Los gobernadores promoverán un proyecto de ley para recibir el 52% de lo recaudado por impuestos a los combustibles

La mayoría de los gobernadores se congregaron nuevamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las instalaciones del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el objetivo de consensuar una estrategia unificada frente a la paralización del envío de recursos financieros por parte del gobierno del presidente Javier Milei. En un acto de unidad, junto al jefe de Gobierno porteño, firmaron un proyecto de ley que propone que los ingresos por combustibles se distribuyan en un 48% para Nación y el 52% restante para las provincias. También promueven la «eliminación de todos los fondos fiduciarios que se financian» con el Impuesto a los Combustibles Líquidos, específicamente en el marco de lo establecido por la Ley 23.966, buscando redirigir estos ingresos.

Su demanda central es que los fondos de ATN se distribuyan entre la Nación y las provincias, siguiendo los criterios de la coparticipación primaria, basada en el presupuesto, y secundaria, de carácter discrecional, tal como lo estipula la Ley 23.548. Con esta propuesta, buscan asegurar que tanto el gobierno nacional como las jurisdicciones subnacionales tengan la autonomía para asignar estos recursos de acuerdo con sus prioridades y necesidades específicas.

El documento resultante de la reunión subraya que la eventual sanción de esta modificación fiscal no solo garantizará la sostenibilidad de las finanzas públicas nacionales, sino que también promoverá un mayor federalismo. Según los mandatarios, esta reforma generaría una mayor equidad en la distribución de los recursos originados en todo el territorio nacional, lo que a su vez potenciaría la capacidad de respuesta tanto de la Nación como de las provincias ante las demandas sociales en el actual escenario de crisis económica y social que atraviesa el país.

La tensión entre el gobierno central y las provincias no se limita únicamente al gravamen sobre la venta de combustibles líquidos (gasolina y diésel). Un punto de conflicto fundamental, según denuncian las jurisdicciones, son los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), recursos vitales que, afirman, han sido retenidos o subejecutados por el Ejecutivo nacional. El corazón del desacuerdo radica en que el gobierno nacional «se está quedando» con los montos correspondientes a estos fondos, al no destinarlos a los fines previstos, lo que impacta directamente en las finanzas y la capacidad operativa de las provincias.

Una de las principales inquietudes de los mandatarios es la desatención y paralización de la obra pública en las provincias. El deterioro de pavimentos, la falta de señalización adecuada y la proliferación de baches profundos en las rutas nacionales no solo obstaculizan el desarrollo regional, sino que también crean condiciones peligrosas, aumentando el riesgo de accidentes de tránsito y poniendo en peligro las vidas de ciudadanos. A la reunión asistieron 17 gobernadores, 3 vicegobernadores y un enviado, cubriendo una amplia representación federal.