En enero de 2018, Cristian Fernández salió de la cárcel. Tenía 19 años y había asesinado a su medio hermano en 2011, en un caso que sacudió a la opinión pública estadounidense y puso en el eje del debate la imputabilidad de los menores de edad. De hecho, algunos juristas llegaron a pedir que se juzgara al chico como a un adulto y se lo condenara a perpetua.
Cristian andaba por los 12 cuando fue arrestado por matar a golpes a su hermanito, David Galarraga (2), en un complejo de departamentos de Alden Road, en Jacksonville (Florida, EE.UU.). De acuerdo con la investigación de los fiscales, el muchachito hizo que la cabeza del pequeño impactara más de una docena de veces contra una biblioteca, lo que le causó a la víctima graves lesiones.
La víctima fue trasladada a un hospital, donde murió dos días más tarde a causa del traumatismo encefalocraneano. En consecuencia, el menudo agresor fue detenido y condenado a pasar cuatro años bajo la custodia del sistema penal juvenil del estado en el que residía. Una vez que cumplió con ese lapso, entre idas y vueltas, se ordenó que estuviera un tiempo de libertad condicional, bajo la amenaza de ser encerrado en una cárcel para adultos si no cumplía los requisitos que le impuso la Justicia.
“Él fue maltratado cuando era más chico, y luego maltrató a otros. Eso no se resuelve simplemente yendo hacia atrás. No se puede incinerar a alguien por siete años como ocurrió en este caso, eso no soluciona nada», opinó por aquella época el abogado Dale Carson, especialista en este tipo de casos.
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Poco más se sabe de Fernández, ya que la Ley prohíbe divulgar detalles sobre los protagonistas de esos crímenes. Sin embargo, está claro que los niveles de violencia están creciendo entre la población más joven. Esta semana, sin ir más lejos, el sistema educativo de Bélgica encendió las alarmas porque los docentes descubrieron que sus estudiantes copiaban escenas de «El juego del calamar» y se golpeaban brutalmente entre sí.
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