Coparticipación: ¿Por qué el éxito del RIGI nos lleva a debatir sobre el federalismo?

Mas allá de los beneficios políticos obvios abordados por una multiplicidad de autores desde Montesquieu hasta la fecha, desde un aspecto meramente económico el federalismo actúa en la modernidad como una fase más desarrollada de un área de libre comercio. Permite la integración regional, manteniendo la autonomía gubernamental de sus estados integrantes y usufructuando los beneficios de la libre movilidad económica y de una mayor escala de mercado.

Probablemente el mejor ejemplo de federalismo moderno sea la Unión Europea (UE). Dicho esto y comparando con nuestro país, ¿qué pasaría con la UE si se estableciera un mecanismo de coparticipación como el argentino? ¿los alemanes hubiesen aceptado que Grecia no ajustara y pasar a ser subsidiados permanentemente? Y de ser así, ¿qué impacto tendría sobre la economía alemana y la economía europea general?

Si Europa tuviera un mecanismo como el mencionado, probablemente generaría que estados deficitarios apoyaran en el Parlamento la creación de nuevos tributos continentales. Es decir, la coparticipación genera naturalmente incentivos para penalizar a las regiones productivas, reduciendo así la productividad del capital e inhibiendo la inversión y el crecimiento económico.

En relación con este tema, recuerdo haber opinado años atrás sobre la situación económica de Argentina en una clase de economía en Londres (afuera, Argentina siempre es citada como un ejemplo de lo que no se debe hacer) cuando un profesor me replicó: “El problema del país es la coparticipación, ya que genera incentivos antiproductivos y desnaturaliza el federalismo en una nación tan grande”. Cabe señalar que existen países unitarios cuyo tamaño pequeño justifica esa estructura, a diferencia de los países grandes que tienden a ser federales. En ese momento, no entendí del todo la profundidad del comentario, pero por estos días es más fácil notar que este se refiere a la raíz de la recurrencia del déficit y a la falta de dinamismo económico, que podría traducirse en falta de federalismo.

Dicho recuerdo me vino a la mente al leer una de las últimas noticias de 2024 referida a una nueva solicitud de inversión bajo el esquema del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para la construcción de un parque eólico en Olavarría. Los anuncios de inversión alcanzan casi los 12.000 millones de dólares y se estima que, en el mediano plazo, llegarán a los 40.000 millones. Este notable crecimiento en la inversión no se está dando en las zonas centrales y urbanas, sino en provincias con alto potencial para la explotación de recursos naturales y que están viendo un incremento en la productividad de la inversión, relacionado con los lineamientos del nuevo régimen. 

Esto nos debería llevar a reflexionar sobre cómo la política económica del Estado nacional impacta en las economías provinciales. Pocas veces se puede observar tan claramente cómo la retirada del Estado nacional de ciertos aspectos de la economía influye en el futuro económico de las provincias. En contraste, en años pasados, los fuertes subsidios a las zonas urbanas -principalmente en el AMBA- tuvieron un impacto inverso, aunque difícil de cuantificar.

El impacto del RIGI no se limita solo a lo obvio, sino que también pone en cuestión la presión fiscal general, el costo del crédito (riesgo país) y el cepo cambiario. Nos lleva a reflexionar sobre cómo debería ser la relación entre Nación y Provincia. Al respecto, hace pocos años la Nación impulsó un pacto con las provincias para limitar y reducir el impuesto a los ingresos brutos, pacto que finalmente no fue respetado. La razón de este fracaso es que los incentivos de las provincias no estaban alineados. Por otro lado, con el RIGI vivimos una disputa entre Río Negro y Buenos Aires para ver qué provincia se quedaba con el puerto que recibiría parte de la producción de Vaca Muerta para su exportación.

Esa pulsa entre provincias debería ser algo normal y esperable en un país con tanto déficit de capital. En una organización más federal, las provincias competirían entre sí para generar mejores condiciones para la inversión, lo que redundaría en mayores ingresos provinciales. De esta forma, la Nación no tendría que intervenir para convencer a las provincias de reducir impuestos; cada una intentaría ser lo más competitiva posible con el fin de atraer inversiones. Las asimetrías en la generación de empleo entre provincias no se subsidiarían, ya que se requeriría migración interprovincial para satisfacer las demandas del sector productivo. Subsidiar la instalación de industrias en regiones improductivas debería ser una excepción estratégica, no una regla administrativa.

Dicho de otra manera, un mejor federalismo promueve mecanismos de mercado más eficientes tanto en la asignación de capital como en el mercado laboral. Por eso, así como no podemos imaginar un país liberal con un déficit crónico, ¿es posible imaginar un país liberal con un federalismo limitado? Y volviendo a lo planteado al comienzo, ¿puede Argentina realmente cambiar sin un profundo debate sobre el federalismo en general y sobre la coparticipación en particular?

*Cristian Brandt | Lic. en Economía (UBA) con Maestría Sloan Fellows (LBS), especialista en Banca y Mercado de capitales.

Por Cristian Brandt* para Noticias Argentinas