‘Tenemos que separar a los niños’: cómo unos funcionarios impulsaron la política de separación de familias en EE. UU.

Por Michael D. Shear, Katie Benner, Michael S. Schmidt  – New York Times en español –

WASHINGTON — Los cinco fiscales estadounidenses asignados a la frontera con México, tres de los cuales fueron designados por el presidente Donald Trump, reaccionaron en mayo de 2018 de manera desfavorable a una orden para procesar a todos los inmigrantes que ingresaran de forma ilegal en Estados Unidos, incluso si eso implicaba separar a algunos menores de sus padres. Les indicaron a funcionarios de alto rango del Departamento de Justicia que sentían una “gran preocupación” por el bienestar de los niños.

Pero Jeff Sessions, quien en ese momento era el fiscal general, dejó muy claro que eso era lo que deseaba Trump en una conferencia telefónica sostenida esa tarde, según reveló una investigación de dos años liderada por el inspector general del Departamento de Justicia sobre la política de “tolerancia cero” que separó a muchas familias.

El Times: Una selección semanal de historias en español que no encontrarás en ningún otro sitio, con eñes y acentos.

“Tenemos que separar a los niños”, le dijo Sessions a los fiscales, según las notas de los participantes. Uno incluyó en taquigrafía lo siguiente: “Si les importan los niños, no los traigan. No vamos a darles amnistía a quienes vengan con niños”.

Rod Rosenstein, fiscal general adjunto en esa época, incluso fue más allá en una segunda llamada telefónica efectuada una semana después, cuando les indicó a los cinco fiscales que no importaba cuán pequeños fueran los niños. Señaló que los abogados del gobierno no deberían haberse negado a proceder con dos casos tan solo porque los niños eran casi unos bebés.

“Esos dos casos no deberían haberse rechazado”, le escribió a su personal John Bash, fiscal saliente en el oeste de Texas, inmediatamente después de la llamada. Bash rechazó los casos, pero Rosenstein “instruyó que, conforme a la política del fiscal general, NO deberíamos rechazar de manera categórica casos de inmigración que involucren a adultos que vengan con sus familias debido a la edad de un menor”.

Los funcionarios de alto rango del Departamento de Justicia fueron una “fuerza impulsora” de la política que favoreció la separación de miles de familias, muchas de las cuales huían de la violencia en Centroamérica y buscaban asilo en Estados Unidos, antes de que Trump la abandonara debido a la indignación global, según un informe preliminar sobre los resultados de la investigación preparado por el inspector general del departamento, Michael E. Horowitz.

La separación de los niños inmigrantes de sus padres, en algunos casos durante meses, era un aspecto central del ataque del gobierno de Trump contra la inmigración. Sin embargo, la violenta reacción pública cuando el gobierno tuvo dificultades para reunir a los niños con sus familiares se convirtió en uno de los peores desastres de las políticas del actual presidente.

Aunque Sessions intentó distanciarse de esa situación con el fin de que Trump y los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional cargaran con la culpa, tanto él como otros funcionarios de alto rango sabían que “tolerancia cero” significaba separar a las familias inmigrantes y querían que eso sucediera porque creían que así se desalentaría la inmigración ilegal en el futuro, escribió Horowitz.

“El hecho de que el departamento se haya concentrado en iniciar más procesos fue en detrimento de la aplicación eficaz y prudente de la política, en especial en lo referente a los procesos que involucraban adultos con familia y las consecuentes separaciones de los niños”, subrayó el informe.

El informe preliminar, que cita más de 45 entrevistas con funcionarios clave, correos electrónicos y otros documentos, ofrece la perspectiva más completa de las conversaciones sostenidas en el Departamento de Justicia, mientras se desarrollaba la política de separación de las familias, se promovía su aplicación y finalmente se concretaba sin preocuparse mucho por los niños.

Este artículo se basa en una revisión del borrador de 86 páginas de ese informe y en entrevistas con tres funcionarios gubernamentales que lo leyeron en meses recientes y describieron sus conclusiones y muchos de los detalles que contiene. Los funcionarios, que hablaron con la condición de mantenerse en el anonimato porque no están autorizados para hablar del asunto, advirtieron que el informe definitivo podría incluir cambios.

Antes de publicar los hallazgos de sus investigaciones, la oficina del inspector general por lo regular les entrega copias preliminares del documento a los dirigentes del Departamento de Justicia y a otras personas mencionadas en los informes con el fin de verificar que sea preciso.

Horowitz estaba preparado para dar a conocer su informe desde finales del verano, según una persona al tanto de la investigación, pero lo más probable es que el proceso que permite respuestas de funcionarios actuales y antiguos del departamento cuya conducta se escudriña retrase su divulgación hasta después de las elecciones presidenciales.

Sessions se negó a conceder una entrevista, puntualizó el informe. Rosenstein, que ahora ejerce la abogacía en el sector privado, se defendió en la entrevista que tuvo con los investigadores al responder las preguntas sobre su participación, según dos de los funcionarios. La antigua oficina de Rosenstein entregó una respuesta de 64 páginas al informe.

“Si un fiscal estadounidense inicia el proceso contra un acusado que, en lo personal no considera que amerita dicho proceso, incurre en una contravención de su juramento”, afirmó Rosenstein en un comunicado. “Nunca le ordené a nadie que procesara un caso”.

Gene Hamilton, uno de los principales abogados y aliados de Stephen Miller, el arquitecto de la estrategia del presidente contra la inmigración, señaló en una respuesta de 32 páginas que los funcionarios del Departamento de Justicia solo recibieron cierta orientación del mandatario. Hamilton citó una reunión que sostuvo el 3 de abril de 2018 con Sessions, con la secretaria de Seguridad Nacional de ese entonces, Kirstjen Nielsen, y con otras personas, en la que el presidente “despotricó”, soltó “una diatriba” y exigió que se realizaran todos los procesos que se pudieran hacer.

Hamilton se negó a hacer comentarios para este artículo, al igual que la oficina de Horowitz. Sessions no respondió a nuestra solicitud. Alexa Vance, vocera del Departamento de Justicia, cuestionó el informe preliminar y dijo que el Departamento de Seguridad Nacional refería casos para procesarlos.

“El informe preliminar en el que se basa este artículo contiene varias imprecisiones y errores en cuanto a los hechos”, señaló. “Si bien el Departamento de Justicia es responsable de procesar a los acusados, no intervino para darle seguimiento a los hijos de esos acusados ni en la forma en que se les brindaron cuidados en custodia. Por último, tanto el momento en que se da a conocer esta información como su contenido engañoso generan cuestionamientos preocupantes con respecto a las motivaciones de los responsables de elaborar este informe”.

El informe preliminar también documentó otras revelaciones que no se habían divulgado:

Los fiscales del gobierno reaccionaron con alarma al enterarse de la separación de los niños de sus padres durante un programa piloto secreto implementado en la frontera de Texas con México, en 2017. “Nos enteramos de que separamos de sus bebés a madres acusadas que se encontraban en plena lactancia”, escribió un fiscal del gobierno a sus superiores. “No lo creí hasta que revisé la bitácora correspondiente”.

Algunos agentes de la Patrulla Fronteriza no pudieron proceder con casos de delitos graves porque no se daban abasto con las tareas derivadas de la política de tolerancia cero, que les exigía detener y procesar todos los casos de entrada ilegal, que son delitos menores. Un fiscal de Texas les advirtió a los funcionarios del Departamento de Justicia en 2018 que por ese motivo algunos “agresores sexuales quedaron libres”.

Los funcionarios de alto rango del Departamento de Justicia consideraban que el bienestar de los niños era responsabilidad de otras dependencias y que su deber era darles seguimiento a los padres. “Sencillamente no creo que sea una acción del Departamento de Justicia”, le dijo Rosenstein al inspector general.

La falta de información al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos antes de anunciar la política de tolerancia cero causó situaciones graves de hacinamiento y que se excediera el presupuesto. Los alguaciles se vieron obligados a limitar la entrega de órdenes de arresto de otros casos, pues “cuando se reduce el personal, no es posible realizar arrestos seguros”.

Durante dos años, Nielsen se ha llevado la peor parte de las críticas públicas por separar a las familias migrantes debido a su decisión de remitir a los adultos que cruzan la frontera, de manera ilegal, con niños para su procesamiento. Un día después de que el presidente se retractara de esa medida, Sessions distanció a su departamento de la decisión y le dijo a CBN News que “realmente nunca tuvimos la intención” de separar a los niños.

Eso era falso, según el borrador del informe. El documento deja en claro que desde los primeros días de la implementación de la política, cuando se realizó una prueba de cinco meses a lo largo de la frontera en Texas, los funcionarios del Departamento de Justicia entendieron y alentaron la separación de los niños como parte del deseo de enjuiciar a todas las personas que cruzaron la frontera sin documentación legal para entrar al país.

“Esperamos que esta separación actúe como una medida disuasiva para los padres que traen a sus hijos a las duras circunstancias que implica intentar ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos”, escribió un funcionario de la Patrulla Fronteriza el 28 de octubre de 2017 a un fiscal estadounidense en Nuevo México, según el borrador del informe.

El documento afirma que, después de que terminó el programa piloto en Texas, Sessions, Hamilton y Rosenstein presionaron agresivamente para expandir esa práctica hacia toda la frontera suroeste, con la ayuda de los fiscales.

En una reunión informativa celebrada dos días después de la Navidad de 2017, los principales funcionarios del Departamento de Justicia le pidieron a Bash las estadísticas del programa piloto, realizado por su predecesor, que podrían usarse para desarrollar “pautas de procesamiento a nivel nacional”. Bash, un exasesor de la Casa Blanca, no recibió ninguna solicitud de seguimiento de la información. Como creyó que la idea había sido descartada, no proporcionó los datos.

Sin embargo, para abril de 2018, Sessions tomó medidas para promulgar la política de tolerancia cero en toda la frontera con México. Rosenstein le dijo al inspector general que Sessions “entendía cuáles eran las consecuencias”.

“El objetivo era crear una disuasión más efectiva para que todos creyeran que corrían el riesgo de ser procesados”, dijo.

Pero el Departamento de Justicia todavía debía persuadir a Nielsen de que remitiera a todas las familias para que fueran procesadas, a lo que ella se había resistido. El borrador del informe dice que la campaña de presión culminó en una reunión realizada el 3 de mayo en la que Sessions insistió en que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza comenzara a remitir todos esos casos a los fiscales.

Una nota que Hamilton le pasó a Sessions, antes de la reunión, decía: “Usted debería liderar esta discusión”.

“Debemos hacer cumplir enérgicamente nuestras leyes de inmigración criminal para asegurar que haya consecuencias por acciones ilegales y para disuadir la inmigración ilegal en el futuro”, planeaba decir Sessions, según el borrador del informe. “Eso significa que un extranjero ilegal no debe obtener un pase gratuito solo porque cruza la frontera de manera ilegal con un niño”.

Cuando el grupo votó a mano alzada para proceder, Nielsen fue la única que no apoyó esa política, según dos personas familiarizadas con la votación, que fue reportada por NBC News. Al día siguiente, Nielsen se retractó y firmó un memorando que remite a todos los adultos a enjuiciamiento y allanó el camino para que los niños fueran separados.

La decisión molestó a los fiscales de la frontera. En Arizona, Elizabeth Strange, la fiscala estadounidense interina, encabezó una rebelión menor, rechazando temporalmente seis casos, argumentando que le preocupaba la situación de los niños. Eso provocó una reprimenda de los principales funcionarios del Departamento de Justicia, quienes exigieron saber “¿por qué rechazaron esos casos?”.

Los funcionarios del Departamento de Justicia han afirmado en repetidas oportunidades que pensaban que los adultos serían procesados y reunidos con sus hijos a las pocas horas de ser separados. Pero el inspector general encontró un memo que informaba a los altos funcionarios que las sentencias para adultos iban de tres a 14 días, por lo que era casi seguro que los niños serían enviados a la custodia de funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos durante largos períodos de tiempo.

“No encontramos evidencia, antes o después de recibir el memorando, de que los líderes del Departamento de Justicia intentaron acelerar el proceso para completar la sentencia con el fin de facilitar la reunificación de las familias separadas ”, escribió el inspector general.

Sobre todo, concluyó Horowitz en el borrador, Sessions y otros altos funcionarios del departamento “eran conscientes de que la implementación total de la política de tolerancia cero provocaría remisiones criminales por parte del Departamento de Seguridad Nacional de adultos que ingresaron de manera ilegal al país con niños y que el procesamiento de esos adultos provocaría la separación de los niños de sus familias”.

*Michael D. Shear es corresponsal de la Casa Blanca. Trabajaba en The Washington Post, donde fue parte del equipo ganador del Pulitzer que cubrió el tiroteo de la universidad Virginia Tech en 2007. Katie Benner cubre el Departamento de Justicia. Formó parte del equipo que ganó el premio Pulitzer de 2018, en la categoría de servicio público, por informar sobre los problemas de acoso sexual en el lugar de trabajo. Michael S. Schmidt es corresponsal en Washington, donde cubre investigaciones federales y de seguridad nacional. Formó parte de dos equipos que ganaron premios Pulitzer en 2018: uno por informar sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo y el otro por la cobertura del presidente Trump y los vínculos de su campaña con Rusia.