Luego de que Cristina Fernández de Kirchner comenzara a cumplir prisión domiciliaria tras la ratificación de su condena en la Causa Vialidad, y ante los crecientes comentarios de sectores del peronismo sobre la posibilidad de revertir esa situación en el futuro, el partido PRO presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca expresamente evitar que «los delitos de corrupción contra el Estado puedan ser indultados».
La propuesta legislativa fue impulsada por el PRO. A través de sus redes sociales, Silvana Giudici enfatizó el objetivo fundamental de esta medida: «Ratificar que en la Argentina nunca más los funcionarios podrán cometer actos de corrupción sin ser condenados».
El proyecto de ley considera que cuando un funcionario utiliza su cargo para «robar, desviar fondos públicos o enriquecerse ilegalmente, atenta contra la democracia», calificándolo no como un delito común, sino como «un acto de traición a la Patria».
Para fundamentar su iniciativa, Giudici citó el artículo 36 de la Constitución Nacional, que establece que «los atentados contra el orden democrático son delitos imprescriptibles». La propuesta concreta es añadir un artículo a la ley 27.156, que ya prohíbe «indultos, amnistías y conmutación de penas en delitos de lesa humanidad», extendiendo así esta protección a los delitos de corrupción.
La presentación de esta ley se produce después de que figuras del kirchnerismo, como el senador Eduardo «Wado» de Pedro y José Mayans, jefe del bloque peronista en el Senado, manifestaran su intención de «luchar hasta que Cristina Fernández quede libre».
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