Rector Alpa: “En vez de estudiar cómo incorporamos la IA, en las universidades pensamos cómo pagar la luz”

Por Guillermo Lipis

La caída y deterioro del sistema universitario público argentino no se detiene. Es más: Alpa explica que en este 2025 se profundizaron el deterioro salarial y el desfinanciamiento del sistema científico, y que volvieron a desactualizarse los gastos de funcionamiento. “Luego de la última reunión de rectores, mandamos una nota a la ministra preocupados por el segundo cuatrimestre, fundamentalmente porque hemos tenido un promedio del 5% de renuncias en cada universidad por encima de la media habitual”, cuenta.

–¿Concretamente qué significa ese porcentaje?

–Que han renunciado unos 10.000 docentes en el último año, y nos preocupa porque tenemos que reemplazarlos. Lo mismo nos pasa a nivel de los estudiantes, donde las becas han quedado tan atrás que también peligra el segundo cuatrimestre, y lo que se degrada cada año puede tardar una década en recuperarse. Seguiremos empujando nuestro proyecto de financiamiento universitario que apunta a reemplazar lo que nunca salió, que fue la Ley de Presupuesto, que al fin y al cabo es lo que garantiza lo que dice la Constitución sobre la autonomía y la autarquía universitaria.

–Usted habló de unos 10.000 docentes en el último año que abandonaron la función académica. ¿Sabemos a dónde se dirigieron?

–Sí, el 75% de los docentes tienen dedicación simple, y no ganan más de 200.000 pesos al mes. No pagan ni el combustible, y aquellos que tienen dedicación exclusiva o son investigadores, en muchos casos se están yendo del país. Sabemos de casos que se han ido a Brasil, Chile, y otros migraron a la actividad privada. Algunas todavía no han presentado su renuncia por su compromiso con la educación pública, pero en muchos casos la cuestión económica no cierra ni siquiera para trasladarse a dar clases.

–¿Y sobre los alumnos?

–Del nivel de deserción estudiantil no sabemos mucho aún porque hay que seguir midiéndolo. No es tan rápido como la renuncia docente porque el alumnado puede estirar la carrera cursando menos materias. En La Pampa, por ejemplo, el gobernador planteó financiar el transporte público interprovincial, hecho que permitió que los estudiantes siguieran cursando. Pero sin medidas como esa la pérdida de alumnado se produce -fundamentalmente- en el interior del país.

–¿Lograron reunirse con el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, o con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez?

–Hemos tenido comunicación, sobre todo con Álvarez, pero su respuesta choca con la negativa de Economía, y eso implica que no tenemos respuestas concretas. En algún momento se habló de que más allá de la destrucción del salario ocurrido el año pasado, por lo menos evitar que siga ocurriendo, pero la verdad es que se sigue destruyendo. Hoy el Estado apenas cubre un tercio de lo que es la inflación. Y respecto a los gastos de funcionamiento, este año venimos cobrando menos valor nominal que el año pasado.

–¿Hay fondos que no hayan recibido y que tendrían que haberles acreditado?

–El mayor tema es que para eso tendríamos que haber tenido los presupuestos 2024 y 2025 que no existieron. En ambos casos se repitió el presupuesto 2023, que fue hecho en septiembre 2022. Por eso algunos fondos están a valores septiembre del 2022, que en porcentaje significa un 500% menos. Y otro problema es que, si este año no se ejecutaron esos fondos, tampoco tendremos créditos o asignaciones de partidas para el año próximo.

–La oposición logró, en la Cámara de Diputados, dar media sanción a un proyecto que apunta a reforzar y garantizar el financiamiento de las universidades nacionales. Ustedes presentaron un anteproyecto ante la Comisión de Educación y Cultura del Senado junto con las federaciones docentes, no docentes y la FUA. ¿En qué consiste concretamente?

–En este caso el plenario de la Cámara forzó a que la Comisión emitiera Despacho y este miércoles 6 de agosto, afortunadamente, pudo tratarse. Pero primero tuvieron que emplazar a que la Comisión sesionara porque es manejada por el oficialismo que no las convoca a sesionar. El proyecto se armó sobre la base del modelo que el Estado de San Pablo hace con las tres universidades de ese distrito, que son famosas y conocidas por su excelencia.

–¿Cómo es la experiencia paulista?

–Se trata de una asignación directa de los ingresos por impuestos que recibe el Estado, enviándolos a las universidades. Lo que habíamos planteado era el porcentaje de lo que recibe Nación por la coparticipación, correspondiente a la educación superior tomado desde el último presupuesto nacional, que automáticamente fuera a nuestro presupuesto. No tocábamos nada de las provincias ni nada del resto de lo que corresponde a Nación. Ese porcentaje, que más o menos es de un 10%, fuera enviado a la Secretaría de Educación para paritarias y gastos de funcionamiento. El proyecto de ley está motivado en el reconocimiento de la educación y, en este caso, a la educación universitaria como un derecho humano universal y bien público y social, en el que el acceso equitativo y la calidad son esenciales para garantizar la movilidad social ascendente y la construcción de una sociedad más justa y democrática.

–Una cuestión de derechos exigibles al Estado para su cumplimiento.

–Sí, y también recordamos que la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso sancionar leyes que garanticen la equidad de la educación pública estatal y la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales. Por otro lado, la Ley de Educación Nacional 26.206 define a la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado. En su artículo 3º los establece como “una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”. Y, según la Ley de Educación Superior 24.521, “el Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y la fiscalización de las universidades nacionales”. Para cumplir con estos preceptos, cada ley anual de presupuesto establece el crédito para financiar los gastos de funcionamiento, la inversión y los programas especiales de las universidades nacionales a través de la Coparticipación federal de recursos federales (los pertenecientes a la Nación). Estas transferencias se realizarían aplicando una “Proporción Universitaria” sobre los fondos nacionales provenientes de la coparticipación, sin impactar sobre la distribución de dichos fondos a las provincias ni a los ATN que la ley establece. Nuestro proyecto de ley se alinea con esta visión y empareja el financiamiento universitario con los ingresos recaudados.

–¿Qué sentido político tiene la media sanción lograda en Diputados que desafía al veto presidencial?

–Es un gran paso porque ratifica que el Congreso es la representación del pueblo. Esta división de poderes ratifica que lo que tendría que haber hecho, y no se pudo hacer por la Ley de Presupuesto Nacional, el Congreso lo subsana con esta ley específica para el sistema universitario público. Ahora esperamos la otra media sanción, y la verdad que no tendría lógica republicana que sea nuevamente vetada por el Presidente porque -justamente- es una ley que está subsanando un tema del Congreso. No es una ley nueva ni nada que modifique una situación anterior, sino que pone en funciones a la Constitución Nacional cuando habla de la autonomía y autarquía financiera de las universidades.

–-Permítame abstraerme de la cuestión estrictamente educativa y preguntarle qué cree que están intentando hacer con el intento de desfinanciar el sistema universitario.

–La vida universitaria está incorporada y es respetada en la sociedad argentina como un valor consensuado. Todos buscamos que haya estabilidad en las variables macroeconómicas, pero no a costa de bajar algunos derechos que siempre hemos tenido y que han permitido el ascenso social. Para este Gobierno, claramente la Universidad Nacional es un gasto, no es una inversión y buscan achicarlo. Y también es real que la sociedad argentina sigue defendiendo a la universidad como un valor. Desde el punto de vista político, creo que al Gobierno la universidad no le interesa y que al que le interese tiene que pagarla, y si no pueden, que no estudien. Las marchas visibilizaron una realidad de la sociedad argentina, y gracias a eso estamos en este tironeo de ida y vuelta. Mientras tanto, como ya planteamos, si seguimos así vamos a tardar 20 años en recuperar el nivel. En el fondo creo que ni siquiera se discute si la educación debe ser pública o privada, sino que no hace falta un modelo en el que no hace falta ir a la universidad para ser exitoso y que las empresas tienen que financiar la investigación que hoy financia la ciencia y la educación pública a través de interesados a los que se les planteará que tenemos muy buenos recursos humanos.

–Pero terminará siendo una falacia porque los recursos humanos capacitados están migrando.

–Claro, es una contradicción porque vamos a dejar de tener buenos profesionales si no financian la educación, la ciencia y la tecnología. Hay que tener en cuenta que por cada año que se pierde se estima que tardamos otros cinco en recuperarlo.

El CIN reconoce a la universidad pública como un artífice fundamental del desarrollo económico y el progreso social del país, y consideran como “fundamental que se garantice el financiamiento de políticas de permanencia como las becas para carreras estratégicas, que contribuyan al desarrollo intelectual y científico de nuestra nación”. Por eso, la institución liderada por Alpa requiere de consensos para proteger “el precepto constitucional de autonomía y autarquía universitaria, garantizando su normal funcionamiento y desarrollo”.

También reconoce la necesidad de cambios: “tenemos que trabajar sobre la duración de las carreras para hacerlas más cortas o que haya alternativas porque los estudiantes no son los mismos que hace diez o veinte años atrás. Hay que trabajar mucho, con el territorio, la internacionalización y con Latinoamérica. Y también introducir la inteligencia artificial en todos los campos porque ya es parte de nuestra realidad. Hay que invertir y dedicarnos a muchos temas de educación, pero, en cambio, estamos viendo cómo pagar la luz, el gas y cómo llegar a fin de mes. No podemos seguir haciendo malabares para que no se vayan los docentes, los estudiantes o para mantener los laboratorios abiertos”, concluyó.

Fuente yahoraque.com