RECORTADOS

Por Luis Hipólito Alen – Megafon/Universidad Nacional de Lanús

Cuando hay algo que no podemos hacer a pleno, lo sentimos recortado, como que nos sacaron una parte imprescindible y ya lo que pensábamos realizar no va a ser lo mismo. Igual pasa con los derechos. Cuando su ejercicio total es impedido por cualquier hecho, cuando alteran su sentido o sus implicancias en nuestra vida o en la de la sociedad, estamos frente a un derecho recortado que por esa razón deja de serlo. Porque recortar tiene como sinónimos a cortar, cercenar, amputar, seccionar, podar, talar, rebajar, mondar, rapar, pelar, disminuir, reducir, aminorar, menguar, limitar. Quién puede pensar, entonces, que un derecho recortado sigue siendo un derecho.

Esa sensación de que nos amputan nuestros derechos es algo con lo que los argentinos venimos conviviendo desde hace ya varios años. Y que deja de ser una sensación para convertirse en un hecho irrefutable cuando justamente quienes deberían ser los garantes de que podamos ejercer esos derechos a pleno, son los que los cercenan. Para no quedarnos en palabras, vamos a las pruebas de lo que estamos sosteniendo.

La Argentina reconoce, en su Constitución, un vasto catálogo de derechos fundamentales, puesto que a los contenidos en el texto original de 1853 (con sus reformas de 1860, 1866, 1898 y 1957) se adicionaron los que consagran los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Por supuesto, el primer derecho fundamental que tenemos es el derecho a la vida. Que se complementa con el derecho a la salud. Ya volveremos sobre esto. Otro de nuestros derechos es el derecho a la información y la comunicación, que es fundamento de otros, ya que la democracia se construye con una ciudadanía que ejerce su soberanía en plenitud cuando se encuentra debidamente informada de todo aquello que concierne a la vida en común de quienes habitan este suelo, y puede a su vez transmitir a los demás sus pensamientos y opiniones libremente. Ese derecho necesita, en un mundo que presenta casi cotidianamente avances en las tecnologías de la información y la comunicación, que se garantice la pluralidad de voces que permita esa polifonía que caracteriza a la democracia.

 Cuando se apagan voces, se consolida una sola y poderosa fuente que es la que informa y comunica lo que se le ocurre, la democracia se ve menguada, limitada. Eso nos viene sucediendo en este bendito país. Contamos con una ley de servicios de comunicación audiovisual que fue pensada y construida desde el debate y el aporte de miles y miles de ciudadanos, desde los expertos en todos los aspectos que componen el universo de la información y la comunicación, a los usuarios de esos servicios, pasando por quienes trabajan en los medios, quienes desde lo jurídico estudian y enseñan las normativas que consagran el derecho a la información y la comunicación, y defienden ante los tribunales a quienes intentan limitar, podar, su ejercicio. Esa ley fue oportunamente votada por legisladores del oficialismo de aquel momento, acompañados por muchos otros que eran opositores pero que comprendían el valor de lo que se estaba votando. Sin embargo, nunca alcanzó a tener una vigencia plena y concreta. Diversos fallos de los tribunales que deberían administrar justicia, lo impidieron, favoreciendo a quienes pretenden mantener su posición hegemónica y desde la misma consagrar un discurso único. Ni siquiera importó que la Corte Suprema de Justicia dijera que la norma era constitucional, ni aún así se logró que la ley se aplicara en su totalidad.

 Después nos vimos sacudidos por el tsunami neoliberal que vino a arrasar con nuestros derechos, desde diciembre de 2015. Y una de las primeras medidas adoptadas por el ingeniero sin ingenio y sus secuaces fue desmantelar el núcleo de la ley, con el simple dictado de un decreto cuya necesidad y urgencia nunca fueron demostradas. Los mismos tribunales que tan rápida y diligentemente se habían prestado a cumplir con los deseos de los grupos hegemónicos ahora no se preocuparon por examinar debidamente el úkase del domador de reposeras, y la Corte pese a los años transcurridos no intervino en el asunto ni resolvió sobre el mismo. LA NACIÓN, cuándo no, fue una de las usinas que motorizaron la oposición a la ley, junto con sus compinches del clarinete mentiroso. Con los que los unen no sólo la misma ideología reaccionaria sino lazos económicos y familiares. Que los Saguier que hoy manejan los medios del mitrismo, son hijos de Matilde Ana María Noble, sobrina del fundador del clarinete.

 A partir del decreto de marras la cosa sólo podía empeorar, y eso fue lo que ocurrió. CLARÍN consolidó su posición dominante, quedándose con Telecom Personal y Nextel. Con la llegada al gobierno de Alberto Fernández, la cosa no cambió mucho. El decreto sin necesidad ni urgencia del dormilón sigue en vigencia, y la única medida sustancial adoptada, el decreto de necesidad y urgencia 690/2020, complementado por las resoluciones reglamentarias del Ente Nacional de Telecomunicaciones 1466/2020, 1467/2020 y 204/2021, fue suspendido por seis meses por un fallo de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, con voto mayoritario de los jueces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez, que admitieron un recurso de apelación interpuesto por Telecom Argentina. O sea, por Clarín.

El DNU 690/2020 consideraba servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga, y a través de las resoluciones citadas se fijaba el monto de los aumentos que los proveedores de tales servicios podían implementar. Pero el recorte más monstruoso, el derecho cortado, cercenado, amputado, seccionado, podado, talado, rebajado, mondado, rapado, pelado, disminuido, reducido, aminorado, menguado, limitado, es nada más y nada menos que el derecho a la vida. Sin el cual no se puede disfrutar ningún otro derecho. Y quien lo recortó, en otra muestra de su decisión de constituirse como el único poder real de los tres poderes del Estado, fue la Corte. Como siempre, su fallo fue adelantado por la Tribuna de Doctrina. Que lo conocía de antemano y que venía anticipando cómo quienes deberían ser los guardianes del orden constitucional y los garantes de los derechos fundamentales, iban a hacer todo lo contrario.

El 02/05/2021 Joaquín Morales Solá titulaba su columna “Cuando contagian el virus del odio”. Claro que no se refería al accionar de la derecha, que en cualquiera de sus variantes se caracteriza por odiar todo lo que sea o parezca favorable al pueblo, sea en la falsa amabilidad del alcalde porteño, en la imposibilidad de hablar claro del domador de reposeras o en la brutalidad de la saltimbanqui que preside el Pro.

El vocero del Operativo Independencia dice que “Construir la cultura del odio o de la pacificación es una obra fundamental de los presidentes. Cristina eligió sembrar el odio cuando encogió el ‘nosotros’ y amplió el ‘ellos’. Con sus palabras de los últimos días, Alberto Fernández descartó la pacificación y les habló a los argentinos que prefieren odiar. El odio es un virus letal para cualquier sociedad. No tiene vacuna ni la tendrá”. Falseando la realidad como siempre, Morales tergiversa todo. Porque si hubo gobiernos que ampliaron los derechos, fueron los de Néstor y Cristina Kirchner. Contrariamente, la derecha sólo se preocupa por los intereses de los poderosos. Aquellos a los que sirve Morales Solá. Curiosamente (o no tanto).

 Hace más de un año, el 22/04/2020, mi columna Contra Mitre se tituló “El virus del odio”. Dije entonces, y lo reitero ahora, que “el antiperonismo es una enfermedad inoculada por el virus del odio. Un odio que nace de las profundidades de nuestra historia. El odio contra las montoneras federales que don Bartolo (y su socio Faustino el sanjuanino) llevaron a una de sus máximas expresiones en la década de 1860. El odio contra los anarquistas en la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde. El odio contra los yrigoyenistas en los tiempos del fraude patriótico. Toda una historia del odio que encuentra su cauce a partir de 1945 en el rechazo a ese subsuelo de la patria sublevada que osó poner en crisis el bloque histórico construido por las oligarquías vernáculas sobre los huesos del gauchaje explotado y combatido”.

Ese virus del odio se sigue manifestando hoy. Es el que inunda las líneas escritas por Jorge Fernández Díaz el 02/05/2021, cuando habla de los “Peligros de un grave malentendido”. Quién sabe a qué peligros y a qué malentendido se refiere el novelero, porque comienza haciendo el panegírico del libro que se publicó como de la autoría de María Eugenia Vidal, tan poco original que copió el diseño del que escribiera Michelle Obama. Fernández Díaz se alegra porque la ex gobernadora que no quería construir hospitales ni ver a los pobres en la universidad, “rechaza la condición de halcón y asume definitivamente su vocación de paloma: allí comienza a recitar su catecismo consensual y a describir la grieta como la gran tragedia argentina”. Que lo diga una de las más empecinadas constructoras de la política persecutoria desplegada por la derecha gobernante de 2015 a 2019, es algo que ofende al sentido común. Que quien posaba de hada buena enuncie que cuestiones como “la democracia, la independencia de la Corte y del Poder Judicial, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y el derecho a la propiedad no son discutibles” parece una broma de mal gusto, a poco que se recuerde que el gobierno del que formó parte atropelló, pervirtió, desnaturalizó y destruyó todo cuanto pudo que estuviera en relación con esos principios.

Un poco más adelante, el novelero proclama que “resulta imposible una tregua sin un alto el fuego, y el kirchnerismo no ha dejado ni un día de disparar con munición gruesa ni de renunciar, para una tregua, a sus salvajes copamientos institucionales”. Como siempre, describe en los otros lo que hacen sus propios mandantes. Porque Alberto Fernández anunció, en julio de 2019, cuando todavía era un simple candidato, que para él la guerra con el periodismo se había terminado. Lo que ocurrió fue que LA NACIÓN y CLARÍN no se dieron por enterados, y por el contrario aumentaron las hostilidades. Ahora, podría al menos Fernández Díaz no contradecirse en su propia columna. Porque si alaba la posición de paloma de la ex gobernadora, cómo se explica que luego critique que “quienes se alzaban contra los atropellos eran criticados en cafés de confidencia con politólogos y periodistas políticos. Como si refutar mentiras, frenar la colonización de la Justicia, denunciar la impunidad de rebaño y las negligencias criminales y los vacunatorios del clientelismo, o acompañar siquiera espiritualmente los banderazos –ese impresionante fenómeno popular emergente– fueran ideas imprudentes de sociópatas aclimatados en el odio”. Ojo con equivocarse, cuando describe esa presunta resistencia no habla de quienes se enfrentaron al macrismo. Está alabando a los halcones que comanda la saltimbanqui, siempre lista al enfrentamiento brutal mientras propone cambiar las Islas Malvinas por vacunas de Pfizer. Que a esta altura parece el patrocinante de todos los columnistas del pasquín de los Mitre-Saguier.

El 03/05/2021 Luciana Vázquez arremete contra el derecho a la libre expresión y la libertad de cátedras, y habla de “La UBA kirchnerista y los dilemas del pluralismo esquivo”. De arranque nomás se despacha diciendo que “Con la presencia de Amado Boudou ayer en un seminario en la carrera de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, se constata el regreso insistente de tres problemas centrales que pesan sobre el kirchnerismo, y le pesan a la sociedad en épocas de hegemonía kirchnerista, y que ponen como epicentro de su despliegue a la vida universitaria. Cuando la libertad de cátedra se confunde entonces con libertad de militancia”. El título de la nota ya dice lo que no es. La UBA es cualquier cosa menos kirchnerista. Su rector, Alberto Barbieri, llegó al cargo apoyado por la Franja Morada, expresión universitaria de la UCR, y su vice es Juan Pablo Más Vélez, militante radical desde siempre. Y la libertad de cátedra es un principio irrenunciable en la vida universitaria, milite donde milite quien desee ejercerla. No hay confusión posible, lo que ocurre es que Vázquez desnuda desde esa primera frase su vocación persecutoria contra todo lo que aparezca como vinculado al kirchnerismo, para el que parece que no debe existir esa libertad de cátedra. Como recetando una letanía común a los escribas del mitrismo, recuerda los homenajes rendidos en la Universidad de La Plata a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro y se queja de que “reaparecen obsesiones del kirchnerismo y lo contrario, sus imposibilidades políticas. Se trata del problema del pluralismo y la enorme dificultad del kirchnerismo para concebirlo y construirlo; el problema de la verdad y la capacidad kirchnerista para enredarla y reconstruirla a voluntad, en este caso la verdad jurídica que supone la condena firme de Boudou, y el problema institucional que acarrea en la vida universitaria ese funcionamiento kirchnerista que escapa al debate franco y excluye voces distintas en el aula universitaria”.

Puede decirse que la obsesión de cualquier columnista de LA NACIÓN por arremeter contra la Venezuela bolivariana y sus líderes es un tema recurrente que demuestra que cualquier señal de pluralismo está prohibida en la Tribuna de Doctrina si incluye al denostado chavismo. El problema de la verdad debería presentársele a la cronista si decidiera, por un momento, escaparse de los clichés que le imponen sus patrones y analizar la realidad de las causas por las que Amado Boudou fue condenado, y la actuación de los diversos tribunales que lo juzgaron, hasta la Corte Suprema de Justicia que, una vez más, recortó derechos y se negó a examinar los argumentos de la defensa del ex Vicepresidente. Un recorrido en el que aparecen arrepentidos que cobran por sus servicios, como única fuente que sustenta las acusaciones tan ampliamente publicitadas en los medios hegemónicos. Pero la escriba se preocupa por un supuesto problema institucional que acarrearía la presencia de Boudou como invitado a participar en una actividad organizada por docentes de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales.

Vázquez se pregunta si “¿Es aceptable que un condenado preso, con prisión domiciliaria en este caso, un exvicepresidente de la Nación, dé una clase en una universidad, con el reconocimiento que eso implica y la autoridad que le confiere, si además esa universidad es pública, es decir, es patrimonio de toda la sociedad y no de un sector político?”. La pregunta es tramposa, por varios motivos. Boudou no dio una clase sino que participó como invitado en un Seminario destinado a debatir sobre “El periodismo en su laberinto. Guerra jurídica y mediática, noticias falsas, operaciones políticas y otras delicias de la independencia” que dictan Gustavo Bulla y Daniel Rosso. No hay ninguna regla que prohíba a los docentes, sean quienes sean, invitar a una persona que haya sido objeto de una condena. Quienes se encuentren en esa situación no pierden sus derechos, salvo el de la libertad ambulatoria, pero de ninguna manera se les puede privar de su derecho a expresarse libremente. Parece que eso molesta, y mucho, a la columnista, que reprocha tanto al rector Barbieri como a la Directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, Larisa Kejval, que hayan hecho expresa referencia al derecho a la libre expresión para justificar la presencia de Boudou.

También le molesta que Bulla y Rosso sean kirchneristas, puesto que, como cualquiera puede advertir, las libertades que LA NACIÓN defiende son sólo para aquellos con quienes simpatiza o a los que sirve, un universo del que el kirchnerismo está excluido. Nadie ni nada impide que quien quiera hacerlo organice una actividad universitaria en la que se cuestione a Boudou, al kirchnerismo, a Chávez y a Maduro y a quien se le ocurra al neomitrismo. Esa es la forma en que el pluralismo se manifiesta, no tratando de impedir actividades como la que tanto preocupa a Luciana Vázquez.

Pero volvamos al recorte de la Corte. Dije que fue anticipado en los medios. Ya antes de conocerse lo resuelto por los cortesanos, LA NACIÓN (https://www.lanacion.com.ar/politica/la-corte-suprema-postergo-una-definicion-sobrelas-clases-presenciales-nid30042021/?R=123236) decía que “La Corte Suprema tiene listo su fallo en la causa por las clases presenciales”. Y explicaba que “La Corte Suprema de Justicia tiene listo su fallo en la causa promovida por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires contra el decreto nacional que prohibió las clases presenciales. La sentencia sería dada a conocer hoy y se formaría con tres votos diferentes; uno de Carlos Rosenkrantz, uno de Ricardo Lorenzetti y otro de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda juntos. Elena Highton, que había sostenido que este caso no era de competencia de la Corte Suprema, no votaría”. Tal como fue la sentencia. También anunciaba que “Los tres votos reafirmarían la autonomía de la Ciudad, en respuesta a la demanda que presentó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, contra el decreto presidencial que suspendió por 15 días las clases presenciales”. Y así salió la sentencia, tal y cual LA NACIÓN lo manifestaba.

La Corte, cuyos magistrados por cierto dictaron sus votos a distancia y no se arriesgaron a la presencialidad, recortó una vez más los derechos que debía garantizar. Consagró una supremacía de la ciudad de Buenos Aires por sobre el resto del país. Alentó la rebeldía del alcalde porteño contra las decisiones del Presidente de la Nación. Obligó a niñxs y adolescentes a ponerse en riesgo, al tener que concurrir a las clases presenciales. Desconoció la letra y el espíritu de la Constitución, al conceder a la ciudad autónoma un status que no le pertenece. Incluso el voto conjunto de Rosatti y Maqueda crea una nueva categoría, la de “ciudad constitucional federada” que por cierto no existe ni en la Carta Magna ni en ninguna otra ley de nuestro ordenamiento jurídico. Obvió una realidad que pocas explicaciones precisa, la de una pandemia que se retroalimenta cuando se generan situaciones de contacto, como las que ocurren en el trayecto hacia las escuelas y la entrada en las mismas, y en las burbujas escolares y sus protocolos, que como se vio el propio alcalde porteño y su ministra de educación violan impunemente.

El ataque directo contra el orden jurídico y el derecho a la vida y a la salud que implicó la rebeldía de Rodríguez Larreta contra el decreto presidencial recibió su consagración en un fallo que a más de haber sido anticipado por los medios hegemónicos responde exactamente a sus intereses. Una vez más la muerte triunfa por sobre la racionalidad, el odio se impone y dicta sus sentencias y pervierte todo lo que debería defender. Estamos cercenados, amputados, seccionados, podados, talados, rebajados, mondados, rapados, pelados, disminuidos, reducidos, aminorados, menguados, limitados. Tal vez esté llegando el momento en que en lugar de cuatro abogados atrincherados en sus cargos, que se creen los dueños de una República arrodillada, el pueblo clame por sus derechos y los haga valer. Que así sea.