Las inminentes definiciones del tribunal militar respecto del caso en el que fallecieron 44 tripulantes del submarino desaparecido en noviembre de 2017 y hallado un año más tarde, generan sentimientos de distinto tenor entre las querellas que representan a los familiares.
Mientras los representantes de un sector de los deudos considera que las conclusiones del Consejo de Guerra pueden dar un nuevo impulso a la investigación penal que se sigue en el juzgado federal de Caleta Olivia, a cargo de la magistrada Marta Yáñez, los patrocinantes de otro grupo aseguran «no tener expectativas» en el curso de esa investigación.
Ambas partes coinciden, sin embargo, en su decepción por no haber tenido acceso a las audiencias del Consejo, que se desarrollaron desde fines de noviembre del año pasado en el Edificio Libertador, sede del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
El jueves pasado, el Consejo celebró su última sesión durante la cual además del Almirante Srur estuvieron sentados en el banquillo de los acusados los contralmirantes Luis López Mazzeo y Eduardo Malchiodi y el capitán de navío Carlos Ferraro, todos pasados a retiro.
También se analizaron las responsabilidades de los oficiales navales Claudio Villamide, Héctor Alonso, Hugo Correa y Jorge Sullia, aun en actividad.
El tribunal estuvo integrado por el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi, el jefe de Estado Mayor Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas, el general Juan Martín Paleo, y el brigadier Pedro Girardi, segundo Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas.
Fuentes castrenses indicaron que, luego de producirse el veredicto, el tribunal tendrá diez días para dar a conocer los fundamentos de su decisión.
Un caso histórico y sin precedentes desde el conflicto de Malvinas
Este fue el Consejo de Guerra más importante que se realiza en la Fuerzas Armadas desde el conflicto con Gran Bretaña por las islas Malvinas y las sanciones que se contemplan van desde el apercibimiento hasta la destitución. Pero desde entonces, cambió el marco normativo, ya que hasta principios de los años ’80 regía un código de justicia militar que podía imponer penas de reclusión a los miembros de la fuerza.
La Ley 26.394 que actualmente regula este Consejo prevé penas para faltas leves, graves y gravísimas, que van desde el apercibimiento hasta la destitución. A la hora de expedirse, el tribunal deberá prestar atención a «la extensión del daño o peligro causados» y, teniendo en cuenta la pérdida del buque y de 44 vidas, expertos consultados por Télam afirmaron que los hechos serían enmarcados como «gravísimos».
El rol de la Justicia civil
«Creemos que las conclusiones que haga este Consejo pueden servir para acelerar la causa judicial, que se encuentra parada, a pesar que a fin de año un fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia ordenó profundizar la investigación sobre las responsabilidades de (Mauricio) Macri como comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Oscar Aguad como ministro de Defensa», señaló a Télam Luis Tagliapietra, representante de una querella que representa a los familiares de 11 tripulantes del submarino.
Tagliapietra, padre de Alejandro, un teniente de corbeta que perdió la vida en el ARA San Juan, consideró que el fallo del Consejo puede originar «causas concurrentes» contra los acusados como «incumplimiento de los deberes de funcionario público».
Las sanciones impuestas por el Consejo pueden apelarse ante la Justicia Federal, y allí, las querellas podrán participar del proceso, algo que les fue vedado en esta instancia administrativa.
«En función de la Ley de Víctimas, pensamos que deberíamos haber tenido la oportunidad de presenciar la audiencias de este Consejo. Pero eso se nos denegó. La verdad que lo lamentamos por la importancia histórica de lo que se analizó», indicó el abogado.
Familiares disconformes
Por su parte, la abogada Valeria Carreras, representante de la querella que agrupa a los familiares de 31 marinos, enfatizó: «No tenemos ninguna expectativa en el resultado de este Consejo de Guerra. Fue a puertas cerradas No nos permitieron participar. El consejo de guerra no tiene legitimidad en tiempos de democracia. Por eso y por su secretismo no convalidaremos nada. No creo que se puedan incorporar elementos de valor a la causa», señaló en declaraciones a Télam.
La letrada estimó además que en esta instancia «se aplicarán unas sanciones disciplinarias e incluso una destitución», pero no se busca el objetivo «de llegar a la verdad y aplicar justicia donde corresponde».
Voceros del Ministerio de Defensa consultados por Télam explicaron que en función de las disposiciones legales, las audiencias de un Consejo de Guerra están abiertas sólo para «público militar», y que las presencias en las sesiones fueron limitadas en función de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.
Isabel Polo, hermana del cabo primero Daniel Polo, fallecido en el hundimiento, consideró en diálogo con esta agencia que espera que se produzcan sanciones para los acusados «y se empiece a hacer justicia» para con los tripulantes del ARA San Juan.
Homenaje realizado en noviembre de 2020 a las 44 víctimas del hundimiento del Submarino ARA San Juan al cumplirse tres años de los hechos investigados
El hundimiento del submarino -cuyos restos fueron hallados en las profundidades del océano Atlántico, a unos 600 kilómetros al este de las costas de Comodoro Rivadavia, por el buque Seabed Constructor, de la empresa estadounidense Ocean Infinity- y la muerte de sus 44 tripulantes determinaron la instrucción de una causa judicial a cargo de la jueza federal de Caleta Olivia en la que fueron procesados el excomandante de la fuerza de submarinos Claudio Villamilde; el excomandante de adiestramiento y alistamiento naval Luis Enrique López Mazzeo; el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso; y el exjefe de departamento de operaciones Hugo Miguel Correa.
En noviembre pasado, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia le ordenó a la magistrada que profundice la investigación sobre Srur, Macri y Aguad.
Fuente Telam
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