Volosin: “García-Mansilla deberá tomar su bolsito e irse a casa si el Senado lo rechaza”

El nombramiento en comisión en la Corte Suprema del abogado de empresas energéticas Manuel García-Mansilla por decisión del Gobierno de Javier Milei «es anticonstitucional», señala Natalia Volosin, abogada, máster y doctora en Derecho por la Universidad de Yale. En un diálogo con Y Ahora Qué?, sostiene que es «una cosa alocada» decir que solo podría ser destituido mediante juicio político. El 3 de abril la oposición intentará sesionar para debatir también el pliego del juez Ariel Lijo.

Un día Natalia Volosin sintió miedo. Lo sentía por primera vez en su vida. Fue en un momento en que participaba de la marcha de jubilados, hinchas de fútbol y militantes, el 12 de marzo. «La represión fue brutal», atestigua. Atribuye aquellos hechos a otro temor: «El del Gobierno por ver a la gente en la calle». Es también su manera de pintar un cuadro institucional «en riesgo» por la «autocensura» en el Poder Judicial y los «arreglos» en el Congreso, en un mundo que atraviesa «el fin de la modernidad» civilizada, a causa de los extremismos antidemocráticos.

–Si el Senado rechaza los pliegos de Manuel García-Mansilla, ¿deberá dejar la Corte Suprema?

–García-Mansilla no es juez de la Corte. Es un abogado que fue comisionado, a través de un decreto del Poder Ejecutivo al que yo considero inconstitucional. Si el Senado rechazara su acuerdo, debería agarrar su bolsito e irse a su casa. En el caso de Ariel Lijo, directamente, no. No tendría ninguna aspiración a ninguna cosa vinculada con la Corte.

–¿Qué legalidad podrán tener las resoluciones que firme García-Mansilla si su cargo no tiene aprobación legislativa?

–En relación a las resoluciones, acordadas, fallos, sentencias, etc. en las que hubiere intervenido, habría que discutirlo por razones de seguridad jurídica. Podría, eventualmente, considerarse su validez. Ante los actores que se consideren perjudicados por un fallo, seguramente la Corte podría resolverlo con una acordada general o hasta con un fallo. Sería posible sostener la validez de esas decisiones a los efectos del resguardo de la seguridad jurídica. En el plazo en el que él había sido asignado. Eso sin perjuicio de que considero que el decreto es inconstitucional. Habría cierto resguardo de legalidad en la medida que todavía el Senado no se había pronunciado.

–¿Y en el momento de ser rechazado su pliego?

–Cuando el Senado se pronuncia, se terminó. No es más comisionado. Que congresistas y periodistas digan que sólo se lo podría destituir a través de un juicio político, es una cosa absolutamente alocada.

–¿En qué medida la política del Gobierno pone en riesgo la democracia y la República?

–La democracia ya está en riesgo. En todo caso depende de la concepción que uno tenga de la democracia. Qué tan evidente o profundo es la aceptación a los elementos básicos necesarios para que haya democracia o no.

–¿Qué concepto usted aplica a democracia?

–Tengo un concepto de que debe ser bastante robusta, deliberativa, exigente. El ideal es muy espeso y es fácil alejarse de ese ideal. Nuestra democracia real, aún sin Milei y Victoria Villarruel, siempre estuvo bastante lejos de mí ideal de democracia.

–¿Cuál sería ese ideal de democracia?

–Como algo más que votar cada dos o cuatro años. Eso está en riesgo, por lo discursivo y lo simbólico. El Presidente y buena parte de la gente que lo rodea rechazan los valores de lo que en Argentina consideramos un consenso básico de una democracia. No escindo democracia de República. Estoy pensando en la democracia constitucional que es lo que tenemos.

–¿Los otros dos poderes, Legislativo y Judicial, también están en aprietos?

–Tenemos algunos problemas. El Poder Judicial ya venía muy afectado y esto se va profundizado. Hay temor en el Poder Judicial. Como lo hubo siempre, pero aún mucho más. Hay autocensura.

–¿Es un poder judicial condicionado?

–A los operadores importantes no hace falta ni que los aprieten ni que los amenacen con juicios políticos. Como tal vez sí pasaba durante el macrismo o durante el kirchnerismo. Se ubican solitos en su lugar. Son más papistas que el papa.

–¿Y en el Congreso qué problema institucional grave observa?

–Tenés un problema similar. No hay un freno o un contrapeso. El Gobierno no tiene mayorías propias pero atraviesa el Congreso como si fuera una parte del espacio que controla bastante bien e incluso más. Ni siquiera necesita transar o pactar cosas como en otras épocas.

–¿El Gobierno opera con un toma y daca?

–Los Aportes del Tesoro Nacional siguen creciendo. Legisladores catamarqueños se ausentaron de la sesión para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia para acordar con el FMI. Después se supo que se habían arreglado obras públicas para Catamarca. Hay otras cuestiones por debajo de la mesa tan evidentes de recursos que hay un alineamiento temeroso de los gobernadores.

–¿Las provincias les temen a las represalias?

–La política pareciera que tiene miedo de correrse de ahí para que no lo acusen de otra cosa. Pesa más el miedo a parecer kirchnerista o algo por el estilo que a ser mínimamente crítico con un Gobierno que hace las cosas mal. Y después con la prensa lo mismo: entre el temor y los sobres, etc. A la ciudadanía le queda expresarse por el voto y en la calle, en manifestaciones o en los sindicatos. Y el Gobierno le tiene miedo, no quiere que se vea que la gente está en la calle. La represión a la marcha de jubilados del 12 de marzo fue brutal. Es lo que hacen las dictaduras, no los gobiernos democráticos.

–¿El fenómeno de retroceso democrático es global?

–A nivel global hay una discusión que pone en riesgo, ya no la democracia o los límites republicanos, sino a la modernidad. Estamos siendo testigos del fin de la modernidad. Me refiero a un modo de resolver nuestros desacuerdos que es civilizado. De Sócrates hasta hoy, la Humanidad, con excepciones, bemoles y altibajos, decidió que lo razonable en términos de civilización es que resolvamos unas reglas para ponernos de acuerdo. O para no ponernos de acuerdo. Reglas que son más o menos no violentas, civilizadas. Eso significa la modernidad.

–¿Eso explica el crecimiento de los extremismos de derecha?

–La modernidad empezó a terminarse el día que los seguidores de Donald Trump, disfrazados de nazis y de otras cosas, invadieron el Capitolio de Estados Unidos. El Congreso de la principal democracia del mundo moderno. Parece que a un montón de gente, a cada vez más gente, en cada vez en más países y más mayoritariamente, no le parece que sea necesario resolver nuestros acuerdos de manera civilizada y no violenta.

–¿En la Argentina cómo se expresa esa deriva autocrática?

–Dicen aquí: «Mira, Argentina lo que necesita es terminar con el kirchnerismo, con la emisión monetaria, terminar con la inflación». Y no hay una manera de hacer esto con las reglas de la modernidad. Mauricio Macri lo intentó y le fue mal, dicen, cuando fue civilizado.

–¿Vivimos un tiempo incivilizado?

–Dicen: «Vamos a resolverlo de otra manera. Vamos a sacar a los jubilados, que ni se les ocurra tomar la Plaza de Mayo. Vamos a cooptar los jueces y la prensa». Es un modo al que nadie se atrevió. Ni con el peronismo ni el macrismo ni nadie.

–¿No se ha probado que la presencia amenazante policial es el disparador de incidentes en las marchas y que pueden ser en calma como las de Universidades y la del 24 de marzo?

–Siempre ha sido así. Lo sabemos los manifestantes y lo saben los que gobiernan y Patricia Bullrich. Esto no tiene que ver con que la policía muchas veces provoca y la gente se enardece y le tira piedras ¡No señores! En la dictadura se decía que había un enfrentamiento y que murieron terroristas. Ahora siguen intentando tergiversar la realidad. Lo que denunciamos es que la del 12 de marzo era una marcha pacifica de jubilados, ciudadanos y ciudadanas, de hinchas de fútbol y no barrabravas. Esta gente del Gobierno ve un morocho con panza, tomando cerveza, con una remera un club de fútbol y cree que son barrabravas. Se ve que nunca fueron a una cancha de fútbol en su vida. Fuimos brutalmente agredidos. Por primera vez en mi vida tuve temor y nací en democracia en 1981.

–¿Qué efecto tiene el video de presunta ‘Memoria completa’ que difundió el Gobierno?

–En las redes, Santiago Caputo o el Gordo Dan dicen que tuvieron por su video millones de vistas en Twitter. Dicen: «Metimos tres Grande Pa”. Se compararon con la métrica de audiencia de la telenovela más vista en los últimos 50 años. Es una cosa totalmente ridícula. ¿Por qué? Porque la gente no está tan contenta y lo demuestran las encuestas. Cuando lleguen las elecciones ahí se verá.

–¿Tendrán de nuevo legitimidad electoral?

–Creo que en las elecciones les va a ir bien pero no tan bien como pensaban. La imagen les viene cayendo. No están pudiendo controlar el dólar o la inflación. No se sabe si van a poder mantener el dólar baratito y que la gente pueda viajar a Brasil antes de las elecciones. No se sabe si van a tener que adelantar las elecciones. El acuerdo con el FMI está por verse. Esto que pasa es propio de una Venezuela de Milei, como la de Nicolás Maduro, pero contada y ejecutada por Patricia Bullrich como brazo armado de Milei. Más vale que no se le muera nadie porque van a tener que rendir cuentas en la Corte Penal Internacional. Perseguir gente por sus ideas políticas es un delito internacional.

–¿Qué futuro le ve a los juicios por Terrorismo de Estado?

–No se van a paralizar. Es algo irrevocable. Y el Gobierno lo sabe. Pasa que queda mucho por hacer, hay muchas demoras. Si la Corte no pone recursos, esto va a seguir llevando mucho tiempo.

–¿Qué sucederá con la intención del Gobierno de reactivar causas por hechos de violencia de grupos armados?

–Intentan abrir o reabrir investigaciones contra las que fueron las organizaciones armadas por supuestos delitos de lesa humanidad. Con la complicidad de medios de comunicación. Pero los presidentes no tipifican delitos. Está el fallo de la Cámara Federal en diciembre por el caso del atentado en el comedor de la Superintendencia de la policía en 1976. El voto del juez Mariano Llorens es para alquilar balcones por el nivel de precariedad jurídica. No encuentran argumentos jurídicos. Dice algo así: «Bueno, el Derecho ni tiene mucho que ver, pero me parece que estaría bien, pobres víctimas».

–¿Cuáles argumentos del juez no son legítimos?

–Para el derecho penal internacional, el terrorismo no es un delito de lesa humanidad. Así fue hasta 1997 con un caso del Tribunal Penal Internacional en la ex Yugoslavia. Y después con el Estatuto de Roma de 1998.

–¿Los atentados son delitos penales comunes?

–Hasta aquel momento, los delitos de lesa humanidad solo podían ser cometidos por el Estado. En el caso del atentado al capitán Humberto Viola y su hija en 1974, incluso, no hay ninguna posibilidad de que se entienda como de lesa humanidad. Sí, como delito de tipo penal. Por muy horroroso que haya sido. Fue juzgado con cinco personas condenadas a perpetua en 1979. Pero bajo tortura, vale decirlo.

–¿Cómo se tipifica la acción de lesa humanidad?

–Debe entenderse como un ataque generalizado, sistemático, contra una población civil por parte de una organización paraestatal que tenga control territorial. El caso Viola no cumple ninguno de los requisitos para el delito de lesa humanidad. Pero después pueden venir los marcianos o el juez Llorens e inventar o construir un argumento jurídico. Por eso creo que estamos a las puertas del fin de la modernidad, en la era de la ‘fake news’ y de la Inteligencia Artificial. En la era de «no me gusta el resultado electoral en Estados Unidos y entonces invado el Capitolio».

–¿Qué casos hubo en que se rechazó tipificar como delito de lesa humanidad?

–La Corte tiene un fallo del 2005 en un caso de un integrante de (la organización vasca) ETA. Rechazó su extradición ante un pedido del juez español Baltasar Garzón. Se consideró que el terrorismo no es un delito de lesa humanidad y por lo tanto estaba prescrito y no lo extraditó.

–¿Hubo otro caso que haya tomado la Corte?

–El de Enrique Arancibia Clavel (agente pinochetista, por el asesinato del ex comandante chileno Carlos Prats y su esposa, en Buenos Aires). La Corte dijo que era de lesa humanidad (Arancibia pertenecía a una organización estatal señalada por torturas y exterminio). En el caso del asesinato del militar Argentino del Valle Larrabure, en 1974, la Corte tiene pendiente la resolución. En el caso del comedor policial hay que ver qué resuelve la Cámara de Casación. Hay casos trascendentales para la construcción de la memoria, la verdad y la justicia.

–¿Cuál es la relevancia del anuncio del Gobierno de la desclasificación de archivos de la dictadura?

–Es otro caso del fin de la modernidad. Ya estaba hecha la apertura desde 2010. E incluso también la de archivos de la SIDE. Lleva tiempo procesarlos. Pero el Gobierno desmanteló los equipos del ministerio de Defensa. Cerró la Casa de la Moneda donde se podía investigar ¿De qué verdad completa hablan? Eliminaron la unidad de investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDi).

–¿La ley de Decretos de Necesidad y Urgencia es un instrumento válido?

–Según los estándares vigentes para que haya un DNU tiene que haber un terremoto. Y el Congreso debe estar cerrado. Si esto no se da, entonces es inconstitucional. Pero está la horrible ley kirchnerista de control de DNU, la 26.122. Nadie la quiso discutir en casi 20 años. Todos los que vinieron después, como Mauricio Macri o Alberto Fernández tuvieron nulo control de parte del Congreso.

–¿Por qué la ley de DNU es tan cuestionada por constitucionalistas?

–Para aprobar una ley hay que tener el voto de ambas cámaras. Para aprobar el DNU solo una ¡Es el país más loco del planeta! Cristina Kirchner se la entregó en bandeja en 2006 a Néstor Kirchner. Los que nos dedicamos a esto salimos entonces a cuestionarla. Nadie nos escuchó. Ni el peronismo, ni el macrismo, ni los radicales, ni nadie. Fuera del gobierno les parecía un desastre y con el poder, la usufructuaron.

–¿Entonces es nula constitucionalmente la aprobación del DNU para el acuerdo con el FMI?

–Me da bastante dolor de estómago que Elisa Carrió y la Coalición Cívica en general hayan aprobado un acuerdo que ni siquiera existe ¿Qué acuerdo? Un acuerdo fantasma.

–¿La Corte nunca analizó la ley de DNU?

–Mediante un caso presentado por la Asociación de Derechos Civiles. No la quiso tratar porque le parecía que la ADC no tenía legitimidad. Porque es una ONG. Es lo que dicen cuando no tienen ganas de discutir.

–¿Cuál es, entonces, a su criterio, el escenario institucional?

–El de la degradación institucional. Y no lo hace solo un Gobierno. Se va profundizando. La hicieron Fernando de la Rúa con los superpoderes a Domingo Cavallo, Eduardo Duhalde, la presunta democratización de la Justicia de Cristina y después Macri. Por eso hay que ser tan cuidadosos.

–¿En qué sentido cuidadosos?

–En que gobierne quien gobierne hay que respetar la Constitución y la división de poderes. Al peronismo solo le interesan los valores republicanos cuando gobierna el macrismo o la derecha. Y cuando gobierna el peronismo, al macrismo y la derecha les interesan los valores. Y después ya no le interesan más.

–¿Y cuando gobierna Milei?

–Igual. Y no sea cosa que después de Milei venga un gobierno trotskista que te expropie la propiedad donde vivís con tus hijos porque les parece o que designe 200 jueces en comisión por DNU. Si Milei lo hizo ¿por qué no puedo hacerlo yo?, dirían ellos. Las instituciones hay que defenderlas gobierne quien gobierne. Te sirva o no te sirva. Porque eso es transitoriamente. A largo plazo no te va a servir nunca, ni individual ni colectivamente para la sociedad.

Fuente yahoraque.com