El mago del Kremlin, además, amenaza

La violencia ejercida por funcionarios del Estado nacional, y sus adláteres en redes sociales, busca con sus discursos de odio atemorizar y amordazar a la prensa, periodistas y reporteros gráficos, quienes según el constitucionalista Andrés Gil Domínguez “no terminan de comprender que esto va más allá de su posicionamiento ideológico”. La clave es “la defensa del ejercicio de la profesión”. La Argentina, número 87 en el ranking de libertad de expresión.

«Si no empiezan a pedir perdón, cada día valdrá más la frase: ‘La gente no odia lo suficiente a los periodistas’», posteó el presidente Javier Milei el mismo día que su asesor estrella, Santiago Caputo, al ingresar al estudio donde se realizaría el debate previo a las elecciones legislativas porteñas, increpó al fotógrafo del diario Tiempo Argentino, Antonio Becerra, que le tomaba imágenes en un lugar público y con la debida acreditación para ejercer su tarea dentro del recinto.

Caputo le pidió que dejara de tomarle fotos y Becerra continuó con su tarea, así que intempestivamente le tomó la acreditación que colgaba de su cuello para sacarle una foto con su celular. Becerra explicó que lo miró y que Caputo le dijo: “vos sos un desubicado”.

Esa misma noche, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) emitieron un comunicado con el que repudiaron lo que consideraron “un grave gesto de intimidación”.

Esta acción, que bien puede considerarse patoteril (la del asesor presidencial) y amenazante (en el caso del posteo del Presidente) son la frutilla del postre de esta semana que se suman a otros posteos y acciones instigadoras de violencia que llevaron, por ejemplo, a que el director de El Destape, Roberto Navarro fuera agredido por dos extraños y sufriera un fuerte golpe desde atrás y en la cabeza que lo mantuvo internado. Navarro no vio venir al agresor, pero lo que sí estamos viendo es cómo viene la promoción (sí, promoción) permanente de discursos de odio desde el poder con el objetivo manifiesto de intimidar y, probablemente, acallar a la oposición de toda índole.

¿Lo lograrán?

Discursos de odio que bajan desde el poder

El concepto Discursos de odio (DDO) es relativamente novedoso. Las Naciones Unidas (ONU) comenzaron a citarlo con frecuencia recién en mayo de 2019 cuando advirtieron que “constituyen una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz”. Y los definieron como “cualquier tipo de comunicación, oral o escrita, o comportamiento que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo en función de lo que son basándose en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad”. El concepto aún se debate ampliamente, en especial en relación con la libertad de opinión y expresión, la no discriminación y la igualdad. Y si bien no existe una definición universal de acuerdo con el derecho internacional en materia de derechos humanos, la ONU asumió criterios adoptados por líderes interconfesionales en el Plan de Acción de Rabat desde donde comenzó a pensarse qué características deben darse para definir un umbral de virulencia que defina si una acción puede considerarse como un DDO en la vida diaria dentro de sociedades y organizaciones. En definitiva, cómo se construye violencia. Una cosa, al menos, ya sabíamos desde antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando el nazismo, con el uso indebido y violento de la palabra, comenzó a preparar el terreno para generar el mayor genocidio del siglo veinte con el exterminio de seis millones de judíos. Ese discurso bajó desde el poder y tuvo como objetivo “marcar” a un enemigo, que terminaron siendo varios más como los homosexuales, los gitanos y las personas con discapacidad; y comenzó con la palabra… todo el resto es historia más o menos conocida. 

El umbral del odio

Para evaluar si en una sociedad u organización se produjo alguna acción que deba considerarse como DDO, y evaluar su eventual imputabilidad y delito, la ONU adoptó estos seis puntos del Plan de Rabat.

1-El contexto: Es de gran importancia el contexto a la hora de evaluar si algunas declaraciones incitan a la discriminación, la hostilidad o la violencia contra algún colectivo social, religioso o profesional. El análisis del contexto en el que fueron dichas las palabras debe ubicar al discurso dentro del contexto social y político predominante de cuando haya sido difundido; 

2-El/la oradora: Debe considerarse la posición o estatus social de la o el dicente, especialmente la reputación del individuo en el contexto de la audiencia a la que dirige el discurso. ¿Cómo suena que ese discurso violento sea pronunciado sistemáticamente por el presidente de un país o sus funcionarios o esbirros mediáticos y cibernéticos?; 

3-La intención: El artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé la intención que debe haber en el discurso, y detalla que la negligencia y la imprudencia no son suficientes para que un acto constituya delito. El artículo 20 del Pacto incluye disposiciones sobre la “apología” e “incitación” a la violencia.

4-El contenido y la forma: El contenido del discurso constituye uno de los enfoques principales a considerar en la evaluación y es un elemento esencial para definir si existe incitación al odio. Debe contemplarse si ese contenido fue provocador y directo, así como la forma, estilo y naturaleza de los argumentos empleados en la construcción de ese discurso a evaluar sobre su eventual agresión y violencia; 

5-La extensión del discurso: La extensión incluye elementos como el alcance del discurso, su naturaleza pública, su magnitud, así como el tamaño y dimensión de su audiencia, multiplicada geométricamente en esta época de múltiples formatos de redes sociales. 

Otros elementos deben considerar si el discurso es público, los medios de difusión empleados, la frecuencia, la cantidad y la extensión de las comunicaciones, y si ese texto o imágenes son distribuidas en un entorno restringido o público; y

6-La probabilidad, incluyendo la inminencia: La incitación, por definición, es un delito incipiente. La acción promovida a través de discursos de incitación no tiene que ser llevada a cabo para que dicho discurso sea un delito. Sin embargo, algún grado de riesgo de daños debe poder identificarse. Esto significa que, ante un eventual juicio, la justicia deberá determinar si existía una probabilidad razonable de que el discurso pudiera lograr la incitación a una acción violenta concreta contra el colectivo apuntado. 

Cualquier coincidencia con la realidad argentina puede no ser casualidad. Abundan los ejemplos.

Y por casa, ¿cómo andamos?

Para Horacio Lutzky, abogado, periodista y ex subdirector de Asuntos Jurídicos de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, “más allá de lo conceptual y del plano moral, desde el derecho existen herramientas, que muy pocas veces se aplican, pese a que los discursos de odio no están amparados por la libertad de expresión, sino que atentan contra ella y contra la convivencia democrática”.

–Un caso muy resonante es el atentado contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Lutzky: Sí. Y ahí se aplicaron algunas de estas normas contra la agrupación “Revolución Federal”, implicada en la generación del clima social que culminó con el intento de asesinato contra ella. Después de cometido el atentado (aunque pudo haberse hecho antes) la justicia consideró que miembros de esa agrupación “…utilizaron las redes sociales como herramienta de difusión -donde su mensaje alcanzaba a gran cantidad de personas y en definitiva a la generalidad de la población-, siendo que por aquella vía y en las calles alentaron e incitaron a la persecución, a la violencia y al odio, teniendo por principales, aunque no únicos destinatarios de esas acciones a funcionarios públicos del PEN, constituyéndose en uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la Vicepresidente de la Nación”. Entonces se dictaminó que “las conductas desplegadas por los imputados en autos encuadrarían prima facie en los tipos penales previstos en los arts. 212, 213 bis del Código Penal (CP) y en el art. 3 último párrafo de la ley 23.592 de actos discriminatorios”. El tipo penal del art. 212 del CP reprime con pena de prisión de tres a seis años a quien públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones por la sola incitación. El art. 213 bis del CP que reprime con reclusión o prisión de tres a ocho años al que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación.

Lutzky, en diálogo con Y ahora qué? agregó que “una gran cantidad de discursos de odio no llegan a ser incitación, pero igual causan daño a los sectores sociales que los padecen y, por acumulación, pueden fácilmente derivar en incitación. Por eso hay que concientizar sobre los peligros de los discursos de odio y robustecer las iniciativas que los estudian y evidencian, y articular con organismos de derechos humanos en pos de una comunicación respetuosa de derechos. Es necesario vencer la indiferencia y salir al cruce de este peligroso fenómeno que afecta las bases de la vida democrática”, concluyó.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez desde antes de la asunción de La Libertad Avanza (LLA) tuvo premoniciones asertivas: en septiembre de 2023 expresó que “con Milei llega la teología del odio». Ya entonces se sorprendió por la “orfandad de reacciones contra el ataque a las bases del sistema democrático, la dignidad humana y el Nunca Más perpetrado por el líder de la ultraderecha y candidato a presidente, Javier Milei. La base del sistema democrático está constituida por la dignidad humana que, en su acepción más simple, implica que todos los seres humanos tienen el mismo valor intrínseco como personas. En las diferencias o las discrepancias, siempre existe un otro como yo en el marco de una intersubjetividad pluralista de planes de vida diversos”, escribió en un artículo que tituló “¡Viva la Constitución, carajo!”.

Gil Domínguez recuerda, en diálogo con Y ahora qué?, que “los delitos de odio están penalizados tanto por la Ley antidiscriminatoria como por el Código Penal”. 

–Pero ocurre que en muchos casos los dichos del Presidente, sus funcionarios o seguidores corresponden a una incitación a la violencia. El tema es que el delito viene después ¿o ése es el delito en sí mismo?

Gil Domínguez: No, ése es el delito, el de incitación a la violencia.

–¿Y qué organizaciones deberían hacer una denuncia de esta envergadura? Porque no parece que la estén haciendo.

Gil Domínguez: Cualquier persona puede hacerla, pero por qué no se hace…no tengo respuesta. Yo las hago, otros no sé. Me imagino que este sistema genera mucho temor, y el temor deriva en autocensura y paralización. La amenaza coactiva agravada es aquella que tiene la capacidad de provocar cosas por el solo hecho de la amenaza. Puede provocar la inacción, lo contrario a lo que querés hacer.

–Hay como una especie de parálisis en esto de realizar las denuncias.

Gil Domínguez: Totalmente. En esto y en un montón de temas. Tenés una oposición fragmentada, desarticulada y desactualizada en términos digitales. Este gobierno dispone de iniciativa y tiene construido un discurso de objetivos y de fines estructurados en un lenguaje digital que le llega fundamentalmente a las personas de 35 o 40 años. Y del otro lado tenés mucha fragmentación y demasiada pelea. No hay ninguna alternativa. Y encima manejan formas analógicas o digitalmente primitivas de comunicación.

–Cuando Milei dice en su posteo que aún no hay suficiente odio todavía contra la prensa, ¿eso no incita a la violencia? ¿No debe ser considerado como un delito?

Gil Domínguez: Puede ser un discurso de odio, puede ser también una amenaza coactiva, pero ocurre que no está dirigido contra un sujeto. Tiene que haber una identificación.

–Pero hay una clara identificación contra un gremio. En todo caso, un gremio que se le está oponiendo de alguna manera.

Gil Domínguez: Sí, bueno, pero el periodismo argentino no ha reaccionado todavía de forma sincrónica, coordinada y mancomunada, como tendría que hacerlo ante este peligro que plantea el Gobierno, cómo sí ha reaccionado frente a peligros menores que han planteado gobiernos anteriores.

–¿Y por qué cree que no ocurre? ¿Por un tema económico y de supervivencia de las empresas?

Gil Domínguez: No tengo respuesta. En otros momentos de la historia se produjeron reacciones generalizadas, coordinadas y muy potentes tratando de marcar un límite. No sé qué se espera para una reacción de esas características. El gobierno está yendo por el periodismo crítico. Si vos sos periodista oficialista o partidario, no vas a tener ningún problema.

–¿Qué habría que hacer que no se está haciendo?

Gil Domínguez: Primero, una tarea coordinada y sincronizada con todos los sectores del periodismo más allá de su posicionamiento ideológico. Esto ya no es solo un tema de defensa, es un tema de defensa del ejercicio del periodismo en sí mismo, de la profesión. Después, me parece que quienes tienen representaciones gremiales de distinta naturaleza tienen que tener una posición mucho más firme de denuncia ante la justicia, y mayores presentaciones ante organismos supranacionales. Hay que ser más duros en este tipo de conductas.

En esa misma columna del 2023, Gil Domínguez advirtió de lo “peligroso para la dignidad humana que Milei adjetive a quienes no coinciden con su pensamiento como ‘basura’, ‘excremento humano’ o ‘para persona’ (menos que una persona) que esa teología del odio llegue al poder podría ser catastrófico”. Y agregó que “si el Estado te quita la dignidad de ser una persona con derechos, pasás a ser un ente merecedor de cualquier cosa, aún del exterminio”. Mientras tanto, el diputado de la UCR Facundo Manes amplió su denuncia contra Santiago Caputo por el presunto delito de «amenaza coactiva» ocurrido contra el fotógrafo Antonio Becerra. En la presentación, sus abogados, Andrés Gil Domínguez y Mariano Bergés, destacaron “un patrón recurrente en la utilización de la amenaza coactiva contra los representantes del Pueblo que asumen un rol crítico u opositor, y respecto de quienes representan el derecho de expresión e información en su dimensión colectica a través del ejercicio de la profesión de periodista, sino que también, configura un nuevo hecho delictivo que debe ser investigado y oportunamente sancionado”.

Hasta el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) hizo su denuncia por el aumento de la violencia contra periodistas y fotorreporteros. En su informe anual del Monitoreo de Libertad de Expresión, destacaron un fuerte incremento del asedio a la prensa, y afirmaron que los ataques crecieron un 53% en relación al 2023 y un 103% si se comparan con los ocurridos en 2022. Otro dato alarmante es que el origen de dichos ataques, en un 52,5% fueron perpetrados desde el poder político, y que el presidente Javier Milei fue quien más episodios protagonizó. Participó en 56 casos que fueron denunciados como discursos estigmatizantes, agravios o insultos.

Peor que el año pasado

La organización internacional Reporteros sin Fronteras también dijo lo suyo. Vista desde el exterior, la violencia de Milei hacia los medios de comunicación locales no parece ser diferente al diagnóstico autóctono: el primer año de mandato del presidente ha estado marcado por innumerables insultos y ataques cotidianos a periodistas y medios de comunicación. Acusaciones directas e infundadas, así como hechos y datos tergiversados, han sido proferidos por el propio jefe del Estado. Javier Milei encabeza esta ofensiva en las redes sociales, discursos o en entrevistas, y en la misma línea se comportan miembros del Poder Ejecutivo”. Anualmente, RSF realiza un monitoreo de la situación global de la prensa y en su último informe ubicó a la Argentina en el puesto 87 del ranking, 21 posiciones más abajo que el año anterior.

La historia universal demuestra que los actos violentos, incluso crímenes atroces, estuvieron precedidos por la palabra como una filosa arma que dispara discursos de odio. 

La historia ya demuestra que el discurso de odio -incluso unido a la desinformación- puede llevar a la estigmatización, la discriminación y a la violencia física y a gran escala.

Fuente yahoraque com