El apremio del Gobierno nacional de obtener dictamen y alcanzar la media sanción de la ley «Ómnibus» comienza a encontrar obstáculos. En primer medida, los gobernadores de Santa Fe y Córdoba expresaron su rechazo al incremento de retenciones, lo que puede resultar en la falta de acompañamiento de sus diputados afines. Este sábado se sumó el pedido de un alto mandatario de la ONU de participar del debate en comisiones, en una solicitud fue dada a conocer por el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
Jan Jarab, representante regional para América del Sur de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, envió una solicitud a los titulares de las tres comisiones que conforman el plenario que se encuentran debatiendo la ley ómnibus. «La Oficina reconoce un espacio clave de diálogo y análisis la que están llevando a cabo en estos días y, en tal sentido, quisiéramos presentar la perspectiva que emana de nuestro mandato. Esto es, de las obligaciones y estándares internacionales de los Derechos Humanos«, expone el documento.
En ese marco, el diputado Germán Martínez elevó al presidente de la Comisión de Legislación General, el legislador libertario Gabriel Bornoroni, la solicitud para que Jan Jarab pueda «exponer de manera virtual ante el plenario de comisiones». El referente de Unión por la Patria en la Cámara Baja ya había requerido otras presencias en el debate, como la del asesor Federico Sturzenegger, la del jefe de Gabinete Nicolás Posse y la de todos los ministros restantes: Luis Caputo, Sandra Pettovello, Luis Petri, Diana Mondino y Mario Russo.
El Gobierno prorrogó extraordinarias hasta el 15 de febrero y amplió el temario
El debate de la ley «Ómnibus» continuará durante este verano: a través de un mensaje rubricado por Javier Milei y Nicolás Posse -jefe de Gabinete-, el Gobierno oficializó la prórroga de las sesiones extraordinarias en ambas cámaras del Congreso, que además se encuentran abocadas a otros proyectos de ley.
La necesidad de mayor tiempo tiene que ver con los plazos legislativos. El ideal del oficialismo es obtener dictamen de la ley ómnibus antes del paro nacional de la CGT, el miércoles 24 de enero, pero aún así precisaría que se apruebe en el recinto en la misma semana. En caso de que eso ocurra, debería tratarse en comisiones en el Senado y, si se obtiene un dictamen sin disidencias, tiene que volver a votarse en la Cámara Alta. Esto no hubiera sido improbable antes del 31 de enero, el primer plazo de extraordinarias que había dispuesto el Gobierno, que todavía podría prorrogar la actividad parlamentaria durante el resto del mes de febrero.
Al temario dispuesto el 26 de diciembre para tratarse en sesiones extraordinarias, se añadieron tres proyectos:
- Proyecto de Ley por cual se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional para participar en el ejercicio “Adiestramiento Combinado para la Defensa de los Recursos Pesqueros Argentinos”, que se llevará a cabo entre la Prefectura Naval de la República Argentina y el guardacostas USCG James de la Guardia Costera de los Estados Unidos durante el mes de abril de 2024.
- Proyecto de Ley por el que se sustituye el Capítulo II –Defensa Nacional- del Título IV –Seguridad y Defensa- del Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
- Proyecto de Ley modificatorio del Código Penal y de la Ley N° 25.246 respecto de la Prevención y Represión del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
La OIT pidió explicaciones al Gobierno nacional por multar a sindicatos por marchar
Se abre un nuevo capítulo en la tensión entre el Gobierno nacional y la Confederación General del Trabajo (CGT). La central obrera, junto a la CTA y la CTA Autónoma, reclamó ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -el organismo laboral especializado de las Naciones Unidas- por la imposición de una multa por $40.500.000 para costear el operativo de seguridad desplegado en la marcha del pasado 27 de diciembre.
La imposición de multa a los manifestantes forma parte del protocolo antipiquetes anunciado por Patricia Bullrich, quien explicó que se les enviará la factura «a las organizaciones o individuos responsables» por los costos de los operativos, ya que «el Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad». En ese marco, señaló que «las organizaciones que tengan personería o los individuos que la tengan, deberán hacerse cargo». El pasado jueves, el Gobierno también estableció otro castigo económico a aquellos trabajadores estatales que lleven adelante actividades sindicales: descontará la jornada laboral del salario a los empleados que participen del paro nacional del 24 de enero.
En ese marco, y tras recibir la queja de las centrales obreras argentinas, la OIT emitió un comunicado en donde informa que el Director General de la organización, el togolés Gilbert Houngbo, se puso en contacto con el Gobierno nacional solicitando explicaciones por «los flagrantes alegatos de violaciones a la libertad sindical y a los convenios internacionales«.
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