MENTIRAS DESMENUZADAS

A veces no es necesario buscar en muchas de las columnas que publica la Tribuna de Doctrina para encontrar la dosis de mentiras, informaciones falsas y discursos de odio que me permiten escribir estas líneas. Alcanza con dos o tres, que dan la pauta de cómo se manejan los empleados de la Sociedad Anónima que heredó las malas prácticas de don Bartolo el fundador.

Vamos por partes. Primero, con las editoriales, que no llevan firma pero que se supone que expresan la línea ideológica a la que responde LA NACIÓN. El 13 de abril de 2023, 5tulaban: “Carlos Pedro Blaquier: un gran empresario argentino” y agregaban que “El fallecido presidente de Ledesma sufrió infundadas acusaciones que fueron producto del odio, el resentimiento y la ceguera ideológica”. Falso. Carlos Pedro Tadeo Blaquier nunca llegó a ser condenado porque entre la Cámara Federal de Casación y la Corte de los Milagros lo protegieron el 5empo suficiente como para que operara el llamado “punto final biológico” solución impulsada en los Tribunales para que ciertos personajes mueran sin condena y por ende, como impunes frente a los crímenes que come5eron. Pero las acusaciones en su contra estaban más que suficientemente fundadas. Por un lado, estaba procesado por dos secuestros realizados el 24 de marzo de 1976 -el mismo día del golpe- y otro hecho más de los primeros días de abril del mismo año. Una de las víctimas era Luis Aredez, que fuera Intendente de Libertador General San Martin, el pueblo jujeño donde se encuentra el Ingenio Ledesma. Aredez estuvo detenido hasta el 23 de marzo de 1977. El 13 de mayo de 1977 lo volvieron a secuestrar y desde entonces permanece como detenido-desaparecido. Hubo otros veintiséis casos por los que Blaquier fue procesado. Fueron hechos ocurridos durante lo que se conoce como La noche del Apagón y lo que se tuvo por suficientemente probado fue que la empresa que presidía Blaquier proveyó a las fuerzas armadas y de seguridad que participaron en los sucesos los vehículos que precisaban para llevar a cabo el operativo. Entre el 20 de julio de 1976 -cuando se produjo el primer corte total de la energía eléctrica en Libertador General San Martín y Calilegua, una localidad vecina- y el 27 de julio del mismo año, un conjunto de policías, efectivos del ejército y de la gendarmería sitiaron esas localidades y detuvieron ilegalmente a alrededor de cuatrocientas personas, de las cuales aún permanecen como detenidxs-desaparecidxs cincuenta y cinco. El corte no afectó las instalaciones del Ingenio Ledesma. Las mentiras no terminan ahí. Sigue la editorial diciendo que “Desafortunadamente, Blaquier tuvo que sufrir el resentimiento y la persecución política e ideológica, que desde hace décadas viene ensombreciendo nuestra convivencia civilizada, castigando en par>cular a quienes han trabajado para el desarrollo y la modernización del país” y agrega que “Como en muchos otros casos, su nombre fue utilizado por activistas de derechos humanos con el velado propósito de ir tras los bolsillos del empresariado local”.

Lo que LA NACIÓN llama ”el resentimiento y la persecución política e ideológica” es lo que
conocemos como el Proceso de Memoria, Verdad y Jus5cia por el cual nuestro país ha sido
reconocido internacionalmente. Es claro que para los herederos de Mitre la lucha contra la
impunidad de los genocidas es algo que los afecta personalmente, porque apoyaron a la
dictadura y defienden a quienes llevaron adelante un plan sistemá5co de represión que se
desplegó a través de violaciones masivas y sistemá5cas de los derechos humanos. Que es lo
que han juzgado los tribunales en estos casos, como el de Blaquier. La intencionalidad
maliciosa de la editorial queda de manifiesto cuando falsamente atribuye a los defensores
de derechos humanos propósitos monetarios. En realidad, la Tribuna de Doctrina sigue
preocupada por la eventualidad de que algún día jueces que no sean como sus amigos de
Comodoro Py y Lago Escondido hagan jus5cia en el caso de la apropiación ilegal de Papel
Prensa.

El 16 de abril de 2023 el inefable cronista del Opera5vo Independencia escribe y dice que
“Todos somos ciudadanos bajo sospecha”. Ojo que en su caso, bien podría ser aplicable el
titulo, porque una gran parte de la ciudadanía sospecha de los vínculos de Morales Solá con
los integrantes de esa infame mesa judicial armada por el macrismo para perseguir a sus
opositores. Pero don Joaquín se refiere a otra cosa. Veamos. Frente a declaraciones poco
felices del Ministro de Seguridad, se pregunta “¿de dónde saca Aníbal Fernández que la
oposición optará en el gobierno por políticas que tendrían semejantes consecuencias? ¿O,
acaso, el ministro >ene agentes infiltrados entre los opositores, les hackeó los teléfonos o les
colocó micrófonos en sus oficinas?”. A ver. No es muy buena la frase de Aníbal, cuando
an5cipó que de ganar la oposición haría correr ríos de sangre para imponer sus polí5cas,
pero lo triste es que muy probablemente se torne en realidad si alguna de las opciones de
la derecha vernácula llega al poder. Pero Morales no desmiente que ello sea posible sino
que se preocupa por cómo llegó Aníbal a saberlo. Casi casi que es lo mismo que darlo por
cierto.
Afirma después que “el Gobierno actual usa los servicios de inteligencia para los menesteres domésticos de la política como si fuera una práctica normal”, frase muy per5nente para
describir los usos que el macrismo hizo de espías y otras yerbas similares, por lo que de
haber sido publicada entre 2016 y 2019 hubiera sido una verdad irrefutable. Pero hoy es
una mentira más. A este gobierno se le pueden imputar muchas cosas, sobre todo las que
no hizo. Pero en materia de espionaje tuvo el acierto de haber designado como Interventora
en la AFI a Cristina Caamaño, quien desnudó la podredumbre que el macrismo había
instalado en esos ámbitos. Lo hecho por el gobierno, al desmantelar la trama urdida entre
jueces, fiscales, periodistas y empleados de las empresas de medios es lo que molesta a
Morales Solá.
Para don Joaquín, Lago Escondido es “un bello lugar cerca de Bariloche, que es una
propiedad privada y también un edificio que puede contratarse como hospedaje” en lugar
de un paraje de nuestra patria ocupado por un magnate inglés amigo del dormilón de Nedlix
que se maneja por fuera de las leyes argentinas. La reunión de sus amiguitos de Comodoro
Py en ese paraje, con directivos de Clarín, y las conversaciones posteriores en las que
planificaban cometer diversos delitos para cubrir sus huellas, no es nada grave. “El viaje de
los jueces fue posiblemente un error, pero ninguna prueba los vincula con un delito o una confabulación”, sostiene en defensa de Julián Ercolini, Carlos Mahiques y los demás
huéspedes de Joe Lewis.
Pero lo más espantoso de la nota aparece cuando Morales se refiere al armador de la mesa
judicial macrista: “Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón, un exasesor de Macri actualmente
exiliado en Uruguay”. No, Morales. Rodríguez Simón está rebelde en causas que tramitan en
nuestro país y en las que aparece imputado. No está “exiliado” en Uruguay sino que está
prófugo. Tampoco es cierto que a Carlos Stornelli le hayan armado una causa en Dolores
sino que, de mínima, lo que está probado es que intentó usar los servicios de Marcelo
D’Alessio para incriminar a la actual pareja de su ex y para espiar al abogado José Manuel
Ubeira.
Una mentira más de don Joaquín: dice que “Ramos Padilla fue luego ascendido a juez federal
de La Plata con la función clave de juez electoral de la provincia de Buenos Aires”. Falso. No
se trató de un ascenso: Alejo Ramos Padilla era Juez Federal de primera instancia y lo siguió
siendo, salvo que, por haber ganado el concurso per5nente, se lo trasladó con la misma
jerarquía de Dolores a La Plata.
Para terminar con esta columna y no agotar la paciencia de los eventuales lectores, vamos
a otra editorial, esta vez del 17 de abril de 2023 y bajo el titulo “La práctica ilegal del
espionaje”. Título que llama a engaño. Porque LA NACIÓN -o su editorialista- no se refieren
a los usos comunes que Mauricio Macri ha hecho del espionaje a lo largo de su carrera, no
solo para descubrir las intenciones de sus opositores sino para controlar a su propia tropa y
hasta a su familia. No, LA NACIÓN no se tira nunca contra el ingeniero poco ingenioso, que
al parecer es de su propia tropa, o acaso unido por intereses que van más allá de lo
ideológico, y que como es usual en nuestra derecha, se basan en lo económico. ¿Quiénes
serán los dueños y/o asociados en el canal LA NACIÓN+?
Ojo, al principio de la editorial se dice que “El gobierno de Mauricio Macri tampoco ha
escapado de denuncias de este tipo”. Claro que es muy distinto decir que hubo denuncias a
afirmar que durante los gobiernos de Juan Perón hubo un “estado de delación
permanente que se estableció en esa época en la administración pública, en la Justicia y
hasta en la vida íntima de los hogares” y que “en los períodos que ha tocado gobernar
a Néstor y Cristina Kirchner y al hijo político, Alberto Fernández, aquella vocación por saber
lo que hablan los adversarios haya llegado a un punto de paroxismo por la psicología y
comportamiento de las personalidades involucradas”. Como es costumbre inveterada del
pasquín de los Mitre-Saguier, tamañas afirmaciones no están avaladas por ninguna prueba,
sino solo por los dichos del editorialista (cuya identidad se ignora).
La intención no declarada pero que queda abiertamente al descubierto de la editorial en
cuestión es la de limpiar de culpa y cargo a los protagonistas de las escandalosas
conversaciones sostenidas por el ex Ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo
D’Alessandro, que se hicieron públicas en los últimos meses. Nada se dice del contenido de
esas conversaciones -que abarcan tópicos tan distintos como la planificación de distintas
adulteraciones de documentos, el deseo de detener y maltratar al jefe de la PSA, las
comisiones ilegales por negocios en la Ciudad Autónoma y los fallos de cortesanos y otros magistrados-, pero sí se sostiene que fueron obtenidas ilegalmente y se deja traslucir que
los autores de la intromisión en las aplicaciones de los teléfonos en cuestión serían de la
Casa Rosada.

Para demostrar la impudicia y el descaro del editorialista, basta recordar cómo desde el
mismo diario desataron un festival de acusaciones y ataques de todo tipo contra Cristina
Fernández de Kirchner, allegados y funcionarios de su gobierno, por la aparición de
grabaciones manifiestamente ilegales que para peor eran manipuladas perversamente,
cuestión que quedó absolutamente en claro cuando quedaron a la luz hasta los cableados
ilegales que se instalaban en establecimientos penitenciarios, y grabaciones obtenidas por
los propios espías del momento que mostraban cómo se confabulaban jueces, funcionarios
y empresarios para perseguir al odiado kirchnerismo.

En esos casos, donde la ilegalidad ha quedado más que suficientemente demostrada y por
consiguiente, la mala intención de quienes utilizaron esos recursos para intentar destruir
legal, ética y socialmente a sus opositores, LA NACIÓN no se quejó. Por el contrario,
alegremente alguno de sus empleados decía que recibía el material de ignotos proveedores
que se le cruzaban corriendo por los bosques de Palermo. La hipocresía en su máximo nivel.
No tienen vergüenza. No hacen un ejercicio ético de la noble misión de informar. Sólo
despliegan su odio y su malicia. Cada nota desmenuzada solo deja como resultado un
montón de falsedades. Habrá que decir, de una vez por todas, que lejos de ser periodistas
o comunicadores son, pura y simplemente, mentirosos.