La novedad se produjo en una reunión por videoconferencia en la que oficialismo y oposición se volvieron a cruzar por la actuación del jefe de los fiscales.
El legislador Rodolfo Tailhade anunció que en los próximos días presentará formalmente el pedido ante la Bicameral que encabeza el senador peronista Martín Doñate, luego de haber recibido la declaración jurada de Casal, tras habérsela requerido en las últimas semanas.
El diputado nacional leyó algunos pasajes del documento y, aunque afirmó que se trataba de un «análisis superficial», también consideró «escandaloso» lo que había llegado a observar.
El legislador remarcó que Casal «a fines de 2016 tenía tres propiedades y hoy tiene once».
«Esas ocho propiedades que sumó como procurador interino están justificadas, aparentemente, de herencia. Pero me gustaría profundizar un poco porque son llamativas las diferencias», estimó.
No obstante, señaló que la liquidez de Casal es lo que llamó su atención, ya que, dijo, en 2016 tenía 135 mil dólares y poco más de 700 mil pesos.
«Evidentemente, se trata de un ahorro personal en una carrera en la que llegó a un puesto muy alto», conjeturó Tailhade, pero destacó que «ni bien fue designado como procurador interino esta liquidez conseguida a lo largo de 40 años de su actividad en la función pública se cuadriplicó» ya que, de acuerdo con la declaración jurada mencionada por el legislador, Casal pasó de tener 135 mil dólares a más de 400 mil.
«Me parece difícil de justificar con sus ingresos esta situación», expresó el diputado oficialista, para luego señalar que «durante 40 años acumuló 135 mil dólares y en tres años llevó esa cifra a 430 mil dólares».
Asimismo, Tailhade indicó que «lo peor de todo son las acciones que tiene en quince empresas» y sostuvo que el funcionario judicial «debió de haberse excusado de intervenir en demandas donde aparecen algunas de estas compañías».
En ese sentido, recordó que en octubre de 2018 firmó un dictamen en una causa donde promovieron una demanda contra Edenor dictaminando a favor de la compañía «en la que tiene acciones», dijo.
El legislador mencionó otra causa contra el extitular de Anses del macrismo Emilio Basavilbaso por el manejo de acciones de Petrobras, de las que Casal, añadió, tendría algunas acciones.
Finalmente, Tailhade mencionó que el procurador interino tiene acciones en el Standard Chartered Bank, «que es uno de los canales habituales de fuga de divisas de nuestro país».
«No quiero pensar que el procurador interino tenga una cuenta afuera», especuló el diputado nacional.
La presentación de Tailhade se produjo al final de la reunión, lo que sorprendió a los integrantes de la oposición de Juntos por el Cambio, ya que el tema no estaba en agenda.
Al respecto, la senadora nacional por el radicalismo tucumano, Silvia Elías de Pérez, cruzó al diputado oficialista al afirmar que «habla cosas sin ningún tipo de pruebas» pero aseguró: «si de alguna de las declaraciones que presenta tiene pruebas, voy a ser la primera en apoyarlo».
El senador cordobés peronista Carlos Caserio consideró que «lo mejor sería que venga Casal a esta comisión y explique de dónde sacó sus bienes».
«Puede venir Casal a esta bicameral y responder. Por lo menos, hasta que lo cite la justicia», propuso el legislador.
Las discusiones entre el oficialismo y la oposición comenzaron temprano en la reunión, cuando se debatió la situación de una de los integrantes del tribunal de enjuiciamiento de ese cuerpo a raíz de denuncias del oficialismo sobre una supuesta incompatibilidad para ejercer el cargo.
Los diputados y senadores de la comisión Bicameral, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, discreparon sobre la supuesta existencia de una incompatibilidad de la abogada Adriana Donato para ocupar el puesto del Ministerio Público Fiscal de la Nación como representante del Colegio de Abogados, a la vez que fue designada como asesora de una fiscalía de la ciudad de Buenos Aires.
El senador Doñate explicó que lo que se discute es «si Donato está en condiciones de ser integrante del tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público a partir de una supuesta incompatibilidad sobreviniente».
En el inicio de la reunión por videoconferencia, los legisladores escucharon una respuesta del Colegio Público de Abogados en la que desconoce «cualquier relación de Donato con la fiscalía de CABA».
Entonces, el diputado Tailhade consideró «insuficiente» la respuesta del Colegio y propuso que la Bicameral «tendría que insistir en que por lo menos el Colegio se aboque a un análisis más serio de la situación».
Emiliano Yacobitti, diputado representante de la oposición, evaluó que la comisión «no puede decidir si hay incompatibilidad o no».
«Unos abogados dicen que sí y otros que no. Para la Procuración no es incompatible, no vamos a ser nosotros los que decidimos si es incompatible o no», subrayó.
Fuente Telam
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