Etiquetado Frontal: ¿Cómo cambió el consumo y cuál es el pronóstico a largo plazo?

En 2021, el Gobierno nacional sancionó la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, o ley de etiquetado frontal, para advertir a los consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los productos; y ayudar a combatir las enfermedades no transmisibles asociadas que más afectan a la población: sobrepeso u obesidad, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades vasculares, cardíacas, cerebrales y renales.

De esta manera, la norma establecía que cada envase tendría un sello de color negro, de forma octogonal y con letras blancas que informe sobre los excesos de azúcar, sodio, grasas saturadas y/o calorías de acuerdo a los valores propuestos por la OPS (así como la presencia de edulcorantes o cafeína); y prohibía, a su vez, la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes en los productos que tuvieran al menos uno de estos sellos.

Según explica la Organización Panamericana de la Salud, existe un número elevado y creciente de pruebas científicas de que este sistema de advertencias nutricionales logra mejores resultados en cuanto a informar a los consumidores de manera rápida, fácil y correcta cuando los productos contienen cantidades excesivas de nutrientes relacionados con enfermedades no transmisibles; y estudios realizados en varios países demostraron que desalentó la adquisición de productos poco saludables y logró modificar ciertas conductas en el consumo de alimentos envasados.

Ahora, ¿cómo está impactando en nuestro país tras 12 meses de reglamentada la ley?

La consultora privada ShopApp se propuso monitorear cómo está impactando en el consumo la aparición de productos con sellos en las góndolas y para ello entrevistó a 1.000 consumidores argentinos, entre el 14 y el 17 de febrero de 2023.

El informe publicado recientemente mostró que, a pesar de que la Ley de Etiquetado ya se ve en las góndolas, todavía hay 3 de cada 10 argentinos que no la conoce ni escuchó hablar de ella. Sin embargo, a fines de 2021 el conocimiento alcanzaba al 64% de

los encuestados, por lo que se ve un incremento en el último año.

A su vez, aunque sólo el 28% de los consumidores encuestados declara conocer bastante o mucho sobre la ley, el acuerdo es muy alto: 8 de cada 10 están de acuerdo con ella; la mayoría alega que ayudará a conocer mejor lo que comemos y otra parte alega que obligará a las empresas a vender alimentos más sanos.

Se observó, también, que las mujeres, los mayores de 30 años y los niveles socioeconómico (NSE) medios-altos, suelen ser más filosos con la percepción de cuán saludable son las categorías (cereales, yogures, pan lactal, gaseosas con azúcar, snacks salados y golosinas). Y como lo son, suelen tener actitudes más extremas frente a los sellos: son más propensos a abandonar marcas por otras con menos sellos, o a abandonar categorías.

En contraste, los hombres, mayores de 50 y NSE medios-bajos suelen ser más blandos en las percepciones sobre la saludabilidad, y en consecuencia más propensos a hacer caso omiso a los sellos de los productos y a seguir consumiendo con el placer como foco.

Respecto a qué categoría de alimentos se dejaron de consumir debido a la presencia de etiquetas de advertencia, Sofía Ruano, ingeniera industrial especializada en consultoría de marketing y autora de la investigación, señaló a PERFIL que aquellos cuyo consumo más disminuyo incluyeron los panificados (16%), las galletitas dulces (16%) y los lácteos (10%). Menos «abandonadas» fueron otras categorías como quesos (6%) y productos congelados (6%); y pastas, arroz, legumbres, aderezos y salsas vieron disminuido su consumo apenas en un 2% a pesar de los avisos sobre su poca salubridad.

La especialista mencionó también como factor clave, en todos los grupos sociales, el alza del costo de vida y la pérdida de poder adquisitivo: «Por más que haya productos saludables, ricos y atractivos, de nada sirve su presencia en góndola si son caros».

Pero este no es el único análisis sobre el impacto del etiquetado frontal. Un estudio liderado por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, una institución académica afiliada a la Facultad de Medicina de la UBA, en conjunto con la Fundación InterAmericana del Corazón; la Universidad Nacional de Río Negro; el Hospital Ramón Carillo de Bariloche y el CIESP (una unidad ejecutora del CONICET); proyecta que la aplicación efectiva de la ley podría reducir casi un 25% del consumo de bebidas azucaradas —uno de los factores de riesgo más importantes—, lo cual evitará a corto plazo más de 100.000 casos de sobrepeso y obesidad en niñas, niños y adolescentes.

A largo plazo, esto también tendrá su correlato en su vida adulta: los investigadores estiman que se podrían evitar 285.059 casos de sobrepeso y obesidad en la adultez, 73.738 casos de diabetes, 19.104 enfermedades cardiovasculares (incluyendo accidentes cerebrovasculares), 29.624 trastornos osteomusculares, 27.340 casos de enfermedad renal crónica y 23.276 de cáncer y otras patologías.

Finalmente, el estudio financiado por el Ministerio de Salud de la Nación destaca que el sistema de salud podría ahorrar 26.530 millones de pesos argentinos cada año en concepto de gastos directos para la atención de enfermedades derivadas del consumo de estas bebidas, que incluyen las gaseosas, los jugos, las aguas saborizadas y las bebidas energizantes y deportivas.