La senadora nacional Patricia Bullrich profundizó su estrategia de marcar autonomía y diferenciarse de la administración de Javier Milei, en medio de una serie de contrapuntos políticos que incluyen debates por el Presupuesto, la conformación de la mesa política y distintas reformas estructurales. La fricción más reciente se originó a raíz de los fallos judiciales emitidos en contra de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil.
Tras las resoluciones dictadas por las juezas Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis —quienes cuestionaron o declararon la inconstitucionalidad de la normativa—, distintos sectores del oficialismo y aliados salieron enérgicamente a pedir la remoción de las magistradas mediante pedidos de juicio político. Sin embargo, Bullrich optó por desmarcarse de la ofensiva judicial impulsada por la Casa Rosada.
En declaraciones públicas, la referente política sostuvo con firmeza que no corresponde iniciar un jury de enjuiciamiento contra un juez basándose en el contenido de sus fallos o interpretaciones jurídicas. Según su criterio, un proceso de destitución solo debería evaluarse ante casos de inconductas graves o la comisión de delitos, mientras que los desacuerdos con una sentencia deben resolverse a través de los carriles institucionales correspondientes, es decir, mediante las apelaciones en las instancias superiores.
Este posicionamiento se suma a otros gestos recientes de independencia política por parte de la senadora —como sus exigencias sobre las declaraciones juradas de funcionarios nacionales—, con los cuales busca consolidar un perfil propio y conservar un margen propio de decisión y negociación dentro del espacio oficialista, ratificando al mismo tiempo su respaldo general al rumbo económico de la gestión de Milei.
Con información de Perfil
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