Advierten que los pedidos de mayores gastos podrían llevar el déficit fiscal a 6% del PIB

En el primer trimestre del año, el país cumplió con la meta de déficit primario. El límite acordado con el FMI era de 222.000 millones de pesos y el resultado fue de 193.000 millones. Sin embargo, el gasto público siguió creciendo en ese período, descontada la inflación, a una tasa superior al 10%, según información a la que pudo acceder Ámbito.

Los gastos se aceleraron el mes pasado como consecuencia, entre otros factores, de las mayores erogaciones que demandaron el área energética y la atención de los sectores más vulnerables.

Se estima que el déficit del Tesoro en abril rondó los 200.000 millones de pesos. Este desequilibrio lleva a los analistas a prever que el Gobierno no cumplirá con la meta acordada con el Fondo para el segundo trimestre del año, que no debería superar – en todo el período – los 344.000 millones.

En momentos en que aumentan las demandas de mayores gastos por parte del Estado para compensar la caída en los ingresos – derivada de la aceleración inflacionaria -, entre los analistas económicos tiende a crecer la preocupación por las cuentas públicas.

Uno de los últimos en alertarlo fue Emanuel Álvarez Agis; en un informe difundido este fin de semana el titular de la consultora pxq alerta que si el Poder Ejecutivo diera lugar a los últimos “reclamos distributivos” el déficit fiscal de 2022 sería de 6%, más del doble del 2,5% comprometido ante el Fondo Monetario Internacional.

Conflicto

Existe una “división explícita” entre el «albertismo» y «kirchnerismo», según analiza Álvarez Agis al señalar que a los primeros les toca administrar la política monetaria y fiscal acordada con el FMI, mientras los segundos empujan una recuperación de los ingresos formales e informales.

Al albertismo le toca – explica- “aumentar tarifas de gas y electricidad, descongelar los precios de los combustibles y de las prepagas y mantener una política cambiaria que evite la apreciación real”.

En tanto, por el lado del kirchnerismo, la estrategia consiste en tratar de morigerar los aumentos de tarifas, manifestarse públicamente en contra de la política cambiaria y monetaria, e intervenir directa e indirectamente en la dinámica de las paritarias y los ingresos informales, con reclamos fiscales de todo tipo y color”.

Y, menciona que el diputado Máximo Kirchner consigue, adelantar las cuotas del salario mínimo, vital y móvil. Y desde el propio Frente De Todos aparecieron dos nuevos proyectos de ley orientados a crear un salario básico universal, que abarcaría a 9 millones de personas, y un régimen de inclusión previsional.

En términos del producto bruto interno, el impacto fiscal de este conflicto distributivo es, según explicita Agis:

• +1% por no aumentar las tarifas en línea con el nuevo escenario internacional.
•  +1% si no se sub ejecuta el gasto en infraestructura para mantener el estímulo fiscal.
•  +1% por el ingreso universal.
•  +0.5% por la inclusión previsional.

De esta forma, se concluye que los reclamos distributivos suman 3,5% del PIB. Es decir, si el Poder Ejecutivo decidiera «dejar a todos contentos», el déficit fiscal de 2022 sería de 6%, casi el mismo nivel que el año de la pandemia.

Problemas

El trabajo se interroga ¿en qué nivel quedarían las reservas internacionales y la inflación si tal escenario tuviera lugar? Y asevera que “dejar a todos contentos podría, paradójicamente, dejar a todos en la calle” ya que “los pedidos distributivos son, a todas luces, inconsistentes”.

Tras señalar que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno distributivo -encuentra actualmente hiper-estimulado-, Álvarez Agis considera que “en el escenario actual, es impensado que el gobierno pueda ir por un programa de desinflación consistente, puesto que carece del poder político necesario para diseñarlo, implementarlo y monitorearlo”.

Refuta a los que piensan que el déficit fiscal se reduce gracias al «impuesto inflacionario» ya que en el actual escenario de indexación y de conflicto distributivo, el «impuesto inflacionario» se ve compensado por el «gasto inflacionario».

Esto es así porque 60% del gasto público se encuentra formalmente indexado a los salarios y a parte de la recaudación; y el resto del gasto tiene una indexación política a la inflación, puesto que cada vez que los precios aumentan, se multiplican los reclamos sociales y sectoriales para que el ritmo del gasto público se acomode al nuevo escenario nominal.

Y concluye que “a los actuales ritmos de inflación, la estabilidad necesaria para atravesar la segunda mitad del mandato no está garantizada. Es imposible pensar en estabilizar la economía sin antes estabilizar la política”.