La jueza Karina Andrade, que tomó la decisión de liberar a los 114 detenidos por los incidentes en el Congreso durante la movilización por los jubilados, defendió su resolución y aseguró que no analizó los antecedentes penales de los sospechosos porque en esa instancia sólo correspondía verificar si tenían vigente algún pedido de captura.
La magistrada, que fue criticada por el gobierno nacional, aseguró en diálogo con la periodista María O’Donnell en Urbana Play: “No fue una decisión trasnochada, fue una decisión en el marco de priorización de derechos; el derecho a manifestarse”.
Andrade dijo además que la Policía no entregó información precisa sobre las detenciones y señaló a la Fiscalía, porque no entregó pruebas ni pidió medidas en la causa en el marco de una causa que rige bajo el sistema acusatorio.
Ayer, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, dijo que más de la mitad de los detenidos tenía graves antecedentes penales.
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