El piquetero Belliboni fue enviado a juicio oral por extorsionar a beneficiarios de planes sociales

El piquetero Eduardo Belliboni deberá sentarse en el banquillo de los acusados por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas y extorsión «sobre miles de personas» que debían percibir fondos correspondientes al plan social Potenciar Trabajo. Después del pedido de la fiscalía, el juez federal Sebastián Casanello cerró la investigación y firmó la elevación a juicio oral de esta causa que se centró en los fondos que debían destinarse a beneficiarios de planes sociales.

Cuando el fiscal Gerardo Pollicita firmó el pedido de elevación a juicio oral del líder del Polo Obrero y de otras dieciséis personas, sostuvo que la maniobra por la que fueron procesados comenzaba con ofrecer la incorporación al plan Potenciar Trabajo, otorgado en aquel entonces por el ex Ministerio de Desarrollo Social, a cambio de concurrir a marchas y movilizaciones, bajo la amenaza expresa de dar de baja el subsidio si no lo hacían.

Durante la investigación se determinó que existió una “compleja matriz delictiva” que durante años se “aprovechó de las necesidades de un amplio sector social de carácter vulnerable de nuestro país, lo que les permitió ejercer ilegítimamente poder sobre aquéllos con miras a manejarlos según sus designios y obtener dinero, utilizado en provecho propio y de terceros, privando a las víctimas de un mejor porvenir”.

En el pedido de elevación a juicio, la fiscalía concluyó que existió un acuerdo de voluntades entre diversos referentes del Polo Obrero, con una división de roles y alcance nacional, la que fue sostenida al menos desde junio de 2020 hasta marzo de 2024.

A la cabeza de esta «estructura criminal» se encuentra Eduardo Belliboni como organizador, junto a referentes nacionales como Jeremías Cantero, Gianna Puppo y Elizabeth del Carmen Palma. Después, como miembros en el ámbito territorial de esta ciudad, se acusó a los referentes María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Vásquez.

Todos los imputados deberán comparecer ante un Tribunal de juicio.

Cómo funcionaba la “organización criminal”

Según se pudo establecer mediante informes oficiales, en febrero de 2024 el “Polo Obrero” tenía bajo su tutela a más de 65 mil beneficiarios en todo el país —alcanzando su pico, en diciembre de 2022, con una nómina de 83.530 personas bajo su órbita— y los documentos hallados en poder de los propios acusados “revelaron que a todos ellos les sustraían parte del plan, lo que les permitió obtener importantes sumas de dinero”.

La justicia calculó que solamente entre agosto de 2023 y febrero de 2024 la organización recaudó más de 313 millones de pesos.

Los fondos públicos eran concedidos para que la organización sindical, realizara actividades formativas “en favor de las personas más vulnerables”. Pero el Polo Obrero -corroboró la justicia federal- “desvió los fondos en beneficio propio mediante el uso de más de un centenar de facturas apócrifas, simulando que se trataban de gastos vinculados a la implementación de la política social señalada”.

Como segunda parte del expediente, el Ministerio Público Fiscal imputó a Emilio Pérsico, que tenía a su cargo la Secretaría de Economía Social, ya que a criterio de los investigadores “el plan delictivo sólo fue posible gracias a la connivencia de los funcionarios públicos, quienes durante los años en que se desarrolló la maniobra fraudulenta entregaron los fondos en procesos plagados de irregularidades y omitiendo deliberadamente realizar controles sobre su destino real”.

Bajo estudio continúa un tramo de la causa cuyo eje está colocado en operaciones de blanqueo, en las que supuestamente intervinieron cooperativas y empresas utilizadas como “pantallas” para la aplicación del dinero desviado.

El esquema extorsivo

Cuando se pidió la elevación a juicio, el fiscal Pollicita detalló un “esquema extorsivo-coactivo”, en que por un lado se obligó a los beneficiarios de los planes sociales a “entregar una porción del Salario Social Complementario que recibían como ayuda estatal y, por el otro, se les impuso coactivamente la participación y contribución en “actividades políticas” de la organización”.

Las exigencias fueron instrumentadas mediante intimidaciones consistentes en el anuncio de que, en caso de no cumplir con lo requerido, “se habrían de imponer, cuanto menos, cuatro tipo de sanciones: el condicionamiento del acceso al comedor y a los alimentos secos y frescos provistos a la organización por agencias públicas; el condicionamiento del acceso al Plan Potenciar Trabajo para los aspirantes que aún no se encontraban registrados.

Entre otras, las sanciones para los titulares del programa eran el cómputo de menos horas de trabajo rendido —lo que repercutía en el monto final liquidado— o la degradación de categoría —si es que ocupaban una posición que implicara una asignación más alta—; y la baja total a la ayuda social para los titulares del programa.

Categorías creadas contra los más vulnerables

Las personas que eran extorsionadas por los acusados eran «clasificadas» por los dirigentes sociales, señaló la fiscalía.

Una de las categorías era la de «beneficiarios especiales», que percibían hasta el doble de la prestación social, a cambio de exigirles —además del dinero y las movilizaciones— más tareas.

Por debajo de éstos se encontraban los “beneficiarios comunes», que percibían la prestación social y, a cambio, se les exigía una parte del subsidio y su asistencia a las movilizaciones.

Finalmente, en un estrato inferior, se ubicaban los integrantes de las “listas de espera”, quienes debían cumplir determinada cantidad de movilizaciones o un tiempo estipulado de asistencia a ellas para acceder al Plan Potenciar Trabajo o a los alimentos provistos por los comedores.

Según dio por corroborado el fiscal Pollicita, la agrupación dirigida por Belliboni “negó el acceso a la comida que el Estado repartía y degradó o dio de baja del Programa Potenciar Trabajo a personas carenciadas que no cumplían con sus exigencias ilícitas”. La coacción y la extorsión se sustentaron -expresa el dictamen-, “en un mecanismo de contabilidad paralela centralizada».

¿Cómo se distribuía el dinero? El 50% iba al Polo Obrero Central, el 5% a la “Regional” correspondiente y el 45% restante quedaba en la propia asamblea.

El sistema de las facturas truchas

Para desviar los fondos que les sacaba a los beneficiarios de los planes sociales, el Polo Obrero se valió de al menos 188 facturas apócrifas de las empresas Ediciones e Impresiones Rumbos, Coxtex, Urban Graphics, Ricoprint, Miniso Trade y de Carlos Osvaldo Monfrini.

Esas facturas fueron incluidas en las rendiciones de cuentas presentadas a las autoridades públicas hasta diciembre de 2023, “simulando gastos no concretados por un monto nominal de 49.417.301,89 pesos”.

Por ejemplo, Ediciones e Impresiones Rumbos es una sociedad que no cuenta con sede social ni comercial de actividades, que fue calificada por la AFIP como una usina de facturas apócrifas sin capacidad económica para vender o prestar los servicios facturados, pero desde al menos octubre de 2021 emitió alrededor de 179 facturas por 31.475.027,04 pesos.

Cotex tampoco tiene sede social ni comercial, carece de una actividad real y también fue calificada por la AFIP como una usina de facturas apócrifas. Se verificó que quienes figuran como socios son prestanombres, que no registraba movimientos bancarios —pese a haber facturado montos millonarios— y en esta causa “emitió dos facturas para simular gastos del programa por un monto total de 5.144.418 pesos”.

La simulación de gastos fue mayor. Se corroboró la existencia de facturación apócrifa de Urban Graphics SA (una factura por un monto de $5.180.019), Ricoprint SRL (una factura por un monto de $2.769.378), Carlos Osvaldo Monfrini (dos facturas por un monto de $1.220.450 y $253.006, respectivamente) y Miniso Trade SA (una factura por un monto de $3.060.003).