Desplazaron al jefe policial de Miramar tras el crimen de Luciano Olivera

El jefe de la Policía de Seguridad Comunal de General Alvarado fue desplazado hoy de su cargo para facilitar la investigación del crimen del adolescente Luciano Olivera, cometido el último viernes en la localidad de Miramar, mientras que la fiscal de la causa dispuso una serie de medidas de prueba, entre ellas, un peritaje al arma utilizada por el efectivo detenido por el homicidio.

Por su parte, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, afirmó hoy a la prensa que en las fuerzas «hay estúpidos» que «actúan como mafiosos», por lo que hay trabajar para profesionalizarlas, al tiempo que advirtió que hechos como el de Luciano (16) «no pueden suceder».

Fuentes oficiales informaron a Télam que el Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso que fuera removido el comisario Edgardo Vulcano, quien había sido designado en la jefatura de General Alvarado en marzo de 2021.

En su lugar asumirá el comisario inspector José Ramón Segovia, quien, a su vez, se desempeñaba en la Superintendencia de Seguridad Región Atlántica II.

Una fuente oficial indicó que el objetivo de esta medida es que la investigación del caso «se pueda realizar con todas las facilidades».

En tanto, la fiscal de la causa, Ana María Caro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Miramar, ordenó que las pericias a la pistola 9 milímetros utilizada por el efectivo detenido, Maximiliano González (25), sean realizadas el próximo martes en el Instituto de Ciencias Forenses de Mar del Plata, dependiente del Ministerio Público.

También será peritada la vaina servida del proyectil, que fue hallada en el lugar, mientras que el plomo que perforó la remera, el buzo, la campera que la víctima llevaba puestos, y que atravesó su cuerpo, no pudo ser localizado durante los rastrillajes llevados a cabo tras el hecho.

Si bien el informe definitivo de la autopsia se conocerá a partir de mañana, la fiscal aseguró que Luciano sufrió una «muerte inmediata» a causa de «shock hipovolémico», debido al disparo recibido.

A partir de la información transmitida por la médica de la Asesoría Pericial que llevó adelante la operación, Caro precisó que «hay un orificio de entrada en el área del corazón» y que «específicamente la bala le perforó el corazón y el pulmón derecho en la parte inferior».

«También le causó una lesión hepática que es la que produce la muerte de manera instantánea, y después sale el disparo a la altura de la espalda», señaló la fiscal.

En la autopsia intervino además un perito de parte aportado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), institución que se puso en contacto con la familia de la víctima y se presentó como particular damnificado, y que según informó, realizó «presentaciones ante la fiscalía, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense y ante la Procuración General».

Por otra parte, la fiscalía dispuso la recolección de imágenes tomadas por cámaras de seguridad privadas, que fueron reunidas por personal de Policía Federal Argentina (PFA) y del Cuerpo de Ayudantía Técnica a la Instrucción de la Fiscalía General, y serán analizadas desde mañana.

En ese sentido, adelantó que «hay una cámara en la que se pude observar un poco mejor toda la secuencia del hecho».

Además, aseguró que se aguardaban los resultados de las pericias toxicológicas luego de la extracción de sangre realizada al imputado.

En el marco de la instrucción, se solicitó además al Ministerio de Seguridad bonaerense que aporte las comunicaciones entre los dos patrulleros que intervinieron en el lugar, y también el contenido de llamados al 911 que estén relacionados con el hecho.

En la causa brindaron ya declaración testimonial los efectivos policiales que se encontraban con González, y también quienes viajaban en el patrullero que inició la persecución, mientras que el imputado se negó a declarar al ser indagado, por consejo de su abogado particular, Lautaro Resúa.

En ese sentido, la aprehensión del efectivo dispuesta tras el hecho ya fue convertida en detención por parte del titular del Juzgado de Garantías 5 marplatense, Gabriel Bombini, y la fiscalía tendrá 15 días, prorrogables a otros 15, para pedir eventualmente su prisión preventiva.

González está imputado por el delito de «homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la condición de policía», que prevé una pena de prisión perpetua.

Por otra parte, los restos de Olivera fueron velados desde la tarde del sábado en una casa de sepelios ubicada en el centro de Miramar, y luego inhumados en el cementerio municipal.

Fuentes judiciales indicaron que la familia de la víctima no podrá disponer una eventual cremación del cuerpo ni su traslado fuera del distrito hasta que esté cerrada la instrucción.

El asesinato de Olivera se produjo en la madrugada del último viernes, cuando un patrullero con cuatro efectivos a bordo quiso identificar presuntamente al adolescente que se trasladaba a bordo de una moto Yamaha YBR 125 roja.

En circunstancias que aún son materia de investigación, efectivos que iban en otro móvil se cruzaron en su camino en la avenida 9, entre las calles 32 y 34, y luego de descender de esa unidad, González le efectuó un disparo con su arma reglamentaria.