Clases presenciales en CABA: La Corte Suprema le pidió opinión a la Procuración General

La demanda que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta presentó hoy en la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la suspensión de las clases presenciales desde el lunes y por dos semanas tuvo su primer paso. El máximo tribunal le pidió a la Procuración General de la Nación que dictamine si es competente para intervenir en la causa.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que esta tarde la Corte Suprema giró el expediente a la Procuración para que solamente opine si el máximo tribunal debe intervenir o no en el caso. No le pidió opinión respecto a la medida cautelar que el gobierno porteño pidió que se dicte de forma urgente para suspender la decisión y que continúen las clases presenciales.PUBLICIDAD

“No tiene plazos para dictaminar”, explicaron fuentes judiciales respecto a cuando debe presentar su opinión la Procuración. Tampoco la Corte le fijó un plazo para hacerlo, como fue en el caso de los jueces trasladados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli que la Corte le pidió a la Procuración que se exprese en 48 horas. En ese caso fue sobre el fondo judicial del reclamo y no por la competencia.

En este caso el dictamen podría emitirlo Casal o Laura Monti, quien es la procuradora fiscal ante la Corte Suprema en los temas públicos, como es este caso.Eduardo Casal (Nicolás Stulberg)

El gobierno de la ciudad presentó ante la Corte Suprema un acción declarativa de inconstitucionalidad contra el decreto 241 que suspendió las clases presenciales en el AMBA del 19 al 30 de abril por el aumento de casos de coronavirus en esa región. La demanda fue iniciada poco antes que Rodríguez Larreta se reúna en la quinta de Olivos con el presidente Alberto Fernández. En el encuentro no hubo acuerdo y se mantienen la suspensión de las clases presenciales.

El ejecutivo porteño objetó la decisión al considerar que está demostrado que los colegios no propagan el virus.

“El presente caso presenta un conflicto de competencias entre el Estado Nacional y la CABA. Por ello, teniendo en cuenta el carácter federal de las cuestiones involucradas y la jurisprudencia que reconoce el derecho de mi representada de acceder a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se requiere a V.E. la tramitación del presente proceso en instancia originaria”, sostiene la presentación de 68 páginas.

“Fundándose en la excusa de la propagación de la segunda ola del COVID-19, el Estado Nacional hace tabla rasa con el texto y el espíritu de la Constitucional Nacional, con el objeto de cercenar los derechos del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, pretendiendo imponer de manera inconsulta una solución extrema que no encuentra justificativo en la situación epidemiológica actual, en cuanto a su real propagación en el ámbito escolar”, sostiene el gobierno en uno de sus principales argumentos.

La ciudad le pidió a la Corte que dicte una medida cautelar de manera urgente para que suspenda la vigencia del decreto antes de resolver el fondo del pedido que es la inconstitucionalidad del decreto.

Junto con la acción del gobierno porteño se presentó hoy otra demanda. La iniciaron un grupo de padres con hijos que van a escuelas de la ciudad. La defensora oficial María Lorenz González Castro Feijóo y la asesora tutelar Norma Beatriz Sas hicieron un amparo en la justicia en lo contencioso administrativo de la ciudad en la que pidieron una medida cautelar en la que “se declare la suspensión de los efectos del DNU 241/2021″.

También reclamaron el dictado de una medida cautelar que suspenda el efecto del decreto para que el lunes haya clases presenciales en la ciudad.

Fuente Infobae