La Corte evitó la grieta entre Nación y Ciudad, pero podría pronunciarse sobre el DNU

Por Ariel Zak – Telam

La Corte Suprema de Justicia evitó durante los últimos 15 días caer en la grieta que separa al gobierno nacional del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, aunque sus integrantes todavía no descartan la posibilidad de emitir un fallo sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que limitó la presencialidad en las escuelas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), informaron fuentes judiciales.

«La Corte podría decir que el planteo es abstracto porque el DNU ya fue reemplazado por otro o bien podría aprovechar la ocasión, ya sin tanta tensión política, para emitir un fallo que siente un marco para la eventualidad de que se repita una situación como la que está en tratamiento», sostuvo una fuente con acceso a las discusiones de los ministros del máximo tribunal.

El tratamiento de la cuestión quedaría diferido para la próxima reunión de acuerdo del máximo tribunal prevista para el próximo martes.

Participación del Congreso
Mientras tanto, los tiempos impresos a la tramitación del expediente le permitieron a la Corte cumplir el objetivo señalado por Télam días atrás: los jueces no querían definir si los alumnos del AMBA debían estudiar dentro de los establecimientos educativos o vía remota en este contexto de pandemia; y dejan esa definición para la política.

Otra fuente de igual jerarquía señaló a Télam que durante la semana uno de los ejes del debate entre magistrados fue la posibilidad de «exhortar al gobierno nacional a que en lo sucesivo no legisle por Decreto sino a través del Congreso Nacional», algo que podría incluirse en un fallo sobre el DNU vencido.

El propio presidente Alberto Fernández se anticipó a un escenario de esas características cuando este viernes a las 9 de la mañana anunció las nuevas medidas que tomaría para hacer frente a la segunda ola de coronavirus y sostuvo que enviaría un proyecto al Congreso para fijar estándares científicos que permitan sistematizar la aplicación de restricciones en base a cantidad de contagios.

«En los próximos días enviaré un Proyecto de Ley al Congreso de la Nación para que en función de criterios científicos claros y precisos se faculte al Presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional», sostuvo el mandatario.

La Corte Suprema de Justicia evitó durante los últimos 15 días caer en la grieta que separa al gobierno nacional del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, aunque sus integrantes todavía no descartan la posibilidad de emitir un fallo sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que limitó la presencialidad en las escuelas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), informaron fuentes judiciales.

«La Corte podría decir que el planteo es abstracto porque el DNU ya fue reemplazado por otro o bien podría aprovechar la ocasión, ya sin tanta tensión política, para emitir un fallo que siente un marco para la eventualidad de que se repita una situación como la que está en tratamiento», sostuvo una fuente con acceso a las discusiones de los ministros del máximo tribunal.

El tratamiento de la cuestión quedaría diferido para la próxima reunión de acuerdo del máximo tribunal prevista para el próximo martes.

Participación del Congreso
Mientras tanto, los tiempos impresos a la tramitación del expediente le permitieron a la Corte cumplir el objetivo señalado por Télam días atrás: los jueces no querían definir si los alumnos del AMBA debían estudiar dentro de los establecimientos educativos o vía remota en este contexto de pandemia; y dejan esa definición para la política.

Otra fuente de igual jerarquía señaló a Télam que durante la semana uno de los ejes del debate entre magistrados fue la posibilidad de «exhortar al gobierno nacional a que en lo sucesivo no legisle por Decreto sino a través del Congreso Nacional», algo que podría incluirse en un fallo sobre el DNU vencido.

El propio presidente Alberto Fernández se anticipó a un escenario de esas características cuando este viernes a las 9 de la mañana anunció las nuevas medidas que tomaría para hacer frente a la segunda ola de coronavirus y sostuvo que enviaría un proyecto al Congreso para fijar estándares científicos que permitan sistematizar la aplicación de restricciones en base a cantidad de contagios.

«En los próximos días enviaré un Proyecto de Ley al Congreso de la Nación para que en función de criterios científicos claros y precisos se faculte al Presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional», sostuvo el mandatario.

Esperando el fallo
«Estamos esperando el fallo (de la Corte)», respondió cuando una periodista le preguntó qué pasaría si el máximo tribunal declaraba abstracto el primer planteo realizado por el Gobierno porteño para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 2 del DNU 241, por considerar que avanzaba sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes judiciales señalaron a Télam que, extinguido el plazo del DNU 241 y dictado uno nuevo, el jefe de Gobierno porteño debería conseguir una nueva medida cautelar «de su justicia» –en referencia a la justicia porteña- y renovar su planteo a la Corte con uno nuevo.

«Podría plantear que el nuevo DNU constituye un hecho nuevo dentro del mismo expediente. Pero la respuesta no sería inmediata: otra vez se le correría vista a la Procuración General de la Nación», se adelantó una fuente del máximo tribunal.

La opinión de un ex ministro de la Corte
Ante lo complejo del escenario judicial, Télam consultó la opinión del exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni, quien sostuvo que «lo correcto es que la Corte se haga cargo de la situación, que tome en cuenta que se trata de un problema interprovincial en una situación de pandemia, que el poder de policía sanitaria en estos casos corresponde al Poder Ejecutivo federal y no a los gobernadores y que el gobernador de la CABA es el agente natural del gobierno federal».

Además, afirmó que «la medida del Gobierno federal puede ser técnicamente discutible, que lo que se discute en el plano técnico no es irracional, que los jueces no deciden problemas técnicos, y, en consecuencia, que la consideren una cuestión política no judiciable».