La Comisión de Juicio Político de la cámara de Diputados de la Nación comenzará a trabajar hoy, desde las 11 del mediodía, el pedido que puede terminar con la destitución de los ministros de la Corte suprema de Justicia de la Nación.
El pedido de remoción recae sobre Horacio Rosatti, Carlos Ronzenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, acusados de «mal desempeño de sus funciones» y «manifiesta parcialidad» por parte del presidente Alberto Fernández en conjunto con once gobernadores.
Se trata del cuerpo que debe investigar y dictaminar en las causas de responsabilidad que se intenten contra los funcionarios públicos sometidos a juicio político por la Constitución y los previstos en la ley 24.946 y en las quejas o denuncias que contra ellos se presenten en la Cámara.
Es importante marcar que al tratarse de una instancia política, no corren las mismas reglas que para una acusación que cursa en el ámbito judicial. Por eso pueden utilizarse como pruebas los chats que Comodoro Py desestimó por haber sido obtenidos de manera ilegal.
El protocolo señala que cuando el pedido de remoción se dirige contra un funcionario público no sujeto a juicio político, la comisión podrá disponer su archivo o remisión al órgano competente. Ésta comisión reglamentará el procedimiento a seguir en las causas sometidas a su dictamen.
Ayer, en declaraciones radiales, Eduardo Valdés, diputado nacional del Frente de Todos, sostuvo que hay pruebas «contundentes» de que existió «un mal procedimiento de la Corte y nosotros no la podemos dejar pasar. Nuestra voluntad política es comenzar el jueves con el juicio político. Las pruebas serán contundentes y podemos terminar con una mayoría que apoye la remoción de los jueces de la Corte en el recinto».
«La corte avanza sobre el poder ejecutivo y el legislativo así que tomamos uno de los 14 pedidos de juicio político que hay sobre la Corte. A nuestro entender hay un mal desempeño en la administración pública», sostuvo por su parte el diputado Marcelo Casaretto, en declaraciones a Radio Provincia.
Valdés adelantó además que citarán a declarar al ministro de Seguridad porteño (en licencia), Marcelo D’Alessandro, y al vocero del presidente de la Corte Suprema, Silvio Robles, quienes se vieron envueltos en un escándalo por la filtración de sus conversaciones en las que arreglaban favores entre uno y otro.
Al respecto, este miércoles el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó una denuncia penal contra ambos por los delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público, al considerar a la Provincia como particular perjudicada en el fallo de la Corte sobre la coparticipación.
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