El presidente de la Nación, Javier Milei, ha vetado la Ley de Emergencia Pediátrica, una medida que había sido previamente aprobada por el Congreso y que buscaba garantizar una mayor asignación de fondos para el Hospital Garrahan. Dicha ley contemplaba la recomposición salarial para médicos, residentes y personal de la salud, así como la provisión de insumos críticos para la institución. La decisión presidencial ha provocado un intenso cruce político y ha generado una profunda preocupación en los gremios del sector de la salud, quienes ya han anunciado posibles medidas de fuerza.
La ley, que había sido impulsada con el objetivo de fortalecer uno de los centros pediátricos más importantes del país, fue rechazada por el Poder Ejecutivo, lo que ha sido interpretado por diversos sectores como un golpe a la salud pública y a las condiciones laborales del personal sanitario. Desde el ámbito político, legisladores de la oposición han criticado duramente el veto, argumentando que prioriza el ajuste fiscal por encima de la atención médica de niños y adolescentes.
En este contexto, los gremios de la salud han manifestado su indignación ante la decisión. Representantes sindicales han señalado que el veto ignora las demandas históricas del sector, particularmente la necesidad de salarios dignos y la provisión adecuada de recursos para los hospitales. Se espera que en los próximos días se definan acciones de protesta y movilizaciones en respuesta a esta medida.
El Gobierno, por su parte, no ha emitido un comunicado oficial detallando los motivos específicos del veto, más allá de la postura general de contención del gasto público. No obstante, la controversia ya está instalada y promete escalar en el ámbito político y social, con el Hospital Garrahan y la situación de la salud pediátrica en el centro del debate.
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