El ahogo a las provincias

El Gobierno vulnera a asalariados del sector privado, público, jubilados y discapacitados. La discontinuidad de la obra pública tiene un efecto indirecto, pero igualmente grave sobre el nivel de vida. Al retacearles fondos a los gobernadores, Milei les resta autonomía para ensayar soluciones, aunque sea parciales.

En la entrevista que Luis Caputo concedió a La Nación+ el miércoles 9 de julio se refirió al salto en el tipo de cambio, sobre el cual dijo que “puede haber volatilidad, es todo, no es un problema”. También acusó a la oposición de necesitar que “Argentina sea un caos para tener alguna posibilidad de volver. ¿Para qué volver? Para seguir robando. ¿Por qué? Porque ellos ven a la política como un negocio”.

La acusación vino como respuesta a la intención de los opositores de sancionar la emergencia en discapacidad y una recomposición de las jubilaciones. Además de los proyectos impulsados por los gobernadores, que establecen un reparto equitativo entre provincias de los Aportes del Tesoro Nacional y del impuesto a los combustibles.

El proyecto de emergencia en discapacidad propone, entre otras cosas, facilitar el acceso a pensiones no contributivas con la presentación del Certificado Único de Discapacidad por parte de los beneficiarios, un incremento para compensar la reducción en el presupuesto de los prestadores del sistema de salud, y la modificación de las normativas que endurecen el acceso a las pensiones.

Para las jubilaciones se propone una recomposición del 7,2 por ciento, exceptuando a los regímenes especiales, un incremento del bono que las acompaña de 110 mil pesos (frente a los 70 mil actuales) y actualización por aumentos de precios, y la extensión por dos años de la moratoria previsional.

Los proyectos fueron sancionados y ya son ley. El Presidente dijo que vetará.

Los análisis sobre las provincias tienden a coincidir en que las transferencias recibidas exhiben una leve mejora con respecto al año anterior, pero siguen en niveles bajos comparados con períodos previos. 

El informe de transferencias a las provincias que elabora el Centro de Economía Política Argentina consigna que en términos reales tuvo lugar un leve incremento en junio de las transferencias por Recursos de Origen Nacional, del 7,9 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado, que contrapesa un descenso de las transferencias por coparticipación del 3,9. Este resultado revierte un descenso en las dos variables observado en mayo, pero es menor que los incrementos de los meses anteriores.

En líneas similares, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal calcula que, medidos en precios constantes, el valor de las transferencias a las provincias acumulado hasta junio es, partiendo de la base de 2016, el más bajo desde 2020. A su vez, es 9,6 por ciento más bajo que el de 2023, y casi equivalente al de 2024.

Por su parte, el Instituto Argentina Grande, encabezado por Gabriel Katopodis, elaboró un material que pone de relieve el deterioro de las rutas durante la gestión de Javier Milei. Entre 2022 y 2024, el porcentaje de rutas en buen estado descendió del 54,9 al 47,5. Y el de rutas en mal estado creció de 23 a 29. La cantidad de kilómetros inaugurados fue de cero, con obras detenidas. En 2022 se inauguraron 1209 km.

La Provincia de Buenos Aires fue la principal afectada por la falta de inversión. El porcentaje de rutas que se encuentran en estado bueno o regular cayó cuarenta puntos.

El episodio de la infraestructura guarda relación con el freno a la obra pública en materia de energía, que entre otras cosas dio lugar al episodio de los cortes de gas en Mar del Plata hasta la semana anterior. Este párate incluyó la cancelación del segundo tramo del Gasoducto Nestor Kirchner, y otros proyectos vinculados a la ampliación de distintos gasoductos. Lo que repercute en la limitación del suministro.

Una reacción política es inevitable, porque el Gobierno distribuye perjuicios sin beneficios tangibles a cambio. Simplificadamente, perjudica a la mayor parte de los grupos de la población de diferentes maneras. 

Entre los asalariados la carga es dispar. A los del sector privado les inhibe las paritarias, pero hasta ahora fueron los menos perjudicados. A los del sector público los deja más rezagados, porque tiene condiciones de mayor fuerza para ello. Y también, como son ingresos que, en un principio, están bajo su control directo, vulnera a jubilados y receptores de transferencias y servicios estatales.

La discontinuidad de la obra pública tiene un efecto indirecto, pero igualmente grave sobre el nivel de vida. Según el caso, afecta a la vida cotidiana de la población, inhibe la posibilidad de una ampliación de las actividades productivas, o ambas a la vez. En los casos del gas y las rutas, la tercera posibilidad es la más probable.

Al retacearles fondos a los gobernadores, se queda sin socios, porque de alguna forma les transfiere una parte de la carga y de los perjuicios de sus propias políticas, y les resta autonomía para ensayar soluciones, aunque sea parciales.

Una vez más, Toto dice cosas poco razonables. La actuación de la dirigencia política para propinarle un golpe al Gobierno es racional. De hecho, cuanto mayores sean las convicciones y más claridad haya en la falta de perspectivas que les ofrece el oficialismo a quienes no lo conforman, más difícil debería resultarle encontrar acompañamiento en otros sectores.

Por cierto, la volatilidad que “puede haber” no contribuye a despejar el panorama. Desde que JP Morgan y Pimco iniciaron su salida, el tipo de cambio se disparó, llegando a encontrarse en torno a los 1280 pesos. Por ahora, no llegó al techo de la banda, que sería la condición que habilitaría una intervención directa del Banco Central. 

Las reservas internacionales, desde que se concretaron los desembolsos del FMI y otros organismos, se incrementaron, pero poco. Se encuentran en torno de los 41 mil millones de dólares, frente a los 36 mil de mediados de abril. Con déficit de cuenta corriente, parece cosa difícil que continúe la acumulación. 

Y si el dólar llega al techo de la banda y el Gobierno trata de defender el tipo de cambio con pocos recursos, ¿qué le restaría hacer a una oposición que se debería hacer cargo de las consecuencias que tiene la negligencia de la administración libertaria? No es una situación que parezca inmediata, pero sí posible.

Fuente yahoraque.com