Milei trae la guerra aquí adentro

Un decreto del Poder Ejecutivo detecta que hay un vacío en la definición de “objetivo de valor estratégico” y concentra esa definición en el Presidente. Mientras tanto, avanza la policialización de las Fuerzas Armadas. En parte se debe a una presión de los EE.UU., que no practica la confusión entre defensa y seguridad interior dentro de su país, y en parte es una decisión de Milei, que quiere terminar en la Argentina con la distinción entre las dos áreas. La pregunta clave: ¿cómo se responde a una amenaza cuando el instrumento de agresión no es militar?

El Gobierno de Su Excelencia, empezando por el propio Presidente, gusta presentarse como un campeón nacional e internacional de cada tema, pero omite la experiencia. La doméstica y la externa.

Los argentinos saben que cuando las Fuerzas Armadas hicieron de policía local, en las dictaduras, aplicaron todo su poderío para liquidar al enemigo interno. Es decir, a buena parte de la propia población, empezando siempre por los delegados sindicales. En la última dictadura, la que fue de 1976 a 1983, hasta hubo un plan sistemático de terrorismo de Estado. Incluso lo probó con detalle la Justicia civil con todas las reglas del imperio de la ley.

Volver a unas Fuerzas Armadas mezcladas con la seguridad interna supone un peligro que el país ya sufrió.

Alguien podrá decir que ese país ya no existe. Perfecto. Si se admite el argumento, y sólo como hipótesis, habría que considerar la experiencia de otros países.

En Colombia y México la intervención militar en lo que los Estados Unidos, y ahora Su Excelencia, llaman “amenazas”, en ese caso el narcotráfico, derivó en una violencia todavía mayor que la existente al momento de la policialización. Ni siquiera hay cifras oficiales de muertos, pero se cuentan por cientos de miles. Basta mencionar la masacre de Ayotzinapa, un operativo con base militar y conexión narco que remató en la muerte de 43 normalistas.

En el ejemplo colombiano, además, las muertes se articularon con la violencia que comenzó con el asesinato del líder popular Jorge Eliézer Gaitán en 1948.

La intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna no sólo las coloca en una función para la que no fueron preparadas. Sobre todo, como ocurrió en Colombia y México, las contamina. Con el narcotráfico, por ejemplo. Y ése es un viaje de ida que la Argentina puede emprender en cualquier momento si el Gobierno no frena. O si nadie frena al Gobierno.

Su Excelencia gusta del maquillaje pero no suele cambiar de atuendo: pasa del traje oscuro y la camisa celeste a la campera de cuero negro y el pantalón cargo, y de ahí otra vez al traje oscuro. Sin embargo, hay una excepción. O lo fascinan los uniformes militares, o los usa porque tiene planificado impresionar a la gente de Bien y asustar a la gente de Mal. Su primera aparición con uniforme de fajina fue al principio de su Gobierno. Bahía Blanca quedó devastada por un temporal. El Presidente Javier Milei fue de fajina y participó en una reunión muy mentada en el último año. Mentada y, además, premonitoria para quienes no lo conocían aún en detalle, porque allí dijo que no dudaba de que los bahienses se las iban a arreglar muy bien. Los benévolos interpretaron que era un elogio a la templanza de los habitantes de Bahía Blanca. Los malévolos advirtieron que las palabras de Su Excelencia no eran un elogio sino el anuncio de que no habría un peso. Pues bien: no hubo. El Presidente está en todo su derecho de vestir el uniforme que se le ocurra. Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Ninguna autoridad, ni civil ni militar, está por encima suyo. Pero aquella emergencia, en términos presidenciales, fue la primera ocasión en que Su Excelencia apareció en público con el mensaje implícito de “soy la autoridad y aquí estoy, donde corresponde”.

El uso de atributos militares es común en el ministro de Defensa, Luis Petri. Tanto Su Excelencia como Petri, y también Patricia Bullrich, usan uniforme de las Fuerzas Armadas o de seguridad para remachar un concepto falso: que el gobierno de Néstor Kirchner y los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández degradaron a las Fuerzas Armadas y las humillaron. El argumento es común a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que además de posicionarse en términos de agenda pública busca siempre fortalecer su incidencia en lo que despreciativamente suele llamarse “voto gorra”. Es el modo en que votan los militares, los integrantes de las fuerzas de seguridad y, muchas veces, sus familias. 

Ninguno de los funcionarios que emiten mensajes sobre las supuestas vejaciones kirchneristas o peronistas ofrece ningún dato. Sólo dejan caer frases hechas, que a su vez se articulan con su desapego respecto del consenso democrático en torno de los derechos humanos o directamente su lucha contra ese consenso. El esquema sería éste:

*El kirchnerismo es la continuidad de los Montoneros y el ERP. 

*Ni el kirchnerismo ni los organismos de derechos humanos igualan las acciones terroristas de la guerrilla a las del Estado.

*No hubo terrorismo de Estado sino, a lo sumo, “excesos” en medio de una guerra.

*Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, procesos judiciales incluidos, fueron una forma de propaganda “zurda” y no, como reconoce hasta un Estado poco sospechable de izquierdismo como Francia, un ejemplo de aplicación del debido proceso contra los autores de los crímenes más atroces de la historia argentina. 

*Esa propaganda “zurda” fue una manera de desacreditar a las Fuerzas Armadas y a sus integrantes.

En realidad, como lo destaca el exsecretario de Estrategia y Asuntos Militares Sergio Rossi, el Gobierno de Milei no sólo no enaltece la función de los militares. Al contrario. Según Rossi, “los policializa”. Lo hace en el plano institucional, dice Rossi, y en el plano individual, como si fuera un trabajo hormiga que va desplazando militares no sólo hacia funciones de seguridad interna sino hacia la tendencia a convertirlos en miembros de las fuerzas de seguridad. Recuerda el exsecretario que eso ya ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, cuando la policía porteña reclutó retirados o exonerados de fuerzas de seguridad federales y también militares. El factor de atracción era que ganarían sueldos mejores.

Pocos países lograron, como lo hizo la Argentina, acuerdos legislativos de las principales fuerzas políticas, en su momento el peronismo y el radicalismo, para llegar a una distinción clara entre las funciones de seguridad interna y las de defensa nacional. El sistema argentino es el mismo que el de Estados Unidos, pero sí su principio de que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Simple, pero clarito como la diferencia entre dictadura y democracia, que de allí viene la nitidez. 

Desde el principio de su gestión, Su Excelencia y quienes lo acompañan vienen tratando de torcer ese rumbo. 

La última jugada es el decreto 1107/2024 que acaba de dictar el Poder Ejecutivo. 

Conviene analizarlo por partes:

*Recuerda que la Ley de Defensa Nacional, la 23.554, establece que “la defensa nacional tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes”.

*Sostiene que “el legislador”, o sea el núcleo de los debates en el Congreso, consideró que es necesario custodiar los “objetivos estratégicos”.

*Asegura que la Ley de Defensa Nacional “no contiene una definición del término ‘objetivo estratégico’ que permita identificar con certeza qué bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas revisten tal carácter”.

*Afirma que es necesario detectar anticipadamente lo que denomina “amenazas” y “agresiones” que puedan afectar a esos objetivos estratégicos.

*Dice que esas “amenazas” o “agresiones” pueden provenir de “fuerzas, organismos, organizaciones o actores estatales, paraestatales o criminales de origen transfronterizo o nacional, durante períodos de paz, de guerra o conflicto armado y en situaciones de conmoción interior”.

*Señala que “compete al Presidente de la Nación determinar los Objetivos de Valor Estratégico que han de ser objeto de protección por parte de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales y de Seguridad”.

*Dice que una amenaza es “el terrorismo internacional”, peligro que se agudizaría “con las nuevas tecnologías aplicadas al arte del combate no convencional”.

*En la parte dispositiva, el artículo 2 reafirma que la calificación de Objetivo de Valor Estratégico “será competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional”, a propuesta del jefe de Gabinete, del ministro de Defensa o del ministro de Seguridad. 

*El artículo 3 contempla “el apoyo de las Fuerzas Armadas.

*En caso de guerra o conmoción interior, el comando operacional recaerá en las Fuerzas Armadas.

En esta revista el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra explicó por qué Su Excelencia es un monopresidente, con facultades de hecho omnímodas que van más allá de la Constitución y se basan, por ejemplo, en el decreto de necesidad y urgencia 70 del 2023, que Ferreyra tacha de inconstitucional.

La capacidad de definir unilateralmente qué es un objetivo de valor estratégico podría ser, entonces, parte de ese monopresidencialismo en vigencia.

La policialización de las Fuerzas Armadas es parte de una estrategia del Comando Sur de los Estados Unidos. Aunque sanamente no lo hacen en su país, buscan que las Fuerzas Armadas de América latina se dediquen cada vez más a lo que llaman “amenazas”, asunto para el cual existen cuatro fuerzas de seguridad federales, además de las provinciales y a Policía de la Ciudad.

Cuando Al-Qaeda derrumbó las torres gemelas de Nueva York y causó miles de muertes, la polémica sobre la distinción entre defensa y seguridad nacional se reavivó en la Argentina. En ese entonces, militares retirados como Luis Tibiletti explicaban algo que parecía de sentido común: si la amenaza no es militar, la respuesta no tiene por qué ser militar. Traducido: si la amenaza, o directamente la acción, está representada por un suicida que secuestra un avión civil, ¿cuál sería la función de los militares más allá de, eventualmente, derribar un avión como efectivamente sucedió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? ¿La prevención, la detección y la neutralización, como ocurre en ese país, no es más bien función de los organismos de seguridad y del múltiple aparato de inteligencia?

A veces las falacias empiezan por un uniforme impostado y terminan cambiando la parte noble, la que no hay que desechar, de 41 años de democracia que costó tanto edificar.

Fuente ¿Yahoraque?