectados por la pandemia y su impacto en la economía. Afirma que se observa una demora extraordinaria en los cierres de las paritarias y, en consecuencia, una caída del salario real.

Precisa que en buena parte de las negociaciones se establecieron acuerdos de corto plazo, y en muchos casos con sumas no remunerativas transitorias para mejorar especialmente la situación de los sueldos más bajos. Es el caso, por ejemplo, de los empleados de Comercio, Sanidad y Textiles.

Informa que los aumentos paritarios comenzaron a generalizarse recién a partir de julio-agosto, con incrementos parciales y acuerdos de revisión entre diciembre y el primer trimestre de 2021. Menciona que los aumentos anuales en general se ubican por debajo de la inflación y que existen también acuerdos vencidos donde aún no se ha podido cerrar una negociación.

Para el Ministerio de Trabajo, en octubre de este año el 84 por ciento de los trabajadores encuadrados en convenios había tenido aumentos salariales por paritarias. El informe Cifra-CTA señala, en cambio, que el 70 por ciento de esos aumentos fue parcial, es decir, no cubrió el año completo y el 43 por ciento fue no sólo parcial sino sólo con aumentos de suma fija.

Desigualdad

Este año de pandemia acentuó la desigualdad. Para conseguir legitimidad política en la cuarta etapa económica y en un año electoral la administración Fernández tendrá que intervenir en la inevitable puja distributiva. No será tarea sencilla teniendo en cuenta el reciente antecedente de resistencia de los ricos al aporte extraordinario de las grandes fortunas.

Un artículo reciente del FMI de Tahsin Saadi Sedik y Rui Xu ofrece un aviso a los gobiernos. En «Cómo las pandemias conducen a la desesperación económica y al malestar social», esos dos economistas analizaron la dinámica entre las grandes pandemias pasadas, el crecimiento económico, la desigualdad y el malestar social.

Estudiaron el efecto de otras pandemias en 133 países durante 2001-2018: SARS en 2003, H1N1 en 2009, MERS en 2012, ébola en 2014 y zika en 2016. Apuntaron que el malestar social aumentó constantemente después de cada una de esas crisis. Para sostener esa afirmación indicaron que el puntaje de desórdenes civiles de la International Country Risk Guide, que es una medida de alta frecuencia del malestar social en los países, aumentó significativamente un año después de la pandemia.

Para señalar que «nuestros resultados sugieren que sin medidas de política de protección para los más vulnerables, la pandemia de la covid-19 probablemente aumentará la desigualdad, desencadenará disturbios sociales y reducirá la producción futura en los próximos años».

Aconsejan que los responsables de la formulación de políticas deben prestar especial atención a la prevención de los efectos de las cicatrices en la calidad de vida de los menos favorecidos de la sociedad. «Un aumento de la desigualdad se asocia con más malestar cuando las transferencias redistributivas son bajas, lo que sugiere que las medidas de seguridad social ayudan a reducir las tensiones sociales«, concluyen los economistas del Fondo.

El ministro Martín Guzmán tiene la oportunidad de entregar este artículo de técnicos del FMI para aflojar a directores del FMI de potencias que están reclamando un ajuste para cerrar un nuevo acuerdo con el gobierno de Alberto Fernández.

Fuente Pagina 12