En una entrevista concedida a Radio Exclusiva, la concejal de Libres del Sur, Alejandra Monje Rosales, analizó el impacto de la media sanción del proyecto de reforma laboral aprobado recientemente en la Cámara de Senadores. La edil cuestionó el concepto de «modernización» utilizado por el oficialismo, afirmando que, en la práctica, se trata de una medida que reduce los costos laborales y debilita las herramientas de protección de quienes salen a buscar el sueldo día a día.
Desigualdad y pérdida de derechos
Monje Rosales hizo hincapié en que la ley apela constantemente al «acuerdo» o «negociación» entre empleador y empleado, ignorando la asimetría de poder existente. «Sabemos que en la práctica nunca existe esa igualdad… justamente por eso existen las leyes laborales, para proteger a la parte más débil», sostuvo la concejal, rebatiendo posturas que sostienen que las relaciones laborales deben ser «equilibradas» sin intervención protectora del Estado.
Entre los puntos más polémicos de la reforma, la edil destacó:
- Recortes por enfermedad: La normativa introduce quitas salariales para trabajadores con carpeta médica por accidente o enfermedad.
- Escalas de descuento: Según las modificaciones de último momento, se cobraría un 75% del sueldo en casos de enfermedad involuntaria y solo el 50% si se considera «voluntaria».
- Flexibilidad para empresas: Se mantienen las modificaciones que favorecen la flexibilidad empresarial sin introducir mejoras reales para el trabajador.
Un panorama de judicialización
Ante la posibilidad de que el proyecto avance en la Cámara de Diputados, Monje Rosales advirtió que muchos de sus artículos contradicen la Constitución Nacional y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que encamina a la reforma hacia una inminente judicialización.
»La experiencia argentina demuestra que la baja de derechos laborales nunca ha garantizado automáticamente mayor contratación», señaló la concejal, citando datos del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) que registran la pérdida de más de 200.000 trabajos formales desde el inicio de la gestión actual. Para la referente de Libres del Sur, la ley no resuelve la informalidad de raíz, sino que empeora la situación de los empleos tanto públicos como privados.
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