El presidente Javier Milei utilizó la cadena nacional el miércoles por la noche para explicar los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica que contiene la derogación y modificación de unas 300 leyes. Se trata de una de las medidas fundamentales para su plan de Gobierno. Y también una de las más ambiciosas.
El texto -presentado después de la primera movilización contra la administración que recién asumió el poder- puso en alerta máxima a los sindicatos. La CGT anunció una movilización para el próximo miércoles y Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la central obrera, planteó que «hay clima» de paro general.
Más allá de las instancias legales -la CGT ya anunció que irá a la Justicia-, la resolución encuentra en su horizonte un escollo, a priori, difícil de superar.
El camino del DNU
El Decreto de Necesidad y Urgencia es una herramienta prevista en la Constitución que habilita al Presidente a emitir disposiciones de carácter legislativo en circunstancias excepcionales en las que al Congreso le fuera imposible seguir el “trámite ordinario” para la sanción de leyes.
La Ley 26.122, que regula los alcances de la intervención del Congreso respecto de decretos que dicta el Poder Ejecutivo, da al Poder Ejecutivo un plazo de diez días desde dictado el Decreto para enviarlo a la Comisión Bicameral Permanente, que está integrada por ocho diputados e igual cantidad de senadores, designados por el presidente de cada una de las Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas. Esta Comisión aún no ha sido conformada.
Esta Comisión tiene un plazo de diez días hábiles -contados desde la presentación efectuada por el Jefe de Gabinete- para expedirse acerca del Decreto y elevar el dictamen del plenario a cada una de las Cámaras. Si la Comisión no se expide en el plazo estipulado, las Cámaras se abocarán al «expreso e inmediato tratamiento» del decreto que se trate. Para derogarlo, se requiere su rechazo tanto en Diputados como en Senadores.
Un panorama adverso
Javier Milei ganó el balotaje con holgura. Sin embargo, la distancia que sacó a su contendiente, Sergio Massa, no se refleja en el Congreso. Es que tras las elecciones generales de octubre, los libertarios quedaron en clara minoría en ambas cámaras: cuentan con 37 diputados, sobre un total de 257, y apenas siete de los 72 legisladores que componen la Cámara alta.
El rechazo entre los legisladores se multiplicó con el correr de las horas. Los que picaron en punta contra la resolución fueron los de Unión por la Patria.
El bloque de senadores que presidente el formoseño José Mayans emitió un comunicado en el que advierte que la vía que eligió el Jefe de Estado para imponer estas medidas «resulta en sí misma una virtual clausura del Congreso y un brutal avasallamiento de las facultades del Parlamento». Aún más intransigentes, sus colegas de la Cámara Baja afirmaron que «las y los que lo aprueben serán infames traidores a la Patria».
Entre las filas de Juntos por el Cambio también surgió un amplio repudio a la resolución. Más por la forma que por el contenido. Ocurre que salvo una porción del PRO, que se referencia en Mauricio Macri y Patricia Bullrich, el bloque Cambio Federal y la UCR se mostraron reacios a acompañar el DNU. Sostienen que una parte de las reformas que planteó el Presidente son positivas, pero insisten en que debe ser el Congreso quien las discuta para su eventual aprobación. Son bloques que se pronunciaron a favor de contribuir a la gobernabilidad. Por lo tanto, decisivos para el destino del Decreto.
La Coalición Cívica, hoy fuera de la coalición opositora, también se expresó contra el Decreto.
En tanto, las fuerzas provinciales también adelantaron su rechazo. «El DNU del Presidente avanza sobre facultades exclusivas del Poder Legislativo. Las grandes transformaciones deben ser discutidas, acordadas. Necesitamos reformas que se construyan a partir del diálogo y el consenso», dijo el ex senador y actual gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. «Un mega DNU no es el camino. Las reformas que la Argentina necesita se lograrán con diálogo y consenso democrático», planteó en igual sentido el legislador Carlos Espínola, jefe del bloque de Unidad Federal en la Cámara Alta.
En este marco, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y su homólogo en Diputados, Martín Menem, deben articular acuerdos parlamentarios para evitar lo que sería la primera gran derrota del Gobierno.
La caída del Decreto sería algo inédito: ningún DNU fue invalidado por ambas cámaras. El único antecedente es de 2020, cuando bajo la presidencia de Alberto Fernández, el Senado rechazó un DNU firmado por el ex presidente Mauricio Macri.
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