A un año de su creación, el Gobierno oculta qué función cumple la Unidad de Inteligencia Artificial del Ministerio de Seguridad

En julio de 2024, el Gobierno creó la Unidad de Inteligencia Artificial aplicada a Seguridad (UIASS), un organismo al que se le asignaron 12 funciones en la órbita del ministerio que conduce Patricia Bullrich. La noticia generó debates entre los expertos en tecnología, pero el tema pronto quedó en el olvido. Un año después, es imposible conocer detalles sobre las tareas que llevó adelante la unidad, con qué tecnología, cuánto personal tiene asignado y qué presupuesto tiene a su cargo. PERFIL presentó una solicitud de acceso a la información pública en abril y las autoridades decidieron no responder.

La UIASS se creó a través de la resolución 710, que se publicó en el Boletín Oficial el 29 de julio de 2024. Cuando se rastrea el organismo en los sitios oficiales no se encuentra información sobre su funcionamiento. Poco después de su lanzamiento, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Vía Libre y Revista Crisis presentaron solicitudes de acceso a la información para saber más sobre la unidad. En todos los casos, recibieron respuestas vagas con el argumento de que se estaban definiendo detalles.

El Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) decidió ir un paso más allá y llevó el tema a la Justicia, que obligó a las autoridades a entregar el expediente administrativo en el que se tramitó la sanción de la resolución 710/2024, que permite conocer las deliberaciones previas a la creación de la unidad. La organización tiene presentadas otras solicitudes para conocer más detalles.

La UIASS también llegó a la Cámara de Diputados de la Nación. Los legisladores de izquierda Vanina Biasi, Mónica Leticia Schlotthauer, Nicolás Del Caño, Alejandro Vilca y Christian Castillo presentaron un proyecto para anular la resolución a través de la cual se creó la UIASS. El tema fue girado a las comisiones de Seguridad Interior, Comunicaciones e Informática y Asuntos Constitucionales. Sin embargo, en esa instancia no hubo avances.

El 21 de abril, PERFIL presentó ante el Ministerio de Seguridad una solicitud de acceso a la información con cuatro preguntas: cuál es el software (o los softwares) que utiliza la unidad para llevar adelante su actividad; el detalle sobre las tareas que realizó desde su creación; la cantidad de personal asignado y funciones; y las partidas presupuestarias destinadas al organismo.

Las autoridades están obligadas a dar respuesta a este tipo de solicitudes y tienen un plazo de 15 días hábiles. En ese momento, pueden hacer uso de una prórroga que les otorga otros 15 días hábiles, que es lo que hizo el Ministerio de Seguridad el 14 de mayo. Desde entonces pasaron más de 40 días hábiles y la cartera de Bullrich no envió la información.

El misterio de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a Seguridad

Entre las 12 funciones que se le asignaron a la unidad, que funciona en la órbita de la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, dependiente de la Unidad de Gabinete de Asesores, se destacan “patrullar redes sociales abiertas” para identificar autores de delitos o para “identificar movimientos de grupos delictivos o prever disturbios”, analizar imágenes de cámaras de seguridad para “detectar actividades sospechosas o identificar personas buscadas utilizando reconocimiento facial” y “crear perfiles de sospechosos o identificar vínculos entre diferentes casos”, utilizar drones para vigilancia aérea.

Se trata de tareas sensibles. De ahí la necesidad de conocer cómo trabajó la unidad en su primer año. En diálogo con PERFIL, Natalia Zuazo, especialista en tecnología y directora de Salto Agencia, aseguró: “La predicción del crimen a través de Inteligencia Artificial no tiene evidencia concluyente en ningún lugar del mundo y en Argentina es ilegal. En la Unión Europea no están prohibidos, pero los sistemas predictivos son considerados de alto riesgo. Por eso, lo que se requiere es que tengan una evaluación previa y posterior”.

En la misma línea, Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, agregó: “Todavía hoy no tenemos información sobre qué tecnologías usan y eso es muy grave. Por lo tanto, no sabemos cómo se auditan ni quién controla esas tecnologías. Se trata de sistemas que están siendo cuestionados en el plano internacional porque se sabe que tienen sesgos discriminatorios. Sin información, sin auditorías y sin control público representa un peligro para las garantías de las personas”.

En estos doce meses, tanto la prensa como las organizaciones de la sociedad civil hicieron esfuerzos para saber más sobre la unidad. Además de los pedidos formales, se hicieron consultas al área de Prensa del Ministerio de Seguridad, pero -como es habitual- jamás respondieron las preguntas.

En septiembre de 2024, la cartera de Bullrich contestó la solicitud presentada por el periodista Facundo Iglesia, de Crisis. “Debido a la reciente puesta en funcionamiento de la Unidad de Inteligencia Artificial aplicada a la seguridad (UIASS), no se encuentra definido el tipo de software que se empleará y los eventuales desarrolladores internos o externos que se utilizarán. Oportunamente, se realizarán los relevamientos y procesos pertinentes con el fin de identificar el software que se requerirá para el ejercicio de las funciones de la Unidad, así como el eventual software ya disponible”, dice la respuesta.

El caso del CELS fue similar. “Nos dieron respuestas muy flojas diciendo ‘estamos trabajando en esto’, ‘estamos conformando el equipo de trabajo’. Luego hicimos otra presentación para pedir que nos compartan el expediente administrativo para conocer el camino burocrático previo a la creación de la unidad y fue rechazado”, contó a PERFIL Victoria Darraidou, coordinadora del equipo Seguridad democrática y violencia institucional de la organización.

ODIA tuvo algo más de suerte, ya que logró que el Ministerio de Seguridad le entregue el expediente administrativo. La información es valiosa, pero no responde a la principal inquietud de los expertos: cómo se están usando en la práctica estos sistemas. Tomás Pomar, integrante de la organización, sostuvo que conocer esta información va más allá de la UIASS en sí misma y tiene que ver con un andamiaje normativo tendiente a ampliar el uso de estos sistemas.

El experto recordó la resolución 428/2024, que determinó que la policía y otras fuerzas federales pueden llevar adelante “labores preventivas de los delitos que se desarrollan en ambientes cibernéticos”. Un mes después de su publicación, se conoció la creación de la UIASS a través de la resolución 710/2024, que “determinó que una unidad inter-fuerzas, como dice el artículo 2, va a estar a cargo de la coordinación de estas actividades”, sostuvo Pomar. Y agregó: “Finalmente esto se ‘coronó’ con la modificación del estatuto de la Policía Federal Argentina en el que se estableció como función de esa fuerza, en el punto 11, la posibilidad de realizar, sin autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales”. El texto legal habla de redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas.

“Uno de los mayores riesgos con estas resoluciones deriva del hecho de que el Estado, para realizar estas acciones de perfilamiento, va a contratar con empresas desarrolladoras de software. ¿A qué datos se les dará acceso?, ¿cuál será la política de privacidad?, ¿cómo se garantizará que no haya desvíos de uso de esos sistemas por parte del personal a cargo?”, se preguntó Pomar.

Las inquietudes se repiten entre quienes estudian el uso de tecnología en la prevención del delito. Zuazo, por ejemplo, mencionó el trabajo de dos investigadores de la Universidad de Essex, Peter Fussey y Daragh Murray, que se dedicaron a estudiar el sistema de reconocimiento facial que se utiliza en Londres. “Se encontraron con que el sistema tiene 19% de efectividad. Entre otras cosas, también vieron que en general las personas no saben que están siendo objeto de vigilancia ni tampoco sobre qué algoritmo se usa. Además, hablaron del efecto censura que produce en la gente”, explicó la experta.

Darraidou puso el foco en que “el ciberpatrullaje es una tarea de inteligencia criminal que nunca se legisló en Argentina”. “Apareció de sopetón en una resolución, pero nunca hubo un debate ni está incorporado en la Ley de Inteligencia Nacional. Tenés a la policía mirando el termómetro de las conversaciones sin que nadie sepa qué información van a recabar, quién va a controlar y qué harán después con esos datos”, agregó.

En el mundo hay un debate acerca de cuánto se pueden entrenar estos sistemas para reducir el margen de error y los sesgos. Sin embargo, según Busaniche, se trata de herramientas que pueden poner en jaque las libertades individuales, incluso si se consigue maximizar su funcionamiento. “La mera posibilidad de que se usen es un problema que genera una tensión con el Estado de derecho porque suponen una vigilancia total sobre la ciudadanía”, sostuvo la especialista.

Con estas advertencias como punto de partida, un grupo de diputados de la izquierda presentó un proyecto para que se diera marcha atrás con la unidad. Sin embargo, «en el Congreso está todo trabado», contó a PERFIL Vilca, uno de los legisladores firmantes. «Muchos de esos proyectos están estancados en las comisiones que La Libertad Avanza tiene estancadas. Hay un montón de leyes frenadas en comisión. Es lamentable», se quejó.

Sin respuestas por parte del Ejecutivo y sin que los temas puedan avanzar en el Legislativo, nadie puede saber si la Unidad de Inteligencia Artificial aplicada a Seguridad efectivamente funciona y de qué manera.

Fuente Perfil