Un total de siete de los once implicados en la megacausa por contrabando de granos de soja y maíz a Brasil a través de la frontera de Misiones fueron procesados con prisión preventiva por decisión de la Justicia Federal de la ciudad de Oberá, entre ellos un exjefe de Gendarmería Nacional, informaron fuentes judiciales.
La resolución fue tomada por Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, quien los acusa de «asociación ilícita en concurso ideal con los delitos de contrabando de exportación agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y la participación de un agente de la fuerza de seguridad».
La investigación por contrabando comenzó en marzo de 2021 y ocho meses después el magistrado ordenó doce allanamientos simultáneos en las ciudades de Oberá, Panambí, El Soberbio, San Javier, Apóstoles, Colonia Aurora y Mojón Grande.
Entre los investigados se encuentra el excomandante de Gendarmería Marco Antonio Duette (50), quien hasta el día de su detención fue jefe del Escuadrón 9 Oberá y al que se le agregó el delito de «cohecho pasivo».
Otro de los procesados y sindicado cabecilla de la banda es el empresario Santiago Marino (54), dueño de un importante complejo turístico ubicado sobre la ruta provincial 2, en Florentino Ameghino, procesado además con el agravante de «organizador» y por el delito de «cohecho activo en concurso real».
La medida judicial alcanzó también a Juan Carlos Tivano (68), Ricardo Fabián Gómez (47 y sargento de Gendarmería), Marcelo Da Silva (44), Ricardo Hildebrandt (46) y Francisco Eladio Morel (61).
Se determinó el embargo por 3 millones de pesos a cada uno y se dispuso la apertura de un nuevo expediente para investigar el delito de lavado de activos, dada la gran cantidad de bienes, vehículos y dinero incautados a los involucrados.
El modus operandi de la organización consistía en la utilización de Cartas de Porte y Formularios CTG (Código de Trazabilidad de Granos) emitidas por personas físicas o jurídicas sin capacidad económica, únicamente para dar la apariencia de legalidad al desplazamiento en ruta de las cargas.
Una vez que esos camiones ingresaban a la provincia, casi siempre con un peso muy superior al declarado y permitido, saltaban los controles y esas cartas de porte eran eliminadas o modificadas.
Los efectivos de GNA eran los encargados de liberar la ruta nacional 14 y la ruta provincial 2 para que la soja llegue a destino sin inconvenientes.
Las cargas llegaban a la zona de frontera, donde se acopiaba en cercanías a la costa, se las cargaba en bolsas de 50 kilogramos y se las enviaban a Brasil en canoas por el río Uruguay.
La investigación permitió el decomiso de 298.000 kilogramos de soja.
Las detenciones y allanamientos fueron llevados a cabo por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), mientras que la investigación está a cargo de la Secretaría de Delitos Complejos del Juzgado, con la denuncia inicial efectuada por la Procelac conjuntamente con la Fiscalía Federal de Oberá.
En cuanto a perjuicio fiscal, las maniobras de evasión investigadas a esta organización fueron estimadas por la AFIP para el año 2020 en $139.652.145,35 en concepto de IVA y $465.507.151,16 en cuanto a Impuesto a las Ganancias.
Respecto a 2021 el perjuicio fue calculado en $480.677.034,36 y $1.605.256.781,20 en cuanto a IVA y Ganancias, respectivamente, a lo cual se suma el no pago de las retenciones a las exportaciones de oleaginosas y la diferencia cambiaria entre el dólar oficial y el blue.
Un total de siete de los once implicados en la megacausa por contrabando de granos de soja y maíz a Brasil a través de la frontera de Misiones fueron procesados con prisión preventiva por decisión de la Justicia Federal de la ciudad de Oberá, entre ellos un exjefe de Gendarmería Nacional, informaron fuentes judiciales.
La resolución fue tomada por Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, quien los acusa de «asociación ilícita en concurso ideal con los delitos de contrabando de exportación agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y la participación de un agente de la fuerza de seguridad».
La investigación por contrabando comenzó en marzo de 2021 y ocho meses después el magistrado ordenó doce allanamientos simultáneos en las ciudades de Oberá, Panambí, El Soberbio, San Javier, Apóstoles, Colonia Aurora y Mojón Grande.
Entre los investigados se encuentra el excomandante de Gendarmería Marco Antonio Duette (50), quien hasta el día de su detención fue jefe del Escuadrón 9 Oberá y al que se le agregó el delito de «cohecho pasivo».
Otro de los procesados y sindicado cabecilla de la banda es el empresario Santiago Marino (54), dueño de un importante complejo turístico ubicado sobre la ruta provincial 2, en Florentino Ameghino, procesado además con el agravante de «organizador» y por el delito de «cohecho activo en concurso real».
La medida judicial alcanzó también a Juan Carlos Tivano (68), Ricardo Fabián Gómez (47 y sargento de Gendarmería), Marcelo Da Silva (44), Ricardo Hildebrandt (46) y Francisco Eladio Morel (61).
Se determinó el embargo por 3 millones de pesos a cada uno y se dispuso la apertura de un nuevo expediente para investigar el delito de lavado de activos, dada la gran cantidad de bienes, vehículos y dinero incautados a los involucrados.
El modus operandi de la organización consistía en la utilización de Cartas de Porte y Formularios CTG (Código de Trazabilidad de Granos) emitidas por personas físicas o jurídicas sin capacidad económica, únicamente para dar la apariencia de legalidad al desplazamiento en ruta de las cargas.
Una vez que esos camiones ingresaban a la provincia, casi siempre con un peso muy superior al declarado y permitido, saltaban los controles y esas cartas de porte eran eliminadas o modificadas.
Los efectivos de GNA eran los encargados de liberar la ruta nacional 14 y la ruta provincial 2 para que la soja llegue a destino sin inconvenientes.
Las cargas llegaban a la zona de frontera, donde se acopiaba en cercanías a la costa, se las cargaba en bolsas de 50 kilogramos y se las enviaban a Brasil en canoas por el río Uruguay.
La investigación permitió el decomiso de 298.000 kilogramos de soja.
Las detenciones y allanamientos fueron llevados a cabo por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), mientras que la investigación está a cargo de la Secretaría de Delitos Complejos del Juzgado, con la denuncia inicial efectuada por la Procelac conjuntamente con la Fiscalía Federal de Oberá.
En cuanto a perjuicio fiscal, las maniobras de evasión investigadas a esta organización fueron estimadas por la AFIP para el año 2020 en $139.652.145,35 en concepto de IVA y $465.507.151,16 en cuanto a Impuesto a las Ganancias.
Respecto a 2021 el perjuicio fue calculado en $480.677.034,36 y $1.605.256.781,20 en cuanto a IVA y Ganancias, respectivamente, a lo cual se suma el no pago de las retenciones a las exportaciones de oleaginosas y la diferencia cambiaria entre el dólar oficial y el blue.
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