Comienza el reordenamiento del programa Potenciar Trabajo

El reordenamiento de los planes sociales dará la semana próxima un paso central cuando la Universidad de Buenos Aires y la Tecnológica Nacional inicien las auditorías sobre la aplicación del programa Potenciar Trabajo, por medio de relevamientos en la provincia de Buenos Aires.

Las casas de altos estudios relevarán la situación socio laboral y productiva de las unidades de gestión y de los beneficiarios, tal como quedó definido el viernes en una reunión que mantuvo el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, con intendentes y funcionarios municipales de la Primera y Tercera sección electoral.

«Queremos saber su historia educativa, así como conocer más su trayectoria laboral, si tiene algún oficio, lo que permitirá avanzar en la transparencia y generar condiciones para que el que trabaje puedo hacerlo de la mejor manera, y para que el que no trabaja, pueda capacitarse o estudiar»

Gustavo Aguilera

«La reunión fue muy productiva. Charlamos sobre en qué consiste la auditoría de las actividades del Potenciar Trabajo que abarca a un millón trescientos mil titulares. La idea es tener más y mejor información sobre cada uno de ellos», afirmó este sábado el viceministro de esa cartera, Gustavo Aguilera, en declaraciones a Télam.

«Queremos saber su historia educativa, así como conocer más su trayectoria laboral, si tiene algún oficio, lo que permitirá avanzar en la transparencia y generar condiciones para que el que trabaje puedo hacerlo de la mejor manera, y para que el que no trabaja, pueda capacitarse o estudiar», puntualizó e insistió en que si el beneficiario «no hace ninguna de estas cosas, no va a recibir más el Potenciar Trabajo».

Según detallaron desde la cartera de Desarrollo Social, los estudiantes de las universidades que realizarán los relevamientos comenzarán la semana próxima con las capacitaciones, en tanto que durante la otra arrancarán los operativos, con el trabajo en el territorio de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires.

Habrá distintas modalidades: por un lado, los encuestadores visitarán los lugares donde los beneficiarios trabajan y, por otro lado, habrá convocatorias específicas en clubes, predios o universidades.

Los beneficiarios, cuya participación es obligatoria en la auditoría, deberán responder un cuestionario de una treintena de preguntas sobre capacitación laboral, nivel educativo y datos de la composición familiar, entre otros.

Se les preguntará sobre su situación habitacional, socio educativa, y se los consultará puntualmente por la unidad de gestión a la que reportan.

Los beneficiarios, cuya participación es obligatoria en la auditoría, deberán responder un cuestionario de una treintena de preguntas sobre capacitación laboral, nivel educativo y datos de la composición familiar, entre otros

Estos procedimientos fueron detallados en el encuentro de ayer -que se realizó en la sede del ministerio- donde se insistió en que las autoridades buscan «relevar información sobre las y los titulares del Programa Potenciar Trabajo para conocer su situación socio laboral y productiva y certificar la realización de actividades bajo el programa, en el marco del vínculo con las Unidades de Gestión gubernamentales y no gubernamentales».

El viernes el ministro Juan Zabaleta precisó que «este nuevo paso que estamos dando es parte de un camino que iniciamos hace un año: abrimos un mecanismo para que las personas puedan cambiar de Unidad de Gestión, financiamos proyectos productivos para acompañar el retorno al empleo genuino y ahora vamos a sumar información para mejorar esta política pública».

El relevamiento, además, permitirá diseñar estrategias para «fortalecer» las iniciativas del Potenciar Trabajo, apoyadas en cinco ejes: socio productivas, comunitarias, laborales, de terminalidad educativa y de formación laboral.

De la reunión participaron también el viceministro Aguilera, y el titular de Unidad Ejecutora del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva Potenciar Trabajo, Pablo Pais; la secretaria de Abordaje Integral, Micaela Ferraro, el subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local, Alejandro Gramajo; y el subsecretario de Política de Integración y Formación, Daniel Menénde

Estuvieron además las y los intendentes Carlos Ramil (Escobar), Leonardo Boto (Luján), Noelia Correa (Malvinas Argentinas), Julio Zamora (Tigre), Federico Achaval (Pilar), Juan Fabiani (Almirante Brown), Alejo Chornobroff (Avellaneda), Juan José Mussi (Berazategui) y Gastón Granados (Ezeiza). Asistieron también Mayra Mendoza (Quilmes), Andrés Watson (Florencio Varela), Juan Andreotti (San Fernando) y Nicolás Mantegaza (San Vicente).

«Este nuevo paso que estamos dando es parte de un camino que iniciamos hace un año: abrimos un mecanismo para que las personas puedan cambiar de Unidad de Gestión, financiamos proyectos productivos para acompañar el retorno al empleo genuino y ahora vamos a sumar información para mejorar esta política pública»

Juan Zabaleta

Otros de los participantes fueron Mariana Balbi, secretaria de Desarrollo Social Comunitaria de General Rodríguez; Carlos Cittadini, secretario de Economía Social y Popular de Merlo; Daniel Matos, director de Entidades Intermedias de San Isidro; Diego Kravetz, Jefe de Gabinete de Lanús; Nicolás Fusca, secretario de Desarrollo Social de La Matanza; Domingo Antonio Córdoba, secretario de Economía de Presidente Perón; y Emiliano Valentino, secretario de Desarrollo Social de Esteban Echeverría.

Días atrás, al presentar sus primeras medidas al frente del Palacio de Hacienda, el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, ratificó que el Gobierno nacional avanzará en un reordenamiento de los planes en un proceso a desplegar durante los próximos 12 meses, que comenzará en los próximos días con el inicio de la auditoría.

Desde los movimientos sociales, el secretario gremial de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, Gildo Onorato, apoyó esta semana el comienzo de la auditoría, pero advirtió: «No vamos a tolerar su uso mediático ni la creciente estigmatización a quienes perciben un Salario Social Complementario».

«Estamos de acuerdo con el proceso de auditorías que comenzará, los movimientos populares vamos a colaborar con que Potenciar Trabajo tenga la mayor transparencia posible. Para eso es necesario que las auditorias se realicen al conjunto de las organizaciones sociales, ONGs, municipios, gobiernos provinciales e iglesias que son parte de la ejecución del programa», afirmó el dirigente en un comunicado.

Sobre la metodología a implementar, agregó que «para que las auditorías sean lo más reales posibles, es fundamental que se realicen en las diversas unidades productivas, cooperativas, espacios comunitarios o empresas recuperadas donde los trabajadores y trabajadoras de la economía popular realizan su labor», y expresó que «es fundamental aplicar políticas de transparencia».