Por Ariel Zak – Telam
La Cámara Federal de Casación Penal se prepara para definir después del fin de semana largo el destino de la causa Dólar Futuro, en la que se investiga si se cometió algún delito en la operatoria con esa herramienta cambiaria durante el período final del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quien hace un mes reclamó ser sobreseída.
Se trata de un expediente que ya está elevado a juicio oral pero que en la instrucción complementaria desarrollada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 se incorporó un informe pericial que concluyó que las operatorias de dólar a futuro son medidas de gobierno aplicadas en muchos países y que en este caso no solo no les generaron daño a las arcas públicas, sino que además permitieron evitar una corrida cambiaria.
El destino del expediente está por estas horas en manos de tres jueces, los miembros de la sala primera federal de Casación Penal Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, quienes deben decidir luego de haber escuchado el 4 de marzo a la vicepresidenta, al gobernador bonaerense y exministro de Economía, Axel Kicillof; al extitular del Banco Central, Alejandro Vanoli; y al actual titular de la entidad, Miguel Pesce, entre otros.
Las opciones
Si bien las discusiones entre los magistrados se desarrollan en completo hermetismo, fuentes judiciales explicaron a Télam que los jueces deberán decidir entre tres grandes opciones:
1) Declarar inadmisible el recurso de Casación (la causa seguiría camino al juicio, aunque se descuenta que las defensas buscarán la intervención de la Corte Suprema de Justicia).
2) Emitir una resolución que le ordene al TOF 1 que se ocupe de resolver sobre el fondo de los planteos de los imputados que reclaman ser sobreseídos.
3) Declarar la atipicidad del delito que se intenta investigar por tratarse de operaciones realizadas dentro de las atribuciones del Banco Central.
El debate entre los magistrados que deberán definir si la causa llega a juicio oral o es archivada antes se desarrolla a través de encuentros que mantienen por videollamadas de la plataforma Zoom, en los cuales cada uno expone argumentos mientras por separado van trabajando en sus propios votos, según pudo reconstruir Télam.
El fallo estará listo para después de las Pascuas y originalmente estaba previsto que fuera emitido bien cerca del fin de semana largo, al cumplirse el plazo de 20 días hábiles posteriores a la audiencia dispuestos por el Código Procesal Penal.
No obstante, se estima que la definición se estiraría unos días más porque los plazos se estiraron por algunos días de licencia que tomaron los jueces de la Sala I.
Exposición de Cristina Fernández de Kirchner
A principios de marzo, en la audiencia que se desarrolló también por Zoom y que fue transmitida en vivo por distintos canales de televisión, la Vicepresidenta aseguró que la causa se «manipuló al calor del proceso electoral» de 2015 -al cabo del cual Mauricio Macri fue ungido como presidente- y que con la operatoria de ese tipo de contratos no se le generó ningún perjuicio al Estado, por lo que exhortó a los jueces que deben decidir si se hace el juicio oral o no a que «apliquen la ley».
La exmandataria expuso durante cerca de 50 minutos en los que repasó algunos hitos del expediente judicial, cuestionó el papel del fallecido juez Claudio Bonadio y, en un mensaje directo a los jueces que la escuchaban, concluyó: «Yo no les voy a pedir mi sobreseimiento, les voy a pedir que apliquen la Constitución. Está todo escrito, tienen que aplicar la ley».
En aquella exposición que realizó desde su despacho en el Senado, la exmandataria reseñó que la denuncia que dio origen a la causa fue presentada por los jefes de bloques legislativos de Cambiemos, Federico Pinedo (PRO) y Mario Negri (UCR), entre la primera vuelta electoral y el balotaje en el que la ciudadanía tuvo que decidir entre Mauricio Macri y el exgobernador bonaerense Daniel Scioli.
«El 17 de noviembre de 2015, a las 12, en plena rueda cambiaria, Bonadio irrumpe con un allanamiento en el Banco Central. ¿Cuál era el objetivo? Provocar una corrida, una devaluación, un desastre para todos», continuó la expresidenta, para luego hacer hincapié en que eso ocurrió cinco días antes de la segunda vuelta electoral.
Fernández de Kirchner dedicó otra parte de su exposición a señalar que no hubo entre los suscriptores de contratos de dólar futuro «ningún amigo» de su Gobierno, sino que los que se beneficiaron con esos convenios y con la posterior devaluación provocada por la gestión de Macri fueron amigos del exmandatario y exfuncionarios, como Mario Quintana, exvicejefe de Gabinete de Marcos Peña.
La vicepresidenta, como los demás imputados que expusieron después, invocó también el peritaje que ordenó el TOF 1 y que el juez Bonadio se había negado a hacer durante la causa, en el cual los peritos Carlos Campodónico, Alejandro Del Acebo y Stella Maris Castaño constataron que en aquella operatoria no había existido un perjuicio para el Estado nacional.
Después de la primera y más acalorada exposición, llegó el turno de los demás imputados y finalmente el del fiscal Raúl Plee, el único que se opuso a la cancelación del juicio: para ese momento en la página de YouTube que reproducía la audiencia virtual quedaban pocos de los más 20 mil espectadores que habían visto y escuchado a la expresidenta.
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