Si no funciona el veto, el Gobierno ya amenaza con otra estrategia

El presidente Javier Milei llevó la decisión del veto a la Ley de Financiamiento Universitario al filo del plazo legal y lo hizo coincidir con la masiva marcha federal del miércoles. Ese tiempo le dio margen al oficialismo para sondear a la oposición dialoguista en Cámara de Diputatos y, en particular, a los radicales conversos con los que logró sostener el veto contra el aumento para los jubilados. Con el poroteo en el Congreso en contra, hasta el momento, el vocero presidencial Manuel Adorni lanzó otro camino que explora la Casa Rosada para desfinanciar a las universidades nacionales: la judicialización. 

«No sabemos cuál va a ser el futuro del veto», sinceró Adorni en su habitual conferencia de prensa a media mañana y apuntó que la Ley votada por ambas cámaras del Congreso «incumple el reglamento» por «no especificar de dónde se sacan las partidas presupuestarias» para financiarla. 

«Para nosotros la ley está viciada de incumplimiento de la norma», anticipó Adorni y no descartó «recurrir a la Justicia». «Es una de las herramientas que tiene el gobierno cuando ve una ilegalidad», lanzó el vocero. El comunicado oficial publicado, tras la masiva marcha universitaria, no mencionaba esa supuesta ilegalidad. 

El comunicado oficial indicaba la ausencia de «una partida presupuestaria específica» y un supuesto atentando contra «el equilibrio fiscal». Pero esas acotaciones tienen que ver más con el diseño presupuestario del Gobierno anarcocapitalista, quien decidió darle a las universidades el mismo presupuesto que en 2023 y propone repetir el congelamiento de fondos para el Presupuesto 2025. 

De hecho, lo reconocía y abría un canal de negociación al decir que «el lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto 2025», sin hablar de judicializción. 

Sin embargo, el Gobierno nota que la discusión en el Congreso parece perdida. El bloque de Unión por la Patria envío una carta al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para pedir que se llame a una sesión el próximo miércoles, en la que se debate el rechazo al veto presidencial. Lo mismo hicieron los bloques de Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Movimiento Popular Neuquino y Por Santa Cruz. 

Así, el Gobierno depende del bloque aliado que construyó para sostener el veto contra el aumento a los jubilados, integrado por los propios, el PRO y los radicales conversos. Sin embargo, el comité Nacional de la UCR emitió un comunicado esta tarde marcando la línea de acción: «Convoca a sus diputados y senadores nacionales a que insistan con la aprobación de la Ley de actualización presupuestaria de las universidades públicas». Otra rebeldía implicaría una ruptura con el bloque. 

Pero además, el propio presidente del PRO, Mauricio Macri, dio la orden de no jugar con Milei en el veto a la ley para el financiamiento universitario.  «La educación pública es una bandera» del espacio amarillo habría marcado el ex presidente en una reunión con senadores, que la semana próxima replicará con el bloque de Diputados, presidido por Cristian Ritondo, el más afecto al juego de alianza con La Libertad Avanza.  

FUENTE PÁGINA12