La investigación del caso Facundo sigue sin determinar si fue un crimen o una muerte casual

Por Hernán Chiesa – Telam

Dos jueces de distintos fueros, cinco fiscales, cuatro policías bonaerenses sospechosos de un caso de «violencia institucional», centenares de testigos y una infinidad de dudas: a un año del hallazgo del cadáver de Facundo Astudillo Castro en una localidad cercana a Bahía Blanca, la investigación aún no logró determinar si el joven fue secuestrado y asesinado o si murió ahogado de manera accidental, mientras la madre de la víctima reclama a gritos «justicia».

Para los actuales fiscales a cargo de la investigación y para la querella que representa a Cristina Castro, la madre de Facundo, las demoras de los primeros instructores del expediente para llevar a cabo peritajes claves fueron determinantes para que se perdieran pruebas fundamentales.

Facundo fue visto por última vez el 30 de abril del año pasado, en plena cuarentena estricta por la pandemia del coronavirus, y la Justicia comenzó a intervenir unos días después, tras la denuncia de su madre, por lo que se inició una causa por «averiguación de paradero» que estuvo a cargo del fiscal Rodolfo De Lucía, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 20 de Bahía Blanca, y de la jueza de Garantías 3 de esa ciudad, Susana Calcinelli.

Recién en julio de ese mismo año, casi tres meses después de la desaparición, el fiscal De Lucía declinó el expediente, a pedido de los abogados de Cristina Castro, hacia la Justicia Federal que, de esa manera, comenzó a investigar el caso como una presunta «desaparición forzada» en la cual participaron miembros de la policía bonaerense.

El recorrido de Facundo el dia de su desaparición
El fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, ordenó las primeras medidas para intentar determinar cuál fue el recorrido que realizó Facundo desde que abandonó su casa en la localidad de Pedro Luro con intenciones de dirigirse a visitar a su novia en Bahía Blanca, con quien había discutido y planeaba reconciliarse.

Desde entonces, los investigadores determinaron que el joven había sido detenido a la altura del kilómetro 779 de la ruta nacional 3, en la localidad de Mayor Buratovich, por el oficial Mario Gabriel Sosa y su colega Jana Curuhinca, que lo advirtieron porque estaba violando el aislamiento obligatorio y le labraron una infracción.

Allí, los efectivos le pidieron su DNI y lo fotografiaron de espaldas junto a la camioneta policial, tras lo cual le permitieron continuar su marcha.

Luego, la oficial Siomara Flores, quien era medio hermana de Curuhinca y pareja de Sosa -lo que fue corroborado tras el análisis del teléfono celular de este último- declaró que trasladó a Facundo unos 25 kilómetros a bordo de su vehículo desde Buratovich hasta Teniente Origone.

Según los investigadores, horas más tarde, en el kilómetro 750, Facundo fue nuevamente interceptado por la Policía, esta vez por el teniente primero Alberto González, quien declaró que lo identificó con su carnet de conducir, ya que el joven no habría tenido en su poder el DNI.

Cristina Castro consideró que «la culpable de que la causa nunca haya avanzado es la jueza Marrón, que siempre rechazó todo los planteos que se solicitaron».

La querella pide la detención de los efectivos

Desde fines de julio del año pasado, la querella representada por los abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio viene pidiendo la detención de estos cuatro policías (Sosa, Curuhinca, Flores y González) como sospechosos de haber participaron en la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo.

Es más, el fiscal Ulpiano Martínez pidió alguna vez y sin mucho convencimiento la detención de los policías, pero el pedido fue rechazado en agosto del año pasado -días antes del hallazgo del cadáver- por la jueza federal 1 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón.

A pesar de la insistencia de la querella en vincular a los cuatro policías en la desaparición y muerte de Facundo, la Justicia jamás los llamó a indagatoria.

No solo eso, sino que además siguen en funciones en la Policía de la provincia, según confirmaron a Télam fuentes policiales y de la querella.

Los cuatro efectivos no recibieron ninguna sanción administrativa, sino que siguen cumpliendo funciones bajo la órbita de la Jefatura Departamental de Bahía Blanca.

«Fueron trasladados a otras dependencias, ya que no hubo ninguna prueba concluyente que hayan cometido alguna infracción de índole administrativa. Quedaron a disposición de la departamental», dijo a esta agencia una alta fuente policial consultada.

Para la familia, existe «una red de encubrimiento» sobre los policías vinculados al caso.

la investigación aún no logró determinar si el joven fue secuestrado y asesinado o si murió ahogado de manera accidental, mientras la madre de la víctima reclama a gritos «justicia».

Tras el hallazgo del cuerpo, nuevos fiscales

Tras el hallazgo del cadáver de Facundo el sábado 15 de agosto en el canal denominado «Cola de ballena», un cangrejal situado en la zona de Villarino Viejo, contigua a la localidad de General Cerri, la madre del joven fallecido hizo un fuerte reclamo para que sea separado el fiscal Ulpiano Martínez.

La Procuración decidió entonces sumar a otros dos fiscales a la investigación: el fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Bahía Blanca y titular de la Unidad Fiscal de Ciberdelincuencia, Horacio Azzolin, y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional, Héctor Andrés Heim.

Ambos le dieron un nuevo impulso a la investigación con la solicitud de una batería de peritajes, pero todos fueron rechazados por la jueza Marrón.

Finalmente, en febrero último, Ulpiano Martínez decidió apartarse de la pesquisa tras alegar «violencia moral» y en su lugar fue nombrada la fiscal federal de Santa Rosa Iara Silvestre.

Los fiscales Azzolín, Heim y Silvestre impulsaron nuevamente decenas de medidas, allanamientos en dependencias policiales, peritajes tecnológicos sobre teléfonos secuestrados, peritajes sobre patrulleros y análisis químicos sobre prendas secuestradas, entre muchos otros, y esta vez sí, en febrero pasado, fueron avalados por la Cámara Federal de Bahía Blanca.

De todas formas, los resultados aún no fueron considerados suficientes como para pedir las indagatorias de los policías sospechosos.

Cristina Castro consideró que «la culpable de que la causa nunca haya avanzado es la jueza Marrón, que siempre rechazó todo los planteos que se solicitaron».

Su visión es compartida por sus abogados y también por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y por Amnistía Internacional Argentina, cuya directora adjunta Paola García Rey, quien consideró que «hay un universo de pruebas que refuerzan la hipótesis de la desaparición forzada y es necesario que la Justicia esté a la altura de la investigación».